Opinión

Desarrollo vs. Medio ambiente: información para decidir

Los gobiernos mexicanos deben garantizar el acceso a información pública sobre el impacto ambiental de cualquier proyecto de infraestructura. | Joel Salas

  • 21/03/2019
  • Escuchar

El INAI resolvió el recurso de revisión RRA 9113/18 recientemente e instruyó a la CONAGUA buscar exhaustivamente un documento titulado “Consideraciones Hidrológicas y Ambientales para el Posible Desarrollo de Infraestructura Aeroportuaria en el Lago de Texcoco”, realizado en 2012. Según notas de prensa, este texto contrasta significativamente con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) de 2014. Supuestamente, el primero advierte sobre los impactos ambientales negativos de construir el NAICM en la zona del Lago de Texcoco, pero la segunda los minimiza. Las discrepancias entre ambos estudios generaron dudas sobre la viabilidad del proyecto que aún continúan, a pesar de la cancelación del proyecto. Si ambos documentos fueran públicos sería posible eliminar dichas dudas.

Como ejemplifica el caso del NAICM, en México varios proyectos de infraestructura presentan una característica reiterada: las obras comenzaron a pesar de la denuncia de falta de información pública accesible y oportuna sobre los posibles impactos ambientales y las acciones de mitigación a los mismos. Otros ejemplos son el Tren Interurbano México-Toluca, el cual lleva 50% de avance pese a que aún no concluyen los estudios sobre el impacto ambiental de la obra, y la termoeléctrica La Huexca, cuya construcción inició sin consultar a las comunidades originarias y que trabajará luego de una consulta ciudadana que, según denuncias, tampoco incluyó a los anteriores. Como ya se sabe, la continuación de algunos proyectos fue sometida a consulta por el nuevo gobierno federal: el NAICM, se cancela, y la Huexca, continúa. Se esperan resultados de un estudio de la UNAM sobre el Tren México-Toluca, ¿continuará?

La información pública permitiría al gobierno federal explicar con datos claros y concretos los costos y beneficios de cancelar o continuar proyectos heredados de administraciones anteriores y de su propio proyecto de infraestructura. Existen al menos tres casos que han causado revuelo por sus posibles impactos ambientales: la refinería en Dos Bocas, Tabasco, el Tren Maya y el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, Estado de México. Hasta el momento se sabe que el Instituto Politécnico Nacional hará los estudios ambientales del Tren Maya y que se desconocen los impactos ambientales porque aún se encuentra en licitación el proyecto ejecutivo; que aún no se ha elaborado la MIA de la refinería en Dos Bocas sin la cual no puede iniciar la obra; que entre febrero y diciembre de 2019 se realizarán los estudios sobre el impacto ambiental del aeropuerto en Santa Lucía y que pueblos originarios de la zona denunciaron que no se les garantizó el derecho a consulta previa.

Los gobiernos mexicanos deben garantizar el acceso a información pública sobre el impacto ambiental de cualquier proyecto de infraestructura. Firmamos el acuerdo de Escazú -por cierto, falta que el Senado lo ratifique-, reconociendo que la información oportuna y adecuada es necesaria para participar en las decisiones que afectan nuestro entorno y vida, así como para acceder a la justicia cuando se nos vulnere el derecho a un medio ambiente sano. Queremos desarrollo, pero también un futuro seguro para todas y todos, especialmente, para los pueblos originarios cuya vida requiere armonía con el entorno. La información pública es la clave para mantener el equilibrio entre estos objetivos y para demostrar que el gobierno federal cumplirá con la ley.

Las palabras se las lleva el viento

@joelsas | @OpinionLSR | @lasillarota