Ciudad de México (La Silla Rota).- Al menos 164 proyectos de ley y de reforma están pendientes desde 2015 en el Congreso de la Unión, pese a que cuentan con la aprobación ya sea de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores.
De acuerdo con un reporte obtenido por La Silla Rota a través del Sistema de Información Legislativa, en lo que va de la LXIII Legislatura (desde septiembre de 2015 a la fecha), en el Senado están pendientes de trámite 127 minutas (iniciativas que ya tienen el aval de una de las dos Cámaras); mientras que los diputados mantienen suspendidos otros 37 proyectos.
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Aunque los consensos entre grupos parlamentarios fue lo que permitió que en alguna de las dos Cámaras se aprobará por mayoría de votos alguno de los 164 asuntos, en su Colegisladora se mantienen las resistencias y en algunos casos la falta de voluntad para someter a discusión y a trámite los proyectos que ya cumplieron con la mitad de su andar legislativo.
Robo de hidrocarburos
Aunque es un tema que ha ocupado el debate en el Congreso desde 2014, fue en abril de 2017 cuando la Cámara de Diputados aprobó con cambios y devolvió al Senado, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Sin embargo los senadores la tienen “congelada” debido a que quedaron inconformes con las modificaciones hechas en San Lázaro.
De acuerdo con los términos de la minuta modificada su propone incrementar con penas de hasta 30 años de cárcel y multa de 25 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, a quien sustraiga o aproveche sin consentimiento hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos de Petróleos Mexicanos.
De igual forma, se establecen penas de hasta 8 años de prisión y multa de 8 mil veces el valor de UMA vigente, al arrendatario, propietario o poseedor de algún predio donde exista una toma clandestina y tenga conocimiento de esta situación.
Sin embargo y pese a que de acuerdo con cifras oficiales los delitos en contra de la industria petrolera causan pérdidas económicas por más de 40 mil millones de pesos anuales, situándose así como una de las actividades ilícitas más redituables solamente después del narcotráfico y el tráfico de armas, para el Senado no ha sido prioridad retomar el proyecto en la materia.
Usurpación de identidad
También en el Senado está pendiente desde diciembre de 2016 una minuta que reforma el Código Penal Federal en materia de usurpación de identidad.
El proyecto que se encuentra detenido en las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, adiciona un artículo para establecer que una pena de uno a seis años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días de multa a quien cometa el delito de usurpación de identidad. Las penas previstas aumentan hasta en una mitad cuando el ilícito sea cometido por un servidor público.
Investigación de secuestros
Asimismo en la Cámara alta se recibió en septiembre de 2015, casi al inicio de la presente legislatura, una minuta de la Cámara de Diputados que modifica la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro.
Los diputados habrían avalado que los ministerios públicos puedan ordenar a los concesionarios de telecomunicaciones que proporcionen, de forma inmediata y sin demora, la información relativa a la localización geográfica de equipos de comunicación móvil. Del mismo modo, se buscó que los concesionarios colaboren con las autoridades competentes en las acciones que permitan investigar y perseguir este delito y suspendan el servicio de telefonía para efectos de aseguramiento, en cumplimiento al mandato ministerial o judicial correspondiente.
Sin embargo, y aunque ya hubo algunos temas aprobados y publicados por el Congreso en materia de geolocalización, está minuta sigue vigente pues aborda el tema con una reglamentación muy específica. Pese a ello, se mantiene pendiente en Comisiones.
Protección a mujeres víctimas de violencia
Al igual que las anteriores, este es uno de los 127 proyectos que el Senado mantiene en suspenso en las comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda. El cual ya había sido aprobado en diciembre de 2016 por los diputados.
Esta minuta establece que las órdenes de protección de emergencia y preventivas para resguardar la integridad de mujeres que hayan sido víctimas de violencia deberían expedirse en forma inmediata máximo en el transcurso de las seis horas siguientes al conocimiento de los hechos: y deberían tener una temporalidad indefinida en tanto se considere que no existe riesgo contra la víctima que solicita la protección.
Asimismo plantea que el Ministerio Público dictaría oficiosamente cualquiera de las órdenes de protección preventivas o de emergencia, sin necesidad de autorización judicial y sin perjuicio de que pueda sustituirla por alguna medida de protección o providencia precautoria como lo prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales.
También determina que en casos de violencia contra las mujeres aunque la víctima no solicite medida cautelar alguna, si el juez advirtiere algún riesgo deberá emitir alguna orden de protección preventiva o de emergencia prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Violencia política
A diferencia de las anteriores, la minuta sobre violencia política estuvo pendiente en la Cámara de Diputados desde marzo de este año, y fue hasta hace unos días (previo al cierre de periodo) que decidieron avalarla con algunas modificaciones para devolverla al Senado.
Aunque tuvieron varios meses para discutirla y hacerle los ajustes pertinentes, los diputados avalaron el proyecto con demora por lo que se mantiene pendiente ahora en el Senado donde el tiempo no alcanzó para analizar los cambios y aprobarla de manera definitiva.
Esta minuta reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El documento que regresó al Senado contempla reformas a las leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en Materia de Delitos Electorales y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Los ajustes definen y estipulan claramente las conductas que serán consideradas como violencia política por razón de género; se otorgan facultades al Instituto Nacional Electoral (INE) para formar parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Además puntualiza que los partidos políticos estarán obligados a garantizar los derechos político electorales de sus mujeres militantes.
Mando mixto policial
Mención aparte merece la minuta relativa al mando mixto policial que apenas el 30 de noviembre fue rechazada por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
Esta minuta avalada por el Senado desde junio de 2016, derivó de la iniciativa propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto en diciembre del 2014 tras la desaparición de los 43 normalistas de la normal Isidro Burgos en Ayotzinapa. Aunque contó con el aval del PRI y del PVEM en el Senado, en San Lázaro tuvo un rechazo de estas fuerzas a las que se sumó Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social.
Los senadores establecieron que las corporaciones de policías municipales no desaparecerían como lo sugirió el Presidente, sino que se coordinarían con fuerzas estatales de seguridad. Creaban además un Sistema Nacional de Seguridad Pública que propondría indicadores para la evaluación y supervisión de las corporaciones policiales.
Debido al rechazo que terminó por sepultar la minuta, ambas Cámaras del Congreso acordaron realizar una consulta popular en las urnas junto a las elecciones de 2018, sobre si el ciudadano desea el Mano Único o el Mando Mixto para los cuerpos policiacos del país.