Xalapa, Ver. – Al igual que en la administración de Javier Duarte de Ochoa, en su primer año de gobierno Miguel Ángel Yunes Linares, transfirió fondos de una cuenta bancaria a otra, incurrió en subejercicio de recursos públicos, cerró cuentas bancarias que no registró contablemente, y no se respetó el tabulador de sueldos y salarios para el pago a funcionarios públicos.
El Informe de Resultados de la Cuenta Pública que entregó el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) a la Comisión de Vigilancia del Congreso local, este lunes 01 de octubre, revela que el panista incurrió en las mismas faltas administrativas, aunque el daño patrimonial fue mucho menor al de su antecesor. El monto podría alcanzar los mil 600 millones de pesos.
El silencio de Serfiplan sobre los temas financieros de Veracruz
Se observó el manejo financiero de tres dependencias, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a cargo de la Senadora Indira Rosales San Román, así como 11 organismos descentralizados y dos fideicomisos, uno de ellos administrado por Joaquín Guzmán Avilés, aspirante a la dirigencia estatal de Acción Nacional, por 338 millones de pesos.
Con la nueva modalidad de Fiscalización Superior, además del daño patrimonial se observó el manejo de 815 millones de pesos que se etiquetaron como “faltas administrativas graves”. En las que destaca la asignación de dos contratos entregados a José Mancha Alarcón, por dependencias como la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y el Instituto de Espacios Educativos.
De no subsanarse el manejo de los fondos, se presentarán denuncias penales ante la nueva Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que preside Marcos Even Torres.
Orfis observa programa Veracruz Comienza Contigo
Este lunes se entregó el Informe del primer año de la administración de Miguel Ángel Yunes. El pliego detalla las observaciones que se generaron a la Secretaría de Desarrollo Social, que encabezó, hasta enero de este año, la senadora panista Indira Rosales San Román
Las auditorías practicadas derivaron en observaciones por el manejo de 4 millones 771 mil pesos, que pagó a la empresa D&P México Servicios Digitales SA de CV, representada por Francisco Medina de la Cruz, para dar mantenimiento al software que alberga el Padrón Único de Beneficiarios, pero no hay muestra documental que se hizo el trabajo.
Se calificó como falta administrativa grave la entrega de cuatro contratos a las empresas D&P México Servicios Digitales SA de CV, Golti SA de CV e Integración Documental SA de CV, por 45 millones 289 mil pesos. Sedesol debía invitar a tres empresas para presentar propuestas económicas, por cada contrato asignado.
Las empresas se encargaron de: otorgar 381 dispositivos móviles, y les brindaron apoyo para su operación; auditaron la plataforma del Programa Veracruz Comienza Contigo y la digitalización del registro y expedientes del proyecto, que permitió a 700 mil familias ser incorporadas para recibir despensas, becas y programas para mejora de la vivienda.
En 2016 la firma D&P México Servicios Digitales SA de CV recibió un contrato, también por adjudicación directa, de 35 millones 826 mil pesos de la Sedesol para adquirir mil 100 equipos móviles que sirvieron para censar a los beneficiarios de programas sociales. La empresa es de la Ciudad de México.
Observaciones empañan aspiraciones del Chapito
La Secretaría de Agricultura, dependencia que hasta este lunes 01 de octubre era dirigida por Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, fue observada por el pago de 500 mil pesos a la Unión Ganadera Regional de la Zona Centro del Estado de Veracruz, que dirige Jesús Ortega Couttolenc.
En el caso del Fideicomiso de Inversión y Administración denominado Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario FIVERFAP, administrado por la Sedarpa, se debe justificar el pago de 38 millones 28 mil pesos que se entregaron a productores y asociaciones campesinas del Estado.
Más daño en dependencias y organismos del Estado
A la secretaría de Protección Civil, se le observó el pago de 227 mil pesos por concepto de nómina, durante la revisión se detectó que funcionarios de la dependencia que dirigía Yolanda Baizabal, hoy titular de la SIOP, cobraban más de lo establecido en el tabulador oficial, que determina los topes máximos y mínimos.
Los pagos extraordinarios iban desde 700 hasta los 15 pesos, dependiendo del nivel del funcionario público. En todos los casos era de director de área hacia abajo.
La Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), a cargo de Víctor Manuel Esparza, debe justificar el manejo de 300 mil pesos que otorgó Conagua, para incidir en la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en el ámbito de los Consejos de Cuenca.
Sesver, con observaciones por más 700 mdp
En el caso de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), pagó de más por la supervisión de los trabajos de remodelación del Hospital Regional Luis F. Nachón; del Hospital Regional de Veracruz y del Niño Veracruzano, antes conocido como la Torre Pediátrica, por un total de 10 millones 322 mil pesos. Lo que se acreditó como daño patrimonial
Irán Suárez Villa, adjudicó de manera directa tres obras, a igual número de empresas, por un monto de 71 millones 654 mil 843 pesos y otorgó contratos bajo la modalidad “precio alzado” por un total de 544 millones 662 mil pesos, por no transparentar la información del proceso de ejecución de las obras. Los últimos dos montos son considerados bajo el concepto: faltas administrativas graves
En lo que respecta al Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano, que maneja la Secretaría de Medio Ambiente, no explicó el gasto de 2 millones 490 mil pesos, que se pagaron a través del programa calidad del aire y la red de guardias forestales de la dependencia estatal.
Empresas del líder del PAN en el pliego de observaciones
La secretaría de Infraestructura y Obras Públicas fue notificada de faltas administrativas graves. Yolanda Baizabal, tendrá que justificar el manejo de más de 54 millones 937 mil pesos que adjudicó de manera directa el ahora senador Julen Rementería través de cuatro contratos.
Además, se observó el contrato que se entregó a la empresa Izal Inmobiliaria SA de CV por 16 millones 779 mil pesos, ya que en el proceso de licitación participó Multiservicios SA de CV, y en ambas constructoras es socio José Mancha Alarcón, líder del PAN, lo que invalidaba la asignación del Contrato.
En el caso de Espacios Educativos se observó el manejo de 10 millones 332 mil 878 pesos, al asignar 29 contratos de manera directa.
En el paquete se incluye la obra asignada a Monserrat Ortega Ruiz, diputada electa de Acción Nacional, y esposa del dirigente estatal José Mancha Alarcón, para rehabilitar la Escuela Normal de Tuxpan.
En el concurso participaron las empresas Biodiversidad del Golfo, SA de CV e Izal Inmobiliaria, ambas tienen como accionista en común a Monserrat Ortega Ruiz, por lo que el Ente Fiscalizable incumplió con los criterios de imparcialidad y transparencia, por no abstenerse de recibir proposiciones. Esa obra costó 2 millones 403 mil pesos.
Más daño patrimonial
Por su parte la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó -de manera parcial- el manejo de 528 millones 275 mil pesos del ejercicio fiscal del 2017. Los datos están contenidos en los Informes Individuales que se entregaron en el mes de julio. En ese caso Yunes Linares debe justificar el manejo de los fondos o reintegrarlos a la Tesorería federal.
De manera adicional el Orfis observó el manejo financiero de n 153 Municipios, por un presunto daño patrimonial de mil 102 millones 373 mil 460 pesos. Y en el periodo de fiscalización se logró el reintegro de 13 millones 981 mil pesos.
mvf