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Pleito eléctrico, consecuencias negativas: IP, estados y calificadoras

AMLO comentó que respetará la serie de amparos que se concedieron a proyectos de generación eléctrica eólica y solar; Concamin y banqueros, con cautela

Escrito en DINERO el

Los recientes movimientos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Secretaría de Energía sobre el sector de las energías renovables en el país podrían traer consecuencias negativas para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) -vislumbrada como la principal beneficiaria de la Política de Confiabilidad de la Sener-, advierte la calificadora de riesgo Moody''s.

El servicio de análisis de la calificadora enfatizó que el cambio de reglas en el sector eléctrico supone el retraso de ingresos para el país y dota de incertidumbre el futuro de las energías limpias y la capacidad de Mexico para alcanzar los compromisos internacionalmente adquiridos.

Por otra parte, advierte que la infraestructura de la CFE para estos fines tiene una antigüedad de 50 años, por lo que los parques más eficientes del país se verían dispuestos a despachar dentro de la estatal, lo que aumentaría los costos relacionados con el combustible y pérdidas para la empresa.

Se suma la caída en la demanda de electricidad en el país, producto del cierre de distintas empresas con actividades no esenciales por la contingencia sanitaria del covid-19.

Moody’s explica que durante 2019, el gasto relacionado con el combustible fue de 266 mil millones de pesos, es decir, 54% de los costos totales de CFE.

La cifra representó un 6% menos que en 2018 debido a los precios más bajos del gas natural y a disminución de 15 millones de pesos en el uso de combustible comprado a Petróleos Mexicanos (Pemex), pues se compró más gas natural que en años anteriores. 

La agencia prevé que con la nueva política aumente el uso de combustibles en 2.5%, con la necesidad de que las plantas de la CFE adquieran no sólo gas sino otros productos como el diésel y el combustóleo.

El negocio de refinación de Pemex podría verse respaldado por esto, ya que CFE compraría combustible para generación, pero sólo de manera marginal. En 2019, el combustible sólo ascendió al 4% de sus ingresos por refinación doméstica y 2% de las ventas netas.

Moody''s apunta que la suspensión del acuerdo del Cenace a 23 plantas augura el comienzo de una serie de disputas legales que desalentarán materialmente la inversión futura en el espacio renovable, ya que estos proyectos equivalen a inversiones de 6 mil 400 millones de dólares y representan 50% de la nueva capacidad eléctrica prevista para el 2020 en el país. 

TAMAULIPAS IMPUGNA

Este jueves LA SILLA ROTA publicó que el gobernador Francisco García  Cabeza de Vaca se pronunció en contra de frenar proyectos de energías renovables en Tamaulipas que conllevarían pérdidas por más de tres mil  500 millones de dólares en un total de 15 proyectos.

El Gobierno del Estado emprenderá acciones legales para defender los intereses de los  tamaulipecos y proteger las inversiones que no solamente generan miles de empleos, sino también ingresos para los dueños de las tierras y la oportunidad de generar energía limpia para miles de hogares y empresas, señaló el mandatario.

Recordó que empresas nacionales y extranjeras se establecieron en Tamaulipas y colocaron a la entidad como una de las entidades de mayor producción de energías limpias en el país.

Actualmente  en la entidad existen inversiones del orden de tres  mil 500 millones de dólares en un total de 15 proyectos, 11 de ellos ya iniciados y cuatro en proceso para entrar en operación este año.

AMLO AFIRMA QUE SE DEFENDERÁ POSICIÓN

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se defenderá en tribunales la decisión que se tomó en su administración de suspender la operación de centrales privadas de energías renovables, pues aseguró que es necesario poner orden en el sistema eléctrico nacional.

Aseguró que se va a defender que no haya privilegios de las empresas y enumeró los cuatro elementos que componen su política en materia de energía eléctrica: el respeto al Estado de Derecho, la postura a favor de energías limpias, no aceptar la corrupción en el sector, y la defensa jurídica de la postura gubernamental.

“No hay nacionalización de la industria eléctrica como lo hizo el presidente Adolfo López Mateos, lo que se está haciendo es que no haya corrupción, que no haya sobreprecios, que significa que el pueblo pague más; lo que estamos garantizado es que haya pecios justos y que no se afecte a los ciudadanos”, aclaró.

Afirmó este jueves que su gobierno va contra la corrupción que imperaba en contratos entregados al sector energético y no contra la promoción del desarrollo de energías limpias en México.

“No estamos en contra de la generación de energías limpias, al contrario, cada vez vamos a impulsar más las energías alternativas. Estamos en contra de la corrupción, del saqueo y del influyentismo que prevaleció durante el periodo neoliberal en la industria eléctrica. Ese es el fondo del asunto”, aseguró.

López Obrador comentó que respetará la serie de amparos que se concedieron a proyectos de generación eléctrica en plantas eólicas y solares, lo cual dejó sin efectos la medida publicada por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a finales de abril.

Dicho documento de Cenace, denominado “Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional”, suspendió todas las plantas eléctricas que se encontraban en fase preoperativa.

“Vamos a ser respetuosos de la legalidad como lo hemos demostrado. El Poder Judicial es autónomo e independiente y vamos a respetar las decisiones de los jueces”, lanzó el presidente.

Los procedimientos legales en curso dejaron fuera del acuerdo del Cenace a 23 proyectos energéticos, según un documento citado por El Financiero.

“El Cenace está haciendo válidos los instrumentos legales a su alcance para impugnar la admisión, suspensión provisional y competencia del Juzgado de Distrito del conocimiento, toda vez que los actos que se le imputan se refieren al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que está reservado al Estado Mexicano al ser considerado Estratégico y Prioritario”, respondió el Centro.

El mandatario mexicano indicó que el gobierno tiene derecho a defender la decisión que se tomó sobre las plantas eléctricas.

“Tienen instrucciones ya los servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Energía, para defender nuestra decisión de que no haya privilegios para las empresas”, agregó.

EMPRESARIOS, CON CAUTELA

La reciente emisión de los acuerdos que afectan a las energías limpias inquietan y afectan las inversiones porque se muestra que en México no hay respeto al estado de derecho, dijo el presidente de la Confederación Patronal, Francisco Cervantes.

En videoconferencia, en la que se presentó el Sexto Informe Covid industrial de la Concamin, el líder de los industriales dijo que el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, se saltó la consulta pública.

“Ha sido muy lamentable conocer cómo las autoridades del sector eléctrico han causado una inquietud innecesaria no solamente entre los participantes nacionales del Sistema Eléctrico Nacional, sino también entre todos los posibles inversionistas nacionales y extranjeros, pues es muy grave mandar señales que hagan ver a México como  un país donde no reina el estado de derecho”, expuso.

Para la Asociación de Bancos de México, los cambios en la regulación para el sector energético por parte del gobierno federal son vistos con cautela por la banca nacional y extranjera ya que se desconoce hasta el momento el impacto que tendrá en la operación del sector.

“Muchos de los intermediarios bancarios lo vemos con cautela, entendiendo que todavía falta mucho falta para entender hacia dónde va la regulación y la implementación de la misma, porque no solo la banca comercial nacional sino la extranjera también está metida y también la banca de desarrollo ha participado en el financiamiento de estos proyectos”, dijo el vicepresidente de la ABM, Raúl Martínez Ostos.

Para la calificadora HR Ratings, El conflicto por el tema de energías limpias en México podría afectar a las finanzas públicas y la deuda, porque sin inversión privada no habrá crecimiento.

“Creo que si hay menos inversión, habrá menos crecimiento y de alguna manera u otra va afectar las finanzas públicas y el costo de la deuda”, advirtió el director de análisis de la calificadora, Felix Boni Brandani.

Organismos empresariales de Europa que aglutinan a alrededor de 18 mil firmas instaladas en el país expresaron que la falta de seguridad jurídica en México desalienta la inversión, expresaron en una carta enviada hoy a Graciela Márquez, Secretaria de Economía.



(Luis Ramos)