La cooperativa Cruz Azul informó este viernes la designación de una Junta de Gobierno y Administración provisional luego que la Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden aprehensión en contra de Guillermo “Billy” Álvarez, dirigente de la cooperativa.
En una carta abierta, la cooperativa Cruz Azul indicó que la nueva administración será provisional hasta que se realice una asamblea general extraordinaria.
“Cooperativa Cruz Azul informa y ratifica que sus responsabilidades financieras con las instituciones crediticias y bancarias; las responsabilidades laborales con todos sus colaboradores en todas las empresas del grupo (…) están plenamente garantizadas”, se lee en la misiva.
En conferencia de prensa se indicó que la próxima asamblea debe realizarse en un plazo máximo de un mes y que los integrantes de la Asamblea General desconocen el paradero de Billy Álvarez, quien fue acusado por la FGR de los delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita.
Los integrantes de la Junta de Gobierno legalmente protocolizada, representantes de las tres secciones en CDMX, Hidalgo y Oaxaca, anunciaron que de ser necesario convocarán a una Asamblea General Extraordinaria para definir el rumbo de la organización y tomar las decisiones correspondientes.
El delegado Federico Sarabia explicó que la Junta de Gobierno es un órgano colegiado que dará continuidad al desarrollo y expansión de La Cruz Azul, afirmando que bajo la actual administración se ha fortalecido la estructura empresarial que pasó de tener 2 plantas industriales a 4, incrementando su capacidad instalada en más del 200% y de contar de 2 a 12 empresas sólidas en diferentes rubros de negocio.
El miércoles pasado, el juez federal del Centro Federal de Readaptación Social de Máxima Seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México, Iván Aarón Zeferín Hernández, libró una orden de aprehensión en contra de Guillermo Álvarez Cuevas, presidente de la cooperativa La Cruz Azul y del club de fútbol con el mismo nombre por el delito de lavado de dinero a través de la utilización de empresas fachada y por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Asimismo, fueron libradas órdenes de aprehensión en contra de Mario Sánchez Álvarez, director financiero; Eduardo Borrell, director jurídico; Víctor Garcés, exdirector jurídico de la cooperativa, así como al abogado externo Ángel Junquera y otros por ser partícipes en la comisión de los mismos delitos.
(María José Pardo)