El último reporte de la Comisión de Reconstrucción tiene contabilizados 56 edificios con demolición, pero otros 60, cuyo proceso fue avalado, aún están pendientes debido a distintas causas, una de ellas: el desacuerdo entre vecinos sobre el destino de los inmuebles deshabitados desde hace 10 meses, lo que mantiene en proceso su demolición.
La vocera de la Comisión de Reconstrucción, Fátima Soto, explicó a LA SILLA ROTA que para llegar a la demolición hay una serie de pasos, por ejemplo, hay que identificar y dar aviso al propietario del inmueble Eso lo hace Conserjería Jurídica capitalina.
“Se necesita el consentimiento del o de los propietarios para llevar a cabo una demolición. Cada inmueble tiene su particular problemática. No podría contestar (en todos) porque desconozco cada uno de los casos”, detalló.
Para la demolición de inmuebles se requiere, entre otras cosas, contar con Dictamen emitido por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, por un Corresponsable en Seguridad Estructural (CSE) o un Director Responsable de Obra (DRO) con registro vigente.
Además de que el dictamen del inmueble debe ser sometido a consideración del Comité de Emergencias de Protección Civil para su aprobación de demolición. Una vez avalado, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales debe notificar la decisión a los dueños del inmueble.
Si los propietarios del inmueble están de acuerdo en la demolición, firman una carta de consentimiento.
“NO TODOS ESTÁN DE ACUERDO CON LA DEMOLICIÓN”
El edificio Centauro de la unidad habitacional Los Soldominos en la colonia Doctores, que quedó dañado por el sismo del pasado 19 de septiembre, será demolido a pesar de que no cuenta con la aprobación de todos los vecinos, así como con los estudios de mecánica de suelo y estructura.
Debido a ello, Juan Manuel Fiesco, dueño del departamento 401 de ese inmueble interpuso una demanda de amparo, la cual fue admitida el pasado 23 de julio por lo que este proceso jurídico podría retrasar la demolición.
El argumento de la demanda es que el proceso para determinar la demolición del Centauro fue ilegal y omiso, afirmó Leslie Nequiz, esposa de Juan Manuel Fiesco.
La vocera de la Comisión de Reconstrucción dijo al respecto que uno de los problemas del proceso de demolición y reconstrucción de ese edificio, que cuenta con 56 departamentos, es el desacuerdo entre vecinos.
Guadalupe Patiño, otro de los condóminos del edificio Centauro, relató que después del sismo los vecinos estaban unidos; sin embargo, conforme al avance de las negociaciones con la Comisión de Reconstrucción se dividieron y se crearon dos grupos: uno que quería la demolición y otro la rehabilitación.
“No se ha podido hacer un solo grupo. Después del sismo y que nos constituimos (como asamblea) se votó por la reparación, incluso se mandó hacer un dictamen particular. Posteriormente surgió otro grupo de que quería la demolición, que mejor un edificio nuevo. Creo que ninguna de las dos posturas está mal si se hace en beneficio de todos”.
IRREGULARIDADES Y OMISIONES EN DEMOLICIONES, DE ACUERDO A VECINOS
Agregó que en cierta manera todos están a favor de la demolición, el problema y desacuerdo está en que la mayoría avaló que el edificio se derribe con los términos que estableció el gobierno: redensificación y créditos del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi), y sin que se cuente con los estudios estructurales. El otro grupo indica que no se puede demoler sin estar completamente seguros la condición del subsuelo y que hubo omisiones en los pasos.
“Analizando en conjunto todos estamos de acuerdo, lo que no es en los procedimientos, no se ha dado la información completa y por escrito. Lo que más peleamos, me uno a la petición de la familia Fiesco Nequiz, es la certeza y legalidad jurídica, qué nos den un documento de cómo y cuándo lo harían y costos”.
Patiño cuestionó el hecho de que la Consejería notificó de manera general a los condónimos, ya que personal de la dependencia entregó el documento a un vecino afuera del edificio y no estaban todos.
“La notificación para que sea válida legalmente la tienen que entregar personalmente, pero aquí ya nadie vive, por lo tanto ese procedimiento fue ilegal”.
Leslie Nequiz y su abogado detallaron que interpusieron la demanda de amparo en contra de la demolición porque no se cumplieron todos los pasos. De acuerdo a ellos, el dictamen que encargaron a un DRO particular arrojó que la estructura del edificio no se dañó y se podía rehabilitar.
Nequiz consideró que el dictamen debió de haber sido elemento suficiente para no demoler, sin embargo no se tomó en cuenta.
Otra omisión, acusó, es que no existe la certeza de que todos los vecinos sean propietarios. “No hay una relación de vecinos que acrediten su propiedad. Ni tampoco la autoridad ha realizado una investigación para determinar quién tiene derecho al voto”.