Por destinar recursos del Seguro Popular 2017 para la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos bajo el esquema de tercerización, en el cual excedió el porcentaje establecido de cinco por ciento para este rubro, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presume un probable daño de 57 millones 390 mil 963 pesos del gobierno de Hidalgo a la Hacienda Pública, monto del cual exige su reintegro.
En la auditoría de cumplimiento financiero 976-DS-GF –parte de los resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2017- el órgano federal detectó que al 31 de diciembre el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Hidalgo (REPSS) destinó 79 millones 11 mil 900 pesos a estas adquisiciones, lo cual representó 18.3 por ciento de los 432 millones 418 mil pesos autorizados, por lo que rebasó el porcentaje establecido de cinco por ciento.
A este monto, sumó otro probable perjuicio por 3 millones 182 mil 179 pesos por no aplicar a un contratista las penas convencionales por el atraso en la entrega de medicamentos pagado con recursos del Seguro Popular, por lo que solicitó que el dinero sea acreditado con la evidencia documental o reintegro a la Tesorería de la Federación.
En la inspección a los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, la ASF también emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa por la adjudicación de manera directa siete contratos financiados con el Seguro Popular, sin disponer de la justificación y del soporte suficiente que acredite la excepción a la Licitación Pública.
Aunado a ello, constató que la cuenta bancaria del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Hidalgo no fue administrada en forma específica, debido a que constató depósitos de otras fuentes de financiamiento por 6 millones 238 mil 900 pesos; asimismo, transferencias a otras cuentas por 6 millones 44 mil 900 pesos, las cuales, añadió, fueron reintegradas en su totalidad de manera inmediata.
Además de esto, observó que los Servicios de Salud no acreditaron que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se conformara y participara dentro de los procesos de adjudicación de los contratos.
bl