Una iniciativa para que el Presidente de la República pueda ser enjuiciado por corrupción fue presentada en el Senado de la República.
Fueron cinco senadores panistas los que presentaron la propuesta, la cual también podría aplicar en el caso de que el líder del ejecutivo viole leyes federales y por ende la Constitución.
Autonombrados el Grupo Anticorrupción del PAN; Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo, Francisco Búrquez, Marcela Torres y Víctor Hermosillo, firmaron el documento de la iniciativa.
La legislación detalla que el Presidente pueda ser acusado durante el tiempo de su mandato y hasta tres años después de haya concluido su mandato.
Actualmente, el presidente sólo puede ser enjuiciado por traición a la patria y delitos graves del orden común.
Los artículos de la Constitución que serían modificados por esta iniciativa serían los 108, 110 y 111.
En la iniciativa, los legisladores muestras el caso de tres países donde ésta ley para juzgar al presidente por delitos más allá de la traición a la patria es válida: Perú, Uruguay y Chile.
Si se da luz verde a esta legislación, el Presidente Enrique Peña Nieto podría estar en la mira.
Peña Nieto ha sido acusado de conflicto de intereses en la compra de la llamada Casa Blanca, ubicada en Lomas de Chapultepec y con un valor de 7 millones de dólares.
El inmueble fue comprado a la empresa Grupo Higa una de las empresas que ganó la licitación del tren México-Querétaro, y que antes fue beneficiado por obras públicas en el Estado de México, cuando él fue gobernador.
Posteriormente, la primera dama, Angélica Rivera, aseguró que la casa era de su propiedad y que la había comprado con el dinero que ganó trabajando desde muy joven en la empresa Televisa.
Tras el escándalo, el Presidente encargó a la Secretaría de la Función Pública (SFP), encabezada en ese entonces por Virgilio Andrade, investigar el conflicto de intereses, instancia que rechazó dichas acusaciones, a lo que Peña Nieto ofreció una disculpa por el caso.
La resolución del caso no fue bien recibida por la opinión pública, acusaban una relación de amistad entre Andrade y Peña Nieto, así como una falta de autonomía de la SFP para indagar el caso.
rgg