Mientras que nuestro país en 2015 ocupaba el vergonzoso segundo lugar en el Índice Global de Impunidad (IGI) 2015, en 2017 ahora se encuentre en el triste primer lugar.
Una de las lecturas del Índice Global de Impunidad 2017 es, que los trabajos por combatir la corrupción presentan obstáculos, sobre todo de voluntad política, para impulsar temas de la agenda anticorrupción.
La principal institución vulnerada por las crisis causadas por la impunidad podría ser, la investidura presidencial, en el que, por añadidura se extiende a las instituciones a su cargo, así como a los Poderes de la Unión. Existe un Senado debilitado y cuestionado cuando sus legisladores, pese a la oposición ciudadana, eligen a personajes cuestionados por un bajo perfil para el ejercicio del cargo al que fueron propuestos, como Paloma Merodio en el INEGI o Eduardo Medina Mora en la Corte, o para que votaran una ley 3 de 3 a modo, sin poder deshacerse de más de 650 mil firmas que se los exigían; una Cámara de Diputados con el problema de los "moches" y un Poder Judicial con la politización de la justicia, como en los casos de Rafael Caro Quintero de esta administración o la Guardería ABC o Florence Casses en la pasada administración.
Una impunidad que pareciera que se trata del pago de favores de campaña, cuando la ex titular de la PGR tiene lazos consanguíneos con un vicepresidente de Televisa, lo que pone en duda la imparcialidad de sus actuaciones, por ejemplo, en el caso de las narcocamionetas de esa televisora en Nicaragua, o cuando la PGR le devuelve un dinero producto de la sospecha de la corrupción a Raúl Salinas de Gortari y sólo faltando que la PGR le pidiera disculpas de rodillas, mientras que a una indígena, como a Jacinta Madrigal, el Ministerio Público Federal le regatea una disculpa pública por haberla procesado sin pruebas; o una institución desgastada por haber separado de su encargo a un Fiscal de Delitos Electorales que investigaba uno de los principales escándalos de corrupción y soborno de esta administración.
Una impunidad cuando pareciera que sistemáticamente se niega a investigar y resolver, escandalosos casos de corrupción e impunidad, como las propiedades en Nueva York del ex gobernador de Oaxaca, José Murat; la casa en Malinalco del secretario de Hacienda; la línea 12 del metro; así como la cancelación del Tren México – Querétaro, corrupción en el PRI, en el PAN, en el PRD, en Movimiento Ciudadano y la venta del padrón electoral, de Morena y lo cuestionado del origen de los recursos de su sempiterno líder Andrés Manuel López Obrador y corrupción en el PT para vender su miserable subsistencia política a cambio de 3,000 votos y que ahora sea detenida la esposa del dueño del PT Alberto Anaya.
No podían faltar célebres personajes del museo de la corrupción mexicana, como los ex gobernadores como Javier Duarte, Roberto Borge, César Duarte, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández; o personajes como Carlos Romero Deschamps, Humberto Moreira, Arturo Escobar y Vega, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre quienes encontraron en la impunidad mexicana, el nicho ideal que posiblemente nunca los procesará, y con ello, garantizando su protección política a cambio de su silencio.
Faltaría comentar la impunidad en derechos humanos y en seguridad.