Las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados avalaron la minuta del Senado de la República que equipara la facturación falsa y la defraudación fiscal con delincuencia organizada.
Los legisladores aprobaron la minuta sin modificaciones con 33 votos a favor y 10 en contra de PAN, PRD, PRI y Morena.
#ÚltimoMinuto Las reformas que serán discutidas en el Pleno buscan considerar amenaza a la seguridad nacional y como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, diversos actos ilícitos en contra del fisco, como la expedición, venta, enajenación o compra de #FacturasFalsas. pic.twitter.com/jEFhQq23UM
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 15, 2019
Lorena Villavicencio, diputada de Morena que votó en contra, dijo que aunque está en contra de las facturas falsas y las empresas fantasma, equipararlas con delincuencia organizada desmantela el sistema penal acusatorio, ya que cualquiera que sea señalado deberá ser objeto de prisión preventiva oficiosa e incluso de procesos de extinción de dominio, publicó Reforma.
"No podría estar a favor de esta propuesta, porque también estamos afectando seriamente, estamos desmantelando la reforma que implicó la modificación a varios artículos, que implicó instaurar el sistema integral de garantías sobre la base de garantías que deben regir en cualquier sistema de justicia penal", afirmó.
La legisladora criticó que su grupo parlamentario pretenda clasificar el fraude fiscal como delincuencia organizada a partir de modificaciones a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para saltarse la reforma constitucional al artículo 19, el cual establece el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha buscado que la ley antifactureras sea aprobada a la brevedad en el pleno de la Cámara de Diputados para evitar que su discusión se “contamine” con el debate que habrá del Paquete Económico 2020, los empresarios quieren frenar o por lo menos retrasar su aprobación.
Este martes, la minuta aprobada en comisiones va al Pleno.
¿DE QUÉ VA LA INICIATIVA?
Ante la sospecha de que una empresa haya presentado un acta constitutiva falsa para obtener el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o un acta de accionistas apócrifa, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) va a solicitar directamente los documentos al notario público para revisarlos y verificar si la compañía es legal, fantasma o facturera.
De acuerdo con una de las modificaciones al Código Fiscal de la Federación que solicitó el gobierno federal al Congreso para aplicarse a partir de 2020.
“Cuando el SAT no tiene la certeza de la veracidad de los documentos presentados por el contribuyente, resulta necesario requerir al fedatario público la información que valide la existencia y legalidad de dichos documentos”, señala la exposición de motivos.
En caso de que un notario se niegue a entregar los documentos que le pida el SAT sobre las empresas se hará acreedor a una sanción.
De acuerdo con la propuesta, se impondrá una multa económica de 17 mil 280 a 34 mil pesos, ya que “la omisión por parte de los fedatarios trae consigo que la autoridad fiscal no cuente con elementos suficientes para actuar ante el posible uso de documentos falsos por parte de los contribuyentes, lo que sin duda tiene efectos fiscales graves, como lo es la inscripción de personas morales que se constituyen con el único fin de simular operaciones y emitir comprobantes”.
IP SE DEFIENDE
La Iniciativa Privada pidió a los legisladores retrasar la discusión y eventual aprobación de la reforma penal fiscal para combatir a las empresas “factureras” en la Cámara de Diputados, a fin de dar prioridad al Paquete Económico 2020 y continuar el dialogo con las autoridades hacendarias para ajustar la redacción de la iniciativa.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) planteó como uno de los cambios a la reforma que se restrinja la aplicación de este régimen a los delitos de venta de facturas (113 Bis del Código Fiscal) y a los de defraudación fiscal y su equiparada únicamente cuando se expidan o utilicen facturas que documenten operaciones inexistentes o simuladas.
Alrededor de 20 abogados y expertos fiscales y penales de organizaciones como CCE, Coparmex, ABM, Concamin, INDEX, Escuela Libre de Derecho (ELD), entre otras, se pronunciaron por realizar cambios a la minuta aprobada por el Senado, de lo contrario, las empresas estarán en incertidumbre y podría haber en el futuro acciones de inconstitucionalidad.
Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación, dijo que están escuchando las inquietudes de los empresarios para matizar la reforma penal fiscal, sin embargo, aseguró que en Hacienda están “cómodos” con los términos de la minuta que envió el Senado a la Cámara baja, publicó el diario El Financiero.
En ese sentido, Romero Aranda consideró que “la compra de facturas no es delincuencia organizada propiamente pero lo que pasa es que si tu compras el producto amerita prisión preventiva oficiosa, no es delincuencia organizada, pero sí es un delito calificado por seguridad nacional”.
Rodolfo Félix Cárdenas, exprocurador de justicia de la Ciudad de México, subrayó que el fraude fiscal no puede ser considerado delincuencia organizada, “lo que estamos viendo es que se equipara a empresas e industrias con carteles de droga que son delincuencia organizada. Es una reforma atroz”.
POR APROBAR SIN MODIFICACIONES
Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que su partido impulsará que la minuta de la llamada "ley antifacturera" enviada por el Senado de la República sea aprobada sin modificaciones. En conferencia de prensa, posterior a la reunión de la Junta de Coordinación Política, el morenista afirmó que las críticas del sector privado en contra del proyecto no tienen sustento y que, por el contrario, el Senado de la República hizo un gran trabajo.
CUESTIONA LEY
La senadora morenista Lilly Téllez turnó a la Cámara de Diputados un escrito para cuestionar la llamada ley antifacturera que este martes será votada en San Lázaro.
"Las reformas aprobadas atentan contra los principios constitucionales de presunción de inocencia, seguridad jurídica, debido proceso para una defensa oportuna y efectiva y acceso a la justicia", argumentó en el documento. La parlamentaria sonorense estima que para este caso la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar excesiva.
EN 5 AÑOS, “HUACHICOLEO FISCAL” POR 354 MIL MDP
En un periodo de cinco años, en México se crearon cerca de 8 mil 204 empresas que venden facturas falsas, reportó Margarita Ríos-Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Por su parte, Ríos-Farjat, dictó un informe sobre las averiguaciones hechas por el SAT respecto al tema de tráfico de facturas, estas son las claves de lo informado:
1) De 2014 a junio de 2019, la evasión fiscal derivada del “huachicoleo” de facturas ascendió a 354 mil 512 millones de pesos, es decir cerca del 1.4% del Producto Interno Bruto.
2) Entre las más de 8 mil empresas “factureras” creadas en el periodo señalado, el promedio de facturas vendidas fue de mil por compañía, ya que se registró la comercialización de 8 millones 827 mil 390 facturas, lo que quiere decir que dichas empresas obtuvieron ganancias conjuntas por 1.6 billones de pesos.
3) Ocho estados concentran el 60% de las empresas donde se crearon las empresas “huachicoleras” de facturas. 2 mil 616 de ellas están en el top tres de entidades con más firmas, es decir, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.
4) 61% de las compañías “factureras” están dadas de alta bajo la modalidad de sociedad anónima.
5) Del operativo en el que el SAT auditó a 150 de estas empresas- realizado el pasado día 20, se descubrió que con la emisión de 282 mil millones de pesos en facturas, se registraría la evasión de 62 mil mdp ante el fisco.