Luz Mercedes Apodaca, habitante de Baviácora espera desde hace cuatro años la construcción de un hospital especializado para los afectados por la contaminación del Río Sonora.
TAMBIÉN PUEDES LEER: Afectados por contaminación en Río Sonora demandan atención de la OMS
Su rostro tiene llagas, costras e irritaciones desde que el 6 de agosto del 2014 se acercó a las aguas del río y mojó su cara para refrescarse. No sabía que horas antes se habían vertido 40 mil metros cúbicos de lixiviado de sulfato de cobre acidulado, de la mina Buena Vista del Cobre, de Grupo México, propiedad del multimillonario Germán Larrea.
Larrea Mota Velasco es el segundo hombre más rico del país y el 72 de la lista Forbes global con una fortuna calculada en 17,300 millones de dólares.
Grupo México es la compañía de minería de mayor tamaño en México y que cuenta también con operaciones en Perú y Estados Unidos y que en fechas recientes, la compañía se ha expandido a los sectores de infraestructura y transporte.
Como Luz Mercedes, hay más personas de los siete pueblos por donde pasa el afluente, que esperan un hospital amplio, cómodo, con médicos especializados que atiendan las ronchas, las protuberancias, caída de cabello y hasta cáncer que presentan sus cuerpos después de la contaminación en su principal fuente de agua.
Pero, en lugar de lo prometido por las autoridades que conformaron el comité de Río Sonora, sólo tienen una pequeña casa adecuada como clínica, en la comunidad de Ures, que queda alejada para afectados de otros municipios.
El compromiso de la construcción de un hospital por parte de autoridades federales y directivos de Grupo México, no es el único que se rompió -o no se cumplió-.
Entre las deudas que persisten para los más de 22 mil habitantes que vieron afectada su vida en todos los aspectos, ese 6 de agosto se encuentra la falta de reactivación económica, la instalación de plantas potabilizadoras, creación de nuevos pozos de agua, entre otros.
Tan solo para el tema de salud, los compromisos eran la construcción del hospital que sería una Unidad de Epidemiológica de Vigilancia y Ambiental de Sonora (UVEAS) que tratara casos de afectaciones en el organismo humano por contacto con agua contaminada.
Pero también, el monitoreo del líquido que corre por el afluente y la supervisión médica durante 15 años a los habitantes de la zona del río.
En cuanto al hospital, en 2016 las autoridades federales y Grupo México se ‘echaron para atrás’. Es decir, ya se contaba con el terreno, e incluso se habían hecho trabajos de limpieza, pero después declararon que ellos nunca habían dicho que sería un hospital, sino una clínica, tal como la que se habilitó en una casa particular.
Otro de los compromisos que se hicieron en 2014 fue la instalación de 27 plantas potabilizadoras de agua, que purificarían el líquido para eliminar cualquier tipo de contaminación.
En abril del 2017, se anunció por parte de la empresa minera que serían sólo nueve las que se instalarían, siete fijas y dos móviles, de las cuales únicamente están en funcionamiento dos. Una en Huépac y la otra en Bacanuchi.
La economía es un aspecto más que se desmoronó en la zona de los siete pueblos. Después del derrame los agricultores y ganaderos perdieron millones de pesos.
Tuvieron que tirar sus productos como leche, quesos, manteca porque las vacas habían bebido agua contaminada. Pero también, los frutos del campo como berros, chiltepines, chiles y cacahuates, porque se riegan con el agua del río.
A pesar de que con el fideicomiso se otorgaron apoyos económicos por las pérdidas, no fue suficiente. Hasta el momento, los agricultores y ganaderos tienen la desconfianza de que sus productos tengan metales pesados. La gente, los ciudadanos y sus compradores, ya no adquieren la comida, por el mismo temor.
Pueblos del Río Sonora pierden esperanza
Ahora, a cuatro años de haberse registrado el desastre ambiental más grande en la historia de Sonora, la población perjudicada ha perdido fuerza en la rigidez con la que los primeros dos años gritaban a la autoridad para que se resarcieran los daños.
El derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre que propicio la mina Buenavista de Cobre propiedad de Grupo México en Cananea el 6 de agosto de 2014, perjudicó 271 kilómetros de ríos Bacanuchi y Sonora.
La exigencia de los pobladores de Bacanuchi, Arizpe, Baviacora, Aconchi, Huépac, San Felipe de Jesús, Banámichi y Ures, fue disminuyendo año tras año, pues las solicitudes sin respuesta de la autoridad, provocaron cansancio y hartazgo de los afectados.
Fue en febrero de 2017 cuando toda esperanza de resarcimiento total de los daños, económicos y de salud, se perdió: fue anunciada la extinción del Fideicomiso Río Sonora.
Dicho apoyo contemplaba la utilización de 2 mil millones de pesos aportados por la empresa responsable, Grupo México; sin embargo, con la aplicación de mil 250 millones de pesos, la minera decidió dar carpetazo al tema y dar por finiquitado el resarcimiento de los daños, pues a su consideración, las afectaciones ya habían sido reparadas.
Las consecuencias del ‘ecocidio’ respondían a heridas como yagas visibles en la piel, dolores de cabeza, estomacales y diagnósticos de especialistas que advertían la posibilidad de contraer cáncer en los próximos años.
Detectan negocio redondo de Lacy Tamayo y Grupo México
En una solicitud de transparencia de los Comités de Cuencas del Río Sonora y Grupo Poder, se encontró que el Fideicomiso pagó 184 millones de pesos en tinacos y apenas 7 millones 500 mil pesos a las personas afectadas en su salud por el derrame.
De dicho monto, más de 28 millones de pesos fueron a una empresa relacionada con Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Semarnat, y 5 millones a Rotoplas, de Carlos Rojas Mota Velasco, familiar de Germán Larrea de Grupo México.
En una convocatoria a medios de comunicación en el municipio de Ures, las organizaciones civiles informaron que el Fideicomiso Río Sonora (FRS), creado como medio único de pago para resarcir los daños ocasionados por el derrame de tóxicos gastó 184 millones 954 mil 438 pesos en tinacos, que se distribuyeron en tres partes.
Una de ellas al Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora, A.C. organización que recibió 150 millones 837 mil 360 pesos; a otra fue el Colegio de Ingenieros Ambientales de México, A.C. (institución fundada por Rodolfo Lacy Tamayo, quien presidió el Comité Técnico del FRS) obtuvo 28 millones 614 mil 207 pesos; y los 5 millones 502 mil 872 pesos restantes fueron para la empresa Rotoplas de Carlos Rojas Mota Velasco, familiar de Germán Larrea Mota Velasco (dueño de Grupo México y responsable del derrame) y miembro del Consejo de
Administración de Grupo México.
Benjamín Cokelet, quien dirige Grupo Poder- organización que ha acompañado a los habitantes- dijo que, de acuerdo con las cifras publicadas por el FRS, la cantidad otorgada directamente a las personas afectadas en su salud fue apenas de 7 millones 805 mil 10 pesos, lo que equivale al 10% del total gastado por el Fideicomiso en salud, mientras que el 90% restante de ese rubro (71,080,280 pesos) se gastó en “Acciones de atención y seguimiento médico (UVEAS)”.
Este fue un gasto poco transparente si se considera que la actual UVEAS, ubicada en Ures, no es un centro de salud como tal y que Grupo México no dio los recursos para construir el nuevo centro de salud que el Fideicomiso mismo prometió, el cual abriría en 2015 y operaría hasta 2029”, expresó.
El total del gasto realizado por el Fideicomiso fue de mil 231 millones 367 mil 946.29 pesos, apenas más de la mitad de los 2 mil millones anunciados en un inicio.
El principal gasto erogado se destinó a resarcir directamente a los afectados por un total de 680 millones 346 mil 131 pesos, equivalente a 34% del total comprometido y el resto se utilizó en otros rubros, entre los que se incluyen apoyos directos a gobiernos federal, estatal y municipal, los cuales no fueron desglosados.
Otra anomalía detectada en el proceso de gasto del Fideicomiso Río Sonora fue una aportación de 32 millones 415 mil 798 pesos para una estrategia de comunicación social, lo que es cuatro veces más que lo entregado directamente al total de los afectados en su salud.
Además, parte del dinero de la estrategia de comunicación social se destinó a la proyección de spots sobre la supuesta remediación de los ríos en las pantallas de Cinemex, empresa controlada por Germán Larrea Mota Velasco.
El análisis de los gastos realizados por el FRS, elaborado en conjunto por los Comités de Cuenca Río Sonora y PODER, deja claro que la prioridad del Fideicomiso no fue resarcir los daños ni compensar a los afectados por el derrame”.
Grupo México no entregó el restante al Fideicomiso
Los 750 millones de pesos que quedaron pendientes de utilizar al extinguirse en febrero de 2017 el Fideicomiso Río Sonora, y que serían para la construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental de Sonora, nunca llegaron a las arcas federales para su aplicación por los daños ocasionados en el derrame de lixiviados sobre el Río Sonora en agosto de 2014, confirmó Wenceslao Cota Montoya.
El delegado de la Secretaría de Gobernación en Sonora dijo que, del total del recurso de 2 mil millones que aportaría Grupo México solo se utilizaron 1, 250 millones de pesos, el resto no fue liberado por la empresa, dado que consideró que el daño había sido reparado.
No se aportó porque no hay disposición de ese dinero por parte del Fideicomiso. El fideicomiso terminó su función entre febrero y marzo de 2017”.
El funcionario federal explicó que Grupo México dividió en 4 etapas de 500 mil pesos cada una, la entrega de los 2 mil millones de pesos; sin embargo, la última ministración y una parte de la anterior no fueron aportadas al gobierno federal.
Grupo México no entregó juntos los 2 mil millones de pesos, si no que entregó en una primera ministración, 500 millones, hay una cláusula dentro del fideicomiso, que cuando el dinero se fuera agotando, se entregarían otros 500 millones”.
Existe otra cláusula comentó, en la que se señala que, si hay requerimiento, para continuar con el resarcimiento de los daños, se entregaría la parte que sigue, de lo contrario, la empresa minera, podría suspender en cualquier momento la entrega de este recurso.
Lo que yo puedo deducir, es que ese dinero en la última ministración no se aportó al fideicomiso, porque no hay disposición de ese dinero”.
Además, Cota Montoya mencionó que, en cuanto a los apoyos económicos a pobladores, hubo quienes recibieron hasta cuatro veces el pago por resarcimiento de daños, y otros tantos que no recibieron un solo peso, situación que causó molestia entre los habitantes.
Hubo mucha gente que todavía se dolía de que no les habían pagado, ya sea por el concepto de ganaderos, agricultores, de la salud, o por concepto de tomas de agua domiciliarias, entonces había muchos que decían que no les habían pagado, como también hubo muchos que no nada más un pago recibieron, sino hasta 4”.
jamp