VERACRUZ (La Silla Rota).- A solo cinco meses del inicio del Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública, luego de que el Subdirector de Custodios del Penal de Pacho Viejo, ubicado en el municipio de Coatepec, golpeó a un interno.
La recomendación 24/2019, resultado del expediente: CEDH-3VG-DAP-0001-2019, acredita actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos en perjuicio de una persona privada de la libertad, pese que el Estado está obligado a garantizar su integridad física al interior del Centro de Readaptación Social.
En la narrativa del documento que se emitió el pasado 22 de abril, se determinó que un interno, identificado como Víctima 1, fue golpeado al interior del penal el pasado 02 de enero, a solo un mes del inicio de la nueva administración, para obligarlo a reconocer que estaba en posesión de marihuana.
La investigación se inició luego de una denuncia anónima, que se presentó un día después, en la que se daba cuenta de las vejaciones que padeció uno de los internos del penal de Pacho Viejo.
El día 02 de enero del año 2019 a las 20:00 horas aproximadamente, el Subdirector de Seguridad y Custodia del CERESO. Zona 1, en compañía de 8 custodios más, agredieron físicamente a V1.
“El peticionario refiere que la agresión física derivó de que el personal de Seguridad y Custodia había localizado un envoltorio con marihuana en el interior del CERESO y pretendían que él asumiera la responsabilidad del ilícito”, detalla la recomendación que emitió la presidenta, Namiko Matzumoto Benítez.
Los golpes que propinaron a V1 persistían 65 días después, cuando personal del Hospital Luis “F.” Nachón verificó los hematomas y las fracturas “provocadas de manera intencional”.
“Adicionalmente, la SSP reconoció espontáneamente que el encargado de Seguridad y Custodia del CERESO Zona 1 golpeó al C. V1”, detalla la recomendación 24/2019.
El documento retoma la obligación del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos, abstenerse de atentar contra éstos y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención.
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El incumplimiento de lo anterior, tal como ocurrió con V1, resulta en una violación de la prohibición absoluta de aplicar tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
De acuerdo con el informe rendido por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el 21 de febrero del año en curso, 51 días después de la agresión, V1 manifestó al servicio médico del CERESO Zona 1 tener dolor en la región costal izquierda, derivado de la fractura que le fue ocasionada por los golpes.
El personal del servicio médico del CERESO Zona 1 certificó el 07 de marzo, 75 días después del incidente, que la víctima seguía en proceso de recuperación de la fractura provocada y continuaba bajo tratamiento médico.
La Comisión Estatal determinó que las agresiones perpetradas en contra de la víctima fueron realizadas de manera intencional, le ocasionaron graves secuelas físicas y tenían el propósito de que V1 asumiera su responsabilidad por la comisión de hechos ilícitos, específicamente posesión de marihuana.
Por lo anterior, se pidió la reparación del daño de V1. Se determinó que la SSP deberá iniciar procedimientos internos de investigación para determinar las responsabilidades individuales de los servidores públicos involucrados, además, les piden capaciten a los custodios encargados de la seguridad al interior de los penales.
Se pide a la FGE investigue efectivamente los actos de tortura cometidos en contra de V1, garantice que se siga un proceso contra los presuntos responsables de estos ilícitos y, en su caso, que se les impongan las sanciones pertinentes y se reparen los daños y perjuicios sufridos.
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¿Conflicto de interés?
La recomendación se giró a la Secretaría de Seguridad Pública, dependencia en la que labora el hijo de la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Recientemente se comentó que Luis Augusto Urbina Matzumuto se incorporó a la nómina estatal el pasado mes de febrero.
En entrevista en un medio local, la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez, confirmó que su hijo trabaja en la administración de Morena: “no tengo porque negarlo, no es un delito”.
La titular de la CEDH descartó que exista un conflicto de interés dado que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) es un órgano autónomo, descentralizado de la administración pública, y a la fecha ha emitido un total de 41 recomendaciones para la SSP, incluida la del caso de tortura de Gilberto Aguirre, exdirector de Policías Ministeriales, que se dio de manera conjunta con la Fiscalía General del Estado.
“Y por otro lado, imagina que mis hijos -que son dos profesionales- no tuvieran derecho (a trabajar en la administración pública) solo porque son mis hijos. Lo que prohíbe la ley es que no trabajen en el mismo sitio donde tú estás trabajando”, acotó en entrevista.
La recomendación 24/2019 es el primer caso de tortura que se acredita al interior del penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec.
Días después se emitió una segunda recomendación, en la que se involucra a Gilberto Aguirre Garza, exdirector de Servicios Periciales de la administración de Javier Duarte de Ochoa, a quien se le torturó con música de reggaetón y banda.
ndm