La Secretaría de Hacienda contempla enviar a prisión a los contadores que serán considerados cómplices si no reportan las irregularidades de las empresas que auditan, lo que expertos consideran un exceso.
En el paquete fiscal para 2022 se plantea el regreso de la figura de dictaminador fiscal obligatorio, con lo cual, a partir de un nivel de ingresos determinado, las empresas deberán contratar a un contador auditor, quien a su vez entregará el resultado de su trabajo al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Pero se considerarán infracciones cuando el dictaminador no observe la omisión de contribuciones recaudadas, retenidas, trasladadas o propias del contribuyente.
Este lunes, los contadores públicos mexicanos expresaron su preocupación por una de las propuestas que contiene el Paquete Fiscal 2022, que fue presentado ante el Congreso el pasado 8 de septiembre.
¿Qué es lo que va a suceder?
En esta nueva disposición, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) quiere forzar a los contadores a delatar a los contribuyentes que incumplan sus obligaciones fiscales o que lleven a cabo una conducta ilícita. En caso de omitir su deber, el profesional podría ser suspendido, o enfrentar una pena de cárcel de hasta seis años.
La disposición estaría enfocada a los profesionales que auditen los ingresos de personas morales, especialmente a aquellas compañías que percibieron más de 876 millones de pesos en el ejercicio fiscal anterior.
Para introducir esta obligación, la iniciativa legislativa de la dependencia propone reformar el Artículo 52, Fracción II del Código Fiscal de la Federación.
El nuevo párrafo establecería que el auditor debe notificar al Servicio de la Administración Tributaria (SAT) cuando conozca, después de realizar el dictamen, “que el contribuyente ha incumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras o que ha llevado a cabo alguna conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal”.
Si se aprueba el proyecto de ley en el Congreso, la obligación entraría en vigor en 2022 y fijaría sanciones como penas de prisión de tres a seis años, o suspensión en el Registro de Contadores Públicos durante tres años.
¿Qué dicen los contadores?
Para el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) es necesario que esta propuesta se modifique, ya que no es “acorde con el principio de razonabilidad y proporcionalidad”.
Advirtió que algunas propuestas contenidas en la Miscelánea Fiscal para 2022 afectarían gravemente el ejercicio de su actividad profesional, por lo cual deben ser modificados antes de ser votados por el Poder Legislativo.
El organismo apuntó que en este escenario se inscribe la reforma al Artículo 52, fracción II del Código Fiscal de la Federación (CFF), que establece la nueva obligación para el contador público auditor de informar a las autoridades cuando el contribuyente ha incumplido las disposiciones o cuando éste ha llevado a cabo una conducta que pueda constituir la comisión de un delito.
Según el gremio, la adición pone en riesgo la independencia de los auditores y su libertad; además, les atribuye conocimientos propios de un abogado y le hace responsable de una falta que en realidad cometió el contribuyente.
“Con dicha reforma, la autoridad hacendaria transfiere a la Contaduría Pública inscrita una responsabilidad del contribuyente, que es el obligado a implementar el control interno de su empresa para generar información financiera y evitar cualquier incumplimiento con las disposiciones fiscales; al mismo tiempo y de forma errónea, le atribuye al contador público inscrito facultades propias de los profesionales en derecho”, se lee en el comunicado del IMPC.
cj