Xalapa, Ver. - La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, indemnizar a dos personas que fueron agredidos por personal de la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Arturo Bermúdez Zurita.
El Ejecutivo Estatal tendrá que asumir la responsabilidad por los hechos registrados en noviembre del 2014, durante la administración de Javier Duarte, así se dio a conocer en un boletín que se emitió este martes 25 de diciembre.
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La recomendación se atendió en el periodo de Miguel Ángel Yunes Linares, pero no se llegó a un acuerdo por falta de recursos en materia de reparación del daño.
El escrito también involucra al poder Legislativo, pues les piden garantizar un presupuesto al Fondo Estatal de Atención a Víctimas, para que se pueda resarcir el daño económico a dos jóvenes que fueron agredidos por dos policías de Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública en Veracruz, quien el pasado 07 de diciembre recobró su libertad tras un proceso penal por delitos de corrupción y desaparición forzada.
La recomendación también observa el actuar de la Comisión Estatal de Víctimas que fue omisa al verificar que se diera cumplimiento a la Recomendación 35/2015, en la que se solicita pagar una indemnización justa y proporcional a las víctimas por daños y perjuicios causados contra ciudadanos de parte de dos policías estatales.
La Comisión Estatal inició el expediente DOQ-1627/2014, derivado de la presentación de la queja de dos ciudadanos -identificados en el expediente como RV y V1-, que tripulaban un automóvil con otras dos personas.
Narraron que el 1 de noviembre de 2014, aproximadamente a las 23:30 horas pasaron a revisión en un puesto de alcoholímetro ubicado sobre la Avenida Maestros Veracruzanos, en Xalapa, integrado por elementos de la Policía Estatal Preventiva adscritos a la Secretaría, donde el personal médico le indicó al chofer de la unidad que podía continuar su camino.
El conductor y el copiloto señalaron que apresuraron la marcha al escuchar fuertes explosiones, pensando que el puesto de revisión había sido atacado por delincuentes, por lo que al temer por sus vidas aceleraron la marcha a fin de buscar un refugio fuera del alcance de algún disparo, pero enseguida de escuchar las detonaciones se percataron que las dos personas sentadas en la parte trasera del auto -identificadas como VI y V2- habían sido heridos por disparos de arma de fuego.
La queja detalla que detuvieron la unidad a un costado del Puente Centenario sobre la Avenida Lázaro Cárdenas, donde fueron alcanzados por una patrulla de la Policía Preventiva de Seguridad Pública del Estado, en la que iban varios elementos cubiertos del rostro, que los señalaron como “delincuentes”.
Después de examinar el interior del automóvil y confirmar su error, al detener a una unidad tripulada por una familia, les recomendaron seguir su trayecto, lo que molestó al conductor, quien reprochó la detención arbitraria.
Para justificar la medida lo acusaron de matar a un policía y lesionar a varios más, al no detenerse en el retén, por lo que fue sometido por los elementos que lo obligaron a dejar el auto y no brindar atención a sus acompañantes, entre ellos una mujer, que perdió la vida.
R1 fue trasladado al puesto de revisión del alcoholímetro donde lo tuvieron esposado boca abajo en la batea de una camioneta, señalando que serían como las 02:00 horas, del 2 de noviembre de 2014 en que fue revisado, al parecer por una doctora, y posterior a ello, fue nuevamente agredido por los elementos policiales”.
Para dejarlo en libertad condicionaron su declaración, fue llevado al cuartel Heriberto Jara mejor conocido como San José, en donde le comentaron que lo ayudarían si decía en una grabación “que los policías del estado habían ido a ayudarlos porque les dispararon, pero sin saber quién”, se lee en la recomendación.
Durante la madrugada del 2 de noviembre, fue trasladado a la Agencia Primera del Ministerio Público en donde los policías que lo llevaron se entrevistaron con el titular en turno y como a las 06:00 horas le dijeron que rendiría su declaración ante el Secretario, quien le dijo redactaría su declaración y una vez que la firmara se podría retirar de ese sitio.
Al cambiar la narrativa de los hechos, exonerando a los policías que habían disparado contra dos de los ocupantes del coche, el Representante Social de la agencia le dijo que suscribiera el documento, pues de no hacerlo no lo dejarían salir a ver a su esposa quien se encontraba internada en el Centro de Especialidades Médicas “Dr. Rafael Lucio”, en Xalapa.
Cuando recobró su libertad acudió al nosocomio donde solicitó información sobre su esposa y amigo indicándole que sólo su pareja ingresó en ese sitio, pero que había fallecido a consecuencia de las heridas de arma de fuego.
La investigación del expediente de queja determinó que “los oficiales y elementos policiacos dependientes de la Secretaría, involucrados en el caso, accionaron e hicieron un uso inadecuado e injustificado de las armas de cargo, resultando lesionado V1, así como V2 quien falleciera como consecuencia de aquella agresión ilegítima, abusiva y arbitraria al haberlos confundido con delincuentes”.
Asimismo, se acreditó que RV fue detenido ilegalmente por los mismos servidores públicos, por lo que se violentaron los derechos humanos a la seguridad e integridad física, a la vida, a la propiedad privada, así como a la libertad.
Por lo anterior, se pidió a la Secretaría se allegue de los elementos de juicio que le permitan conocer las condiciones de vida de RV, R, V1 y V2, sus expectativas y su situación familiar, a través de evaluaciones psicológicas, estudios socioeconómicos y la búsqueda de antecedentes laborales, entre otros, para estar en posibilidad de calcular de qué manera los hechos violatorios afectaron su vida personal y familiar, y así, resarcir los daños causados.
Y es que durante el proceso de queja no se llegó a un acuerdo sobre el monto para resarcir el daño, así como para cubrir los gastos médicos y de defunción de los ocupantes del automóvil que fueron agredidos en noviembre del 2014.
mvf