El presidente Andrés Manuel López Obrador envió este lunes al Congreso una iniciativa preferente de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que limitaría la generación privada de energías renovables para priorizar a la empresa eléctrica del Estado.
Por ser de carácter preferente, el Congreso tendrá 30 días para discutir la iniciativa, que busca "fortalecer a la empresa productiva del Estado, CFE (la Comisión Federal de Electricidad), para beneficio del interés nacional", como argumenta el presidente en el texto.
La reforma modifica el mecanismo de despacho de las centrales eléctricas, que deberán priorizar la energía producida por las hidroeléctricas y plantas de combustibles fósiles de la CFE por encima de las plantas privadas eólicas y solares, y por último las de ciclo combinado.
La reforma es un paso más allá de la política de seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que la Secretaría de Energía (Sener) publicó en mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el argumento que las renovables son intermitentes y afectan el suministro.
Esta política, que está suspendida por su revisión constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afectaría hasta el 14 % del PIB, según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
La iniciativa preferente del presidente sorprendió porque no se había anunciado previo al inicio del último periodo de sesiones del actual Congreso, que comienza este 1 de febrero y termina el 30 de abril.
"Resulta urgente profundizar en los cambios ya iniciados en esta materia", estableció el líder izquierdista en su exposición de motivos.
La nueva normativa también obligaría a que los nuevos permisos del sector estén "sujetos a los criterios de planeación" de la Secretaría de Energía.
También cambian las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) que pueden obtener las empresas particulares y elimina la obligatoriedad de las subastas eléctricas en las que puede participar el sector privado para abastecer a la CFE.
Asimismo, obliga a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a revocar los permisos de autoabastecimiento, por lo que las empresas privadas no podrían generar la propia energía que consumen.
Por último, ordena revisar la "legalidad y rentabilidad" de los contratos del Gobierno federal con productores independientes de energía.
El presidente aseveró que estas modificaciones respetan el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la reforma constitucional de 2013 que abrió el sector energético a la inversión privada.
COMBUSTÓLEO, UNO DE LOS PORQUÉS DE LA INICIATIVA PREFERENTE DE AMLO
El Acuerdo para Garantizar la eficiencia, la Calidad, Confiabilidad, Continuidad y la Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional privilegia la generación de plantas de quema de combustibles como termoeléctricas convencionales a base de combustóleo de la CF.
El combustóleo es un residuo del petróleo que se obtiene de la refinación. Es el combustible más pesado y se usa para plantas de energía eléctrica, calderas y hornos. Es pesado y cargado de tóxicos, principalmente azufre.
Pemex produce alrededor de 125 mil 733 barriles diarios de combustóleo y coloca en mercados apenas 53 mil barriles por día. Es decir, coloca apenas 43% de su producción de combustóleo, una caída de 24% en su venta. Así, la petrolera se queda con más de 72 mil barriles. Como es un hidrocarburo muy contaminante cada vez carece más de mercados para venderse.
Ante esa problemática, Pemex necesita vender su excedente, colocarlo en las plantas de CFE. Actualmente sólo tres refinerías del país utilizan combustóleo: Cadereyta, Minatitlán y Madero.
De acuerdo con el CCE, las afectaciones de esta propuesta al país son mayúsculas, pues:
1. Abre las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de electricidad. Además de un potencial de violar lo establecido en la Constitución.
2. Atenta contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales, tanto en acuerdos comerciales como en protección de inversiones y del medio ambiente, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 impulsada por la ONU y el Acuerdo de París. Esto generará que las empresas afectadas inicien procesos de paneles, arbitrajes internacionales y denuncias ante diversos tratados.
3. Viola la no retroactividad de la ley, dado que ninguna norma puede ser ejecutada de forma retroactiva en perjuicio de un particular. Esto tendrá un alto impacto en inversiones ya realizadas por empresas nacionales y extranjeras, por lo que implicará indemnizaciones del Estado a dichas empresas.
4. Contraviene las garantías de certeza jurídica, de debido proceso y de contratación pública. Este acto de autoridad modificaría, de manera unilateral, los derechos de los particulares para cancelar permisos, renegociar o terminar anticipadamente contratos públicos. Va en contra de lo resuelto por el propio poder judicial federal, ya que retoma las prioridades del pliego petitorio que la CFE presentó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en 2019, y que han sido suspendidas definitivamente por el poder judicial mexicano, al considerar que podrían violar derechos constitucionales de forma irreversible.