El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una nueva iniciativa para la industria eléctrica, pero esta vez con rango constitucional. Esta reforma permitiría fortalecer a Comisión Federal de Electricidad.
La nueva iniciativa contempla reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para volver convertir a la CFE en una paraestatal del gobierno y que deje de ser una empresa productiva del Estado. Estbno regresaría a la industria eléctrica nacional a tener un papel preponderante dentro de la generación de energía ya que propone preservar la seguridad y autosuficiencia energéticas como condición para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna.
De acuerdo con el gobierno federal, la reforma permite garantizar la soberanía y seguridad energética nacional a la vez que reconocerá los derechos adquiridos por las empresas privadas que participan en este sector para que no se vean afectadas en las inversiones que ya hayan realizado.
¿Monopolio?
La nueva iniciativa establece una división donde el 54% de la electricidad sea producida por la CFE, mientras que el restante 46% lo hagan las empresas privadas. Esto permite garantizar la soberanía y seguridad energética nacional a la vez que reconocerá los derechos adquiridos por las empresas privadas que participan en este sector para que no se vean afectadas en las inversiones que ya hayan realizado, además de fomentar una sana y leal competencia.
El autoabastecimiento. En el pasado inmediato, la CFE firmó inexplicablemente decenas de contratos que van en contra de sus propios intereses y los de México. Estos contratos favorecen la compra de suministro eléctrico a los privados sobre la producción propia, no obstante que la CFE subvencionaba a los privados con infraestructura, precios y tarifas preferenciales a salvaguarda de los vaivenes del mercado, además de darles facilidades legales para certificaciones en energías limpias. Esto le cuesta a la CFE más de 10.000 millones de dólares al año y un desperdicio del 45% de la capacidad de la CFE, o sea a 119.000 gigawatts.
Actualmente, el Estado no solo está subsidiando la producción de los privados, sino que relega la producción propia para adquirir el suministro eléctrico con esos privados, afectando cotidianamente sus ingresos y el esfuerzo de mantener el equilibrio de sus finanzas. En cuanto al tema de energías limpias y la transición energética, cabe destacar que la CFE tiene 55% de la capacidad instalada de energía limpia (incluye las hidroeléctricas, las de ciclos combinados a gas de alta eficiencia y la nuclear) y propone la renovación de 10 centrales hidroeléctricas y un parque fotovoltaico propio de gran magnitud en Sonora.
Según el Instituto de Comercio Exterior de España, tan solo entre Naturgy e Iberdrola producen alrededor del 20 por ciento de la energía eléctrica de México y en total las empresas privadas generan la mitad de la energía eléctrica. ¿Qué pasaría si un puñado de empresarios decide bajar el interruptor como medida de presión contra el gobierno ante la pérdida de contratos a modo y de privilegios? Es un escenario difícil, pero posible, y que atentaría contra la soberanía nacional.
Otra consecuencia podría ser que México viviera en un par de años un panorama tan caótico y desolador como el que vive España en este momento debido a la concentración del mercado en el sector privado (Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP) que provocó un aumento de los precios de la electricidad, en más del 570 % tan solo en el último año afectando terriblemente al ciudadano común estos tiempos de crisis.
Entre las novedades de esta reforma se considera que el litio sea considerado como un mineral estratégico, que no será concesionado y solo será el Estado mexicano el que intervendrá en su exploración y producción.
Otro elemento que se introdujo y que provocó escozor en la opinión pública es la eliminación de los organismos autónomos que tienen injerencia en el sector energético como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Ciertamente, el punto es polémico pero también suena a que podría ser la moneda de cambio para conseguir los votos necesarios para la aprobación de la reforma.
Los contrastes
La Asociación Mexicana de Energía (AME) señaló que las 17 empresas que agrupa rechazan la propuesta de reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo porque implicaría la cancelación injustificada de contratos y violación al Estado de Derecho.
"Una reforma constitucional en los términos planteados supone la cancelación abrupta e injustificada de contratos y una franca violación al Estado de Derecho.
"Es labor del Poder Ejecutivo y de los legisladores buscar la mejora de un sistema eléctrico para beneficio de los mexicanos, pero estos procesos se deben realizar respetando los contratos ya establecidos, en los que las empresas generadoras han invertido miles de millones de dólares", señaló la Asociación en un comunicado.
De ser aprobada la iniciativa que pretende regresar al Estado el control del sistema eléctrico nacional, los mexicanos también tendrán limitado el acceso a energías limpias.
"Los términos contenidos en la propuesta de reforma constitucional al sector eléctrico causarían un daño de largo plazo a los hogares mexicanos, las distintas industrias y a la competitividad del país.
"La cancelación de los contratos actuales a los generadores de energía que han cumplido a cabalidad con lo establecido en la legislación mexicana, los términos de los propios convenios y los principios comerciales universales pondrían en riesgo la posibilidad de que los mexicanos accedan a energía más limpia y a precios más accesibles", apuntó la AME.
Además, la Asociación considera que los cambios propuestos no sólo afectan las inversiones del sector energético, también de todo el sector productivo en general porque afectará la competitividad de las empresas en un contexto donde se requiere una recuperación económica más acelerada.
cj