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Con acusaciones de corrupción debaten candidatos al Senado en Hidalgo

Los abanderados de los distintos partidos políticos no dejaron pasar la oportunidad de echarse en cara las acusaciones de corrupción que pesan sobre ellos

Escrito en ESTADOS el

Acusaciones de corrupción, por presuntos desvíos, conflictos de interés y posible uso indebido de los cargos que han ostentado en su carrera política intercambiaron durante el primer debate organizado por el instituto electoral los candidatos a senadores por Hidalgo Alejandro González Murillo –sobrino del exprocurador Jesús Murillo Karam–, de la alianza Todos por México, y Julio Menchaca Salazar, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, expriista, postulado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En las réplicas de la primera ronda, que abordó el tema de seguridad, González Murillo culpó a Menchaca de ser favorecido con 300 concesiones de taxis mientras fue presidente del Poder Judicial, en el sexenio del exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto, quien sucedió a su tío Murillo Karam.

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“Julio –dijo–  militó 30 años en el PRI y no se dio cuenta de lo que sucedía ahí cuando le beneficiaba”, en respuesta a las responsabilidades que había fincado su contendiente al gobierno federal del Revolucionario Institucional. Además, afirmó que incurrió en fraude con el proyecto de construir una guardería para trabajadores tribunal.

“Me divierte lo que dice el señor Murillo (…) Me divierte su autoridad moral, (porque) siendo diputado sus empresas obtuvieron contratos millonarios”, respondió Menchaca en referencia a la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que dio cuenta de 43 contratos por 4 mil 625 millones de pesos que recibieron de dependencias federales tres empresas constructoras de hijos, sobrinos –incluido Alejandro–, parientes políticos y allegados de Jesús Murillo en los tres años que éste fue titular de la PGR y de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano (Sedatu).

El ahora neoaliancista, antes diputado federal plurinominal por Encuentro Social, replicó que la información no tenía sustento y la calificó como un “golpe político”, aunado a que pidió presentar pruebas y acreditar las acusaciones; no obstante, Menchaca le contestó que él tampoco mostró evidencia de las acusaciones y puso en duda que tuviera título de licenciatura.

En su intervención, en la ronda de transparencia, la candidata de la coalición Por México al Frente, Darina Márquez Uribe, dijo que para dar certeza de los bienes e ingresos que poseen los aspirantes al cargo, presentaran sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, debido a que ninguno ha dado a conocer esa información. Sin embargo, los datos sobre ella, aunque presentó en una conferencia de prensa previa un acuse del Instituto Mexicano de la Competitividad, el cual fue promotor de la ley tres de tres, no aparecen en el portal habilitado por esa asociación. 

Darina, cuando los cuatro aspirantes que acudieron al debate respondían a la pregunta de si se debía crear un marco normativo para a las policías comunitarias, discrepó con Alejandro González, quien dijo sí a la regulación, pero sin proporcionarles armas de uso exclusivo del Ejército.

“No sería una forma justa, porque aquellos con los que se van a enfrentar no van a llegar con paletitas”, señaló.

Al responder sobre sus estudios profesionales, González Murillo dijo: “qué lástima que pasen hasta por encima de su mamá” para difamar, como consideró hacía su rival en el proceso, y contestó que al dudar de si cursó la licenciatura en derecho se difama la honorabilidad del exmagistrado Juan Manuel Menes Llaguno, dueño de la Universidad Iberoamericana –la cual expide su título–. Menes fue uno de los miembros del PRI que obtuvo una notaría en la administración del exgobernador Francisco Olvera, y fue inmerso en el juicio de 1078/2016 por probable conflicto de interés en la asignación de patentes.

Durante el debate, el que registró menos participaciones fue Máximo Jiménez, del Partido del Trabajo (PT), quien, en el mayor tiempo que le fue conferido, se dedicó a leer documentos sobre los temas por los cuales era cuestionado. No obstante, en su participación final acusó una campaña contra su instituto político para promover que en las boletas no se tache esa opción en los votos que son para Andrés Manuel López Obrador, y recordó que quienes hoy están con el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, hace dos décadas militaban en el PRI, el PAN o el PRD.

En el cierre, González Murillo acusó a Menchaca de improductivo, pues aseveró que cuando fue legislador local sólo presentó dos iniciativas, y en una, acusó, quiso criminalizar a graffiteros.

En tanto que Darina Márquez acusó impunidad en casos de exfuncionarios “que gustan de pellizcar el dinero”, después de que Pablo Pérez Martínez, exsubsecretario de Finanzas y Administración de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), denunció públicamente al exgobernador Francisco Olvera Ruiz, actual presidente del PRI en la Ciudad de México, por un probable desvío de 2 mil 700 millones de pesos entre 2011 y 2016, con lo cual, aseguró, incrementó su patrimonio y posiblemente transfirió recursos a cuentas en Suiza.

mvf