Las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) se han tornado más difíciles. Las exigencias de Donald Trump han subido de tono para México y Canadá.
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Entre estas demandas se encuentra una cláusula de TLCAN que el presidente de Estados Unidos busca eliminar: que las empresas extranjeras puedan demandar a los gobiernos de los países donde invierten.
Los argumentos del magnate neoyorkino son que se atenta contra la autonomía de los gobiernos si los inversionistas emprenden acciones legales contra ellos y resultan acreedores a multas o sanciones.
Esta cláusula es conocida como solución de controversias Inversionista-Estado, donde se otorgan facultades a un tribunal integrado por abogados del sector privado para determinar si los países tratan de manera justa a los inversionistas extranjeros.
Los críticos de esta herramienta afirman que pone en riesgo miles de millones de dólares de los contribuyentes, pues pasa por encima del poder de los gobiernos elegidos democráticamente y lo pone en manos de abogados y empresas multinacionales.
De acuerdo con The New York Times la empresa estadounidense Bilcon recurrió a este derecho en Canadá, cuyo gobierno fue multado con 443 millones de dólares.
La historia se remonta al 2002 cuando Bilcon, una empresa de Delaware eligió a Digby Neck, una franja de roca volcánica en donde habitan no más de mil personas, ubicado en Nueva Escocia, Canadá.
El proyecto consistía en extraer roca basáltica y transportar 40 mil toneladas de un barco hacia Nueva Jersey donde se mezclaría con concreto para construir caminos y puentes. Con esto se generarían empleos en el pequeño poblado.
Sin embargo, el gobierno de Canadá decidió suspender el proyecto después de una revisión que tardó hasta el 2007, por considerar que dañaría el medio ambiente.
Los encargados de analizar este proyecto y sus implicaciones fueron expertos independientes, quienes, después de cuatro años de deliberaciones recomendaron a las autoridades de Canadá no autorizar la explotación de la cantera, ya que podría causar “significativos efectos adversos al medio ambiente.
Este proyecto había provocado diversas manifestaciones en contra de la explotación de las rocas por parte de residentes del lugar.
Ante el impedimento del gobierno canadiense, la empresa Bilcon utilizó esta cláusula del TLCAN y presentó una reclamación en la que argumentó que había sido objeto de un tratamiento injusto, ya que había invertido millones de dólares en la consolidación del proyecto.
La resolución del tribunal integrado por especialistas fue que el gobierno de Canadá debía pagar 443 millones de dólares a la empresa Bilcon.
Éste es el principal argumento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues busca que no se pueda obligar a los gobiernos a este tipo de pérdidas.
Por otro lado, expertos afirman que esta cláusula en el TLCAN es de suma importancia porque así se protege a los inversionistas extranjeros de cualquier abuso de poder por parte de las autoridades del país.
Tanto México como Canadá se han mostrado a modificar esta cláusula, pero no eliminarla por completo como lo exige Trump.
Hasta el momento, en los 23 años que lleva el TLCAN se han promovido 59 acciones de inconformidad: 16 en contra de Estados Unidos, 25 en contra de Canadá y 18 en contra de México.
Empresas estadounidenses como Cargill y Archer Daniels Midland han ganado acciones en contra de Canadá y México, mientras que Estados Unidos no ha perdido en ningún caso.