Andrés Manuel López Obrador y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) mostraron voluntad para poner pausa a sus diferencias sobre la continuidad en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
Después de las reformas estructurales, la construcción de la terminal aérea es tal vez una de las obras más polémicas de este sexenio, por el costo, el beneficio para ciertos inversionistas y por quedar en el centro del debate político.
Desde antes de ser el candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador se opuso al proyecto y sugirió desde noviembre de 2015 adaptar la base aérea militar de Santa Lucía, en Zumpango, Estado de México para atender los vuelos internacionales.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le respondió de inmediato y descartó la viabilidad técnica del plan de AMLO, luego de consultar a expertos en aviación e infraestructura aeroportuaria.
Los puntos que argumentaron es que era imposible que convivieran ambas terminales porque comparten el mismo espacio aéreo, duplicaría el gasto de aerolíneas en tripulaciones, aeronaves y servicios terrestres.
Es más, dijeron que en materia ambiental provocaría contaminación al mover equipaje entre el aeropuerto actual y la base en Santa Lucía, aunado a que aumentaría el ruido que de por sí producen los aviones.
Ahora, como aspirante presidencial, AMLO insistió en que cancelaría la construcción del Nuevo Aeropuerto, lo que provocó críticas de las autoridades, analistas políticos, de sus detractores y hasta una conferencia del empresario Carlos Slim, quien como otros inversionistas se preocupó por el dinero inyectado en el avance de la obra.
El costo aproximado por cancelar el proyecto se calcula en 120 mil millones de pesos, según cifras del Grupo Aeroportuario, que incluirían demandas por daños y perjuicios, inversión hasta el momento, contratos firmados y hasta liquidación de personal.
Ante la polémica, López Obrador suavizó la advertencia y se dijo abierto a tratar detalles del proyecto, en caso de ganar la Presidencia, donde además invitó a participar al actual jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto.
A su vez, les ofreció garantías a través de los bonos de deuda que se han emitido, que cuentan con un respaldo de los ingresos del TUA (Impuesto de Uso de Aeropuerto), del aeropuerto actual, y una garantía del Gobierno Federal.
De parte de los involucrados, Federico Patiño, director del GACM, dijo que el NAICM es un proyecto rentable, por lo que se puede concesionar con la opción de la construcción público-privada, que el gobierno controlaría por ser un activo estratégico para el país.
Todo, luego que el candidato de Morena puntualizara a los inversionistas que ante la insistencia de hacer el aeropuerto en el Lago de Texcoco, “lo único que pediríamos es que no se utilizara dinero del presupuesto público", dijo.
Para AMLO, la opción de Santa Lucía representa un ahorro cercano a los 200 mil millones de pesos, pues la obra actual calcula que podría costar hasta 250 mil millones de pesos, previo a su exigencia de conocer y transparentar los contratos.
Quienes defienden su avance y que se mantenga, refieren que para 2030 la nueva terminal podría atender a 186 millones de pasajeros, mientras que en el actual sólo sería posible dar servicio a 142 millones.
Pero López Obrador tiene sus propios cálculos. Según consultas con especialistas, la mejor opción sería inyectar unos 60 ó 70 mil millones de pesos en Santa Lucía, en lugar de destinar alrededor 250 mil millones (o más) en el proyecto en que ya gastaron 80 mil millones, nada más por rellenar la zona del Lago de Texcoco.
De acuerdo con el plan, el NAICM se asentaría sobre una superficie de 743 mil metros cuadrados, integraría 68 posiciones remotas, 96 puertas de contacto y un centro de transporte con conexión al Metrobús y estacionamiento. Estaría listo en 2020, pero hay contratos que amplían la fecha hasta 2025.
En la fase inicial operarían tres pistas simultáneamente en una terminal, y para su punto máximo dos terminales donde operarían seis pistas.
En el portal del NAICM explican que el plan financiero para la construcción se diseñó como una estructura mixta de recursos públicos y privados.
No obstante, a finales de febrero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) requirió al GACM aclarar el ejercicio de más de 864.5 millones de pesos por la construcción de la primera etapa, tras realizar seis auditorías en 2016 a pagos de contratistas y proveedores, donde hallaron irregularidades.
La principal anomalía es en el gasto de la barda perimetral en torno al polígono de la obra, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con 33 kilómetros de longitud.
Pero también detectó alteraciones en obras de carga, acarreo y descarga por residuos de demoliciones, desperdicios y desazolve. También cuestionó la autorización de pagos adicionales por concepto de ajuste de costos o asesorías innecesarias.
Con información de SCT, Milenio, Reforma y Forbes.
jamp