A una semana de concluir el periodo ordinario de sesiones, el PRD en la Cámara de Diputados revivió el dictamen de la reforma política del Distrito Federal, con la que se pretende dar a los capitalinos una Constitución propia.
El dictamen -presentado por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el perredista Daniel Ordoñez- reconoce la autonomía constitucional a la Ciudad de México en todo lo concerniente a su régimen interior y su organización política y administrativa, y expresa que la Constitución Política de la Ciudad de México reconocerá la protección de los derechos humanos de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
También establece directrices generales sobre la conformación del gobierno de la ciudad y sus poderes, conserva la hacienda pública unitaria, y establece a las alcaldías como el gobierno colegiado de las demarcaciones territoriales, es decir, sustituyen a las delegaciones políticas.
De aprobarse este dictamen, las alcaldías ejercerían su presupuesto de manera autónoma conforme a lo previsto en la Constitución Política local, y la integración de las alcaldías sería: un alcalde y un Concejo de elección popular mediante planillas de entre 11 y 15 miembros.
Los integrantes de los Concejos serían electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, y además plantea la elección consecutiva de alcalde y concejales, hasta por un período adicional.
La Constitución Política de la Ciudad de México establecería la competencia de las alcaldías, los Concejos de la Alcaldías aprobarán el proyecto de presupuesto de egresos de sus demarcaciones.
De igual manera, precisa facultades del Concejo para supervisar y evaluar las acciones de gobierno y controlar el ejercicio del gasto público en la respectiva demarcación territorial. Las demarcaciones territoriales no podrán, en ningún caso, contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos.
El dictamen propone que el Jefe de Gobierno nombre y remueva libremente al servidor público que ejerce el mando directo de la fuerza pública, en tanto que el Ejecutivo Federal podrá remover al servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza pública por las causas graves que determine la ley que expida el Congreso de la Unión. Paco