Una zona metropolitana se forma a partir del crecimiento de una ciudad que se expande más allá de sus límites político-administrativos y que ocupa territorio de otros municipios, estados o incluso países. La mayoría de las zonas metropolitanas en México se encuentra dentro una misma entidad, pero se tiene el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, la más grande del país, que ocupa también territorio de los estados de México e Hidalgo, y otras de la frontera con Estados Unidos, que mantienen una estrecha relación con ciudades de ese país, como Tijuana-San Diego en California, Ciudad Juárez en Chihuahua-El Paso en Texas y, Nuevo Laredo en Tamaulipas-Laredo en Texas.
De acuerdo con la última publicación conjunta de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sobre delimitación de zonas metropolitanas en México, en 2015 había 74 zonas metropolitanas en México, las cuales concentraban 75 millones de personas (casi el 63% del total nacional), 417 demarcaciones político-administrativas, entre municipios y delegaciones (las pertenecientes en ese momento a las del Distrito Federal), y su presencia se encontraba a lo largo de las 32 entidades del país.
El número de zonas metropolitanas en el país se ha multiplicado a través del tiempo a niveles acelerados. De acuerdo al documento antes citado, en 1960 existían 12 zonas metropolitanas que concentraban al 25% de la población nacional; estos números cambiaron a 37 zonas en 1990 con 39% de la población; a 56 zonas con 56% de la población en 2005 y, finalmente, a 74 zonas con el 63% de la población del país en 2015. Estas cifras indican la velocidad con que el país se está convirtiendo en predominantemente metropolitano en un lapso de 55 años y reafirma la tendencia que a nivel mundial se presenta, de tener una población mayoritaria en ciudades.
La conformación de zonas metropolitanas no es sólo un asunto de expansión territorial, sino que implica una interacción constante entre la población y las actividades de municipios diversos, los cuales coexisten en un contexto heterogéneo en términos demográficos, sociales, económicos, ambientales y políticos. A pesar de esta interconexión, el manejo de las zonas metropolitanas recae en los gobiernos municipales, es decir, se trata de una gestión individualizada para un conglomerado de grandes dimensiones espaciales y complejidad creciente.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, por lo que no contamos con un gobierno metropolitano y no se vislumbra en un futuro cercano que éste se pueda crear. No obstante, la necesidad de una figura de gestión metropolitana es cada vez más evidente para un país estructurado a partir de ciudades y zonas metropolitanas, con problemáticas y necesidades que no competen a un solo gobierno municipal sino a un conjunto conformado por varios municipios que colindan en el territorio y que mantienen dinámicas entrelazadas.
Bajo este contexto, surge la necesidad de cooperar y crear lazos entre las demarcaciones pertenecientes a una zona metropolitana para obtener beneficios comunes, es decir de coordinación metropolitana. Esta se entiende como el trabajo conjunto entre los gobiernos de los municipios que conforman una zona metropolitana en busca de soluciones a problemas compartidos, de propuestas de política pública que lleven a mejorar la movilidad de las personas y las mercancías, de localización y re-localización de las actividades económicas para su mejor distribución dentro del entorno metropolitano, y de mejor organización para la prestación de servicios y ampliación de las coberturas, así como de incremento en la calidad en los mismos.
El tema no es nuevo y existen avances importantes en la materia que pueden ser objeto de réplica en otras zonas del país, sin embargo, no se puede decir que los intentos de coordinación metropolitana sean dinámicos y evolucionen en sus procesos, y que sus efectos positivos se mantengan en el tiempo, ya que intervienen factores como los cortos tiempos de los periodos de gobierno municipal que generan el cambio de autoridades; los bajos recursos económicos disponibles; las disputas entre los partidos políticos; la falta de información y capacitación sobre temas metropolitanos y, por tanto, la falta de incentivos para entablar una relación de cooperación estable y duradera. Con la alta influencia de estos factores, las relaciones establecidas se rompen, la experiencia adquirida se pierde, las expectativas se diluyen y las necesidades de la población continúan y se acrecientan.
Las carencias de coordinación metropolitana son cada vez más evidentes en las grandes ciudades de México y podemos encontrarlas en acontecimientos recientes relacionados con la seguridad pública; la disposición final de residuos sólidos; el abastecimiento de agua; las rutas y cuotas de transporte público y concesionado; los tiempos de traslado de las personas y las mercancías debido a la concentración de puestos de trabajo, servicios educativos y de salud en pocos puntos del territorio y que obligan a los habitantes a recorrer mayores distancias; los congestionamientos vehiculares, y la falta de vínculos para la interconexión vial y de transporte, entre otros.
Es necesario establecer mecanismos claros de coordinación y capacitación en materia de administración y gestión metropolitana para las autoridades y demás sectores pertenecientes a las demarcaciones involucradas, en donde se introduzcan comisiones, comités y organizaciones que agrupen a actores gubernamentales, empresariales, sociales y académicos de los diversos municipios para promover una participación activa, constante y diversa que permita ver más allá de las limitaciones y trabaje por el bienestar metropolitano. Para ello, se torna indispensable la difusión de las ventajas de la coordinación, en donde se resalten tanto los beneficios de llevarla a cabo como los problemas que acarrea no hacerlo. Se trata entonces de inculcar una cultura de ganar-ganar, ceder-ceder, para todos los participantes, con el objeto de crear incentivos que fomenten la participación conjunta.
Dra. Isela Orihuela
Profesora-Investigadora Cátedras Conacyt, del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Es miembro del SIN con estudios de Planeación Urbana, Administración Pública y Políticas Públicas. Sus líneas de investigación son política pública, desarrollo económico local, competitividad urbana, gobiernos municipales y desarrollo territorial, urbano y metropolitano.