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Juez suspende medidas de Cenace y Sener que limitaban a renovables

Un juez federal concedió la suspensión definitiva a favor de Defensa Colectiva que pidió amparo contra el acuerdo publicado por la Secretaría de Energía en mayo

Escrito en DINERO el

Un juez federal suspendió la política de la Secretaría de Energía (Sener) de México que limita la generación privada de energías renovables, explicaron este jueves los abogados del caso agrupados en la asociación civil Defensa Colectiva.

La suspensión definitiva, anunciada este día, es la primera concedida contra la política que la Sener publicó el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), además de una adicional contra el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) del 29 de abril.

Este recurso frena ambas políticas hasta que llegue el fallo final sobre la constitucionalidad de los acuerdos, que bloqueaban la interconexión de nuevos generadores renovables con el argumento de garantizar la "confiabilidad" del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en la pandemia, expuso la abogada Miriam Grunstein.

Los argumentos legales fueron "principalmente el derecho al ambiente sano de los mexicanos, también el derecho a poder elegir diversos proveedores de energías, entre ellos los de energías renovables y limpias, y también de seguridad energética", comentó Grunstein, también consultora de Brilliant Energy Consulting.

Los acuerdos de Sener y Cenace ponen en peligro 44,000 millones de dólares de inversión y 81,500 empleos en el país, de acuerdo con las asociaciones de compañías energéticas en México.

En particular, la política de Sener usaba la "confiabilidad" para negar permisos a las energías renovables porque son "intermitentes", detalló César Rincón, socio fundador de Defensa Colectiva.

"Lo que está permitiendo el juez es que sí puedan operar y puedan interconectarse y obtener permisos nuevos las nuevas fuentes de energías renovables a base del viento y del sol", expuso Rincón.

La nueva política ha desatado una batalla legal entre empresarios y el Gobierno mexicano, que primero justificó su política para garantizar el suministro ante la crisis de COVID-19, pero después admitió buscar "un trato justo" para CFE frente a los privados.

Ciudadanos también se han organizado al denunciar que México se aleja de sus compromisos ambientales internacionales.

"Queremos insistir porque esto es un asunto de salud pública de la mayor importancia, incluso hablamos de que es altamente contradictorio que, en un contexto de una enfermedad respiratoria grave, se insista que los hidrocarburos deben ser el combustible de preferencia", argumentó Grunstein.

El fallo definitivo sobre ambos acuerdos tardaría dos o tres meses, estimó la abogada.

El asunto, según Rincón, podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque la Sener y el Cenace deberán justificar la constitucionalidad de sus acciones.

"Lo que se está discutiendo aquí son asuntos de trascendencia nacional en donde prácticamente se está determinando si la nación debe ir en vías de cumplir con sus obligaciones internacionales de reducir los gases de efecto invernadero", precisó.

Admás de los efectos prácticos, la política ha afectado el clima de inversión en México al "proyectar una imagen de muy poca seriedad", indicó Grunstein.

Por ello, destacó la independencia del Poder Judicial. "Nos da especial gusto la independencia del juzgador porque en un ambiente de autoritarismo como este podríamos tener juzgadores medrosos del poder presidencial", reflexionó.

COMBATIRÁ RESOLUCIÓN

Según Sener y Cenace, las pruebas operativa de las centrales eléctricas solar y eólica ponen en riesgo al sistema eléctrico nacional y por eso debían quedar suspendidas provisionalmente.

Por ello, informó que ante la suspensión presentará ante el Poder Judicial la motivación y fundamentos de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional. "La Constitución estableció como responsabilidad y atribución exclusiva de la Nación, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional (...) La transmisión y distribución eléctrica son consideradas, por mandato constitucional, áreas estratégicas y de interés público, a cargo del Estado", señala el comunicado de la Secretaría de Energía.