La política de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador también pega ya a las entidades federativas y los municipios en materia de asignación de fondos federales.
En los primeros seis meses del 2019, el gasto federalizado, que es la transferencia de dinero a las administraciones locales por parte de la Federación, ascendió a 966 mil 973 millones de pesos, monto que significó una caída de 4.1% a tasa anual real, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En igual periodo de comparación, este resultado representó la primera disminución desde el 2013 (3.1%) y el retroceso más pronunciado desde el 2009 (11.6%), año de la crisis económica y financiera.
Al analizar el primer semestre de los últimos años, se observa que al arranque de los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa (2007) y de Enrique Peña Nieto (2013), el gasto federalizado se contrajo 2.2 y 3.1%, en cifras anuales y reales, respectivamente. Es decir, el comienzo de una nueva administración frena la transferencia de recursos a estados y municipios —curva de aprendizaje. Con Vicente Fox Quesada (2001), este indicador aumentó 11.9 por ciento.
Por rubro, el descenso de 4.1% del gasto federalizado en la primera mitad del 2019 derivó de las variaciones negativas en el Ramo 23 (Provisiones Salariales y Económicas y Otros Subsidios), de 73.0% anual real; en Convenios de Reasignación, de 63.5%; en Convenios de Descentralización, de 23.1%, y en Recursos para Protección Social en Salud, de 1.9 por ciento.
En tanto los incrementos se dieron en participaciones (4.9%) y aportaciones (1.3%), los elementos más importantes al contribuir con 87.7% de los recursos totales.
Lo anterior refleja que el impacto provino particularmente de la Federación. Por ejemplo, las participaciones, de ejercicio libre y que depende del nivel de recaudación, el cual se determina por la actividad económica y petrolera, manifiesta dinamismo en las entidades más grandes del país (Guanajuato, Nuevo León, Estado de México, Puebla y Veracruz).
Así, el principal factor de la merma del gasto federalizado emanó del recorte al Ramo 23, considerado discrecional —caja negra del presupuesto—, debido a que algunos de sus fondos carecían de reglas de operación, por lo que bajar recursos del Poder Legislativo se le facilitaba a las administraciones subnacionales.
Algunos subramos eran utilizados por estados y municipios para enfrentar necesidades de liquidez al cierre del año y dedicar parte de estos recursos al gasto corriente. Además, se utilizaba en algunos casos para proyectos de infraestructura.
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Según la SHCP, el Ramo 23 es un instrumento de política presupuestaria que permite atender las obligaciones del gobierno federal, cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades; específicamente, este ramo se encarga de las provisiones salariales y económicas para: I) el cumplimiento del balance presupuestario, II) el control de las ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado, con cargo a modificaciones en ingresos, III) la operación de mecanismos de control y cierre presupuestario, y IV) otorgar provisiones económicas a través de fondos específicos a entidades federativas y municipios.
Los gobiernos locales aún reclaman el recorte a este ramo por 43,467 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, quedando en 112,997 millones —se eliminaron 14 de 30 fondos—, por lo que existe la posibilidad de que los estados se endeuden en caso de requerir alguna obra de infraestructura o cubrir un déficit financiero.
OTRAS CIFRAS
Por entidad, el gasto federalizado sólo aumentó, a tasa anual real, en Guanajuato (4.9%), Tabasco (1.0%) y Nuevo León (0.7%) durante el primer semestre del año; este comportamiento fue esencialmente por los crecimientos en participaciones (Guanajuato con 14.3%, tercer lugar nacional; Nuevo León con 9.8%, quinta posición, y Tabasco con 4.3%, puesto 19).
También influyeron las variaciones positivas en aportaciones, cuyo objetivo es solventar problemáticas en educación, salud, infraestructura social, seguridad pública y fortalecimiento financiero, así como en el rubro de Recursos para Protección Social en Salud.
Del otro extremo, las caídas más pronunciadas se dieron en la Ciudad de México (9.5%), Sinaloa (10.0%), Colima (12.7%) y Durango (16.2%); destaca que únicamente Sinaloa presentó un ascenso en participaciones.
Del monto total, que ascendió a 966 mil 973 millones de pesos, 11.8% se destinó al Estado de México, el territorio que más recursos recibe de la Federación.
DISMINUCIÓN
El director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), José Luis de la Cruz, dijo que la disminución de 4.1% del gasto federalizado en los primeros seis meses del 2019 se debe a recortes en el Ramo 23, subsidios, convenios y recursos para el sector salud.
“Este año vimos que la nueva administración federal, con la encomienda de hacer más acciones con menos recursos, recortó varios ramos. En ese sentido, estamos viendo que hay variables de ingresos que están debilitándose”, señaló.
La Federación optó por recortar el Ramo 23, ahondó, por la cuestión de que se le consideraba un rubro discrecional, donde las reglas de operación no eran transparentes.
El director del IDIC indicó que la caída del gasto federalizado altera el desarrollo económico de algunas entidades, “por ejemplo, en la evolución de los proyectos de infraestructura. Hay estados que dependen en más de 80% de los recursos que les asigna la Federación y ante esta reducción cualquier posibilidad de crecimiento económica se merma”.
“Hay estados que apuestan por desarrollar infraestructura carretera y puentes porque consideran que al efectuarlo pueden atraer inversiones. Tenemos el ejemplo del recorte al Ramo 23, muchos de los recursos de este ramo los utilizaban para el desarrollo de obras”, sostuvo.
Para Héctor Magaña Rodríguez, coordinador del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, “la política de austeridad no es mala en teoría, pero más que efectuar una reducción en el gasto se debería buscar que se implementaran de manera eficiente los recursos”.
Enfatizó que castigar el gasto en inversión siempre resulta contraproducente en el largo plazo, ya que hay entidades que están posponiendo sus proyectos que detonen su actividad económica.
El artículo original en El Economista
MJP