La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) demostró técnicamente que existen petróleo y gas compartidos en por lo menos 60.9 metros cuadrados entre el contrato operado por Talos Energy de la Ronda 1.1 y la asignación Uchulkil de Petróleos Mexicanos (Pemex) dentro del yacimiento Zama, por lo que las empresas tienen 120 días para firmar un acuerdo de unificación para determinar quién desarrollará el campo.
“Se ha probado más allá de cualquier duda que hay conectividad hidráulica (…) podemos decir que es un yacimiento compartido. Indudable”, declaró el comisinado Héctor Moreira durante la sesión remota.
Los datos ofrecidos por el consorcio liderado por la petrolera estadounidense Talos Energy sobre las perforaciones en el campo Zama, el primer gran descubrimiento de las rondas petroleras, confirman que existe un yacimiento compartido con un área que pertenece a la petrolera estatal Pemex.
Sin embargo, reconocen que por la parte de la petrolera mexicana, ante la falta de perforaciones, no es factible conocer la extensión geográfica de la parte de su yacimiento.
Ambas compañías pasan por un proceso de unificación preliminar —cuyo lapso vence en septiembre— para determinar cuál de las dos empresas operará el yacimiento marino, con más de 600 millones de barriles de crudo equivalente en recursos contingentes, en caso de que Pemex compruebe que se extiende dentro de su asignación.
El consorcio ha perforado cuatro pozos: tres delimitadores y uno exploratorio, cuya información derivada pozo delimitador Zama-2DEL sirvió al regulador que encabeza Rogelio Cázares para su conclusión. Pemex aún tiene pendiente la perforación del pozo Asab para evaluar el área en cuestión.
A mediados de julio de 2017 cuando el consorcio conformado por Talos y Sierra Oil confirmaron el hallazgo de Zama, un gran pozo de crudo con aproximadamente 2 billones de barriles, pero pronto se toparon con que sería compartido con Pemex. Un problema que heredó esta administración. A finales de septiembre del año pasado cuando el tema volvió a tomar relevancia, pues la agencia Reuters reveló que el gobierno actual buscaba el control total del yacimiento.
Pero de no lograr un acuerdo, la resolución quedaría en manos de Rocío Nahle y podría extenderse hasta el 2021.