Senadores del PRD y del PAN lamentaron ayer que el veto parcial anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto a la ley anticorrupción sólo se enfoque a lo cuestionado por empresarios y no atienda los reclamos para que funcionarios hagan públicas sus declaraciones.
Miguel Barbosa, líder de la bancada del sol azteca, condenó que el titular del Ejecutivo haya cedido ante las presiones del poder económico de los empresarios, mientras ignora las demandas de la sociedad civil para transparentar los bienes de los funcionarios públicos.
"El Ejecutivo exhibió la debilidad frente a la presión que ejercieron los empresarios de México, escudándose en una mala redacción", afirmó.
Sostuvo el legislador que es un error político no haber incluido en el "veto" al artículo 29 de la Ley de Responsabilidades,cuya redacción debilita el espíritu original de la iniciativa ciudadana Ley 3de3, pues pone como límite "lo que afecte la vida privada" para publicar los bienes, intereses e impuestos de los funcionarios.
Fernando Herrera, coordinador de la bancada panista, lamentó que la Presidencia haya decidido mantener en la opacidad la información sobre los bienes de los funcionarios públicos, al no regresar al Congreso, con observaciones, el cuestionado artículo 29, que no contiene a detalle los formatos originales de la iniciativa 3de3.
"Es de lamentar que no se pronuncie sobre la publicidad de las declaraciones. Está claro que el Gobierno y el PRI decidieron mantenerse en la opacidad", manifestó.
Por otro lado, Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, advirtió que, a pesar de las observaciones, insistirán en que los contratistas queden obligados a presentar, por lo menos, su declaración de intereses para evitar el tráfico de influencias.