La Comisión Permanente del Senado exhortó a las dependencias del gobierno federal para que el Estado mexicano se adhiera y aplique las disposiciones del convenio sobre Ciberdelincuencia, conocido como Convenio de Budapest, su protocolo adicional.
El Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, entró en vigor el 1° de julio de 2004 y constituye el primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de internet y de otros sistemas informáticos.
El propósito del convenio, es desarrollar una política criminal común frente al ciberdelito, mediante la homologación de la legislación penal, sustantiva y procesal, y el establecimiento de un sistema rápido y eficaz de cooperación internacional.
Reconoce que existen diversos ilícitos asociados al uso de plataformas tecnológicas; algunos de ellos exclusivos del ciberespacio, como el sabotaje informático o el acceso indebido a sistemas de información, entre otras.
Mientras que el Protocolo Adicional adhiere las disposiciones del convenio respecto a la penalización de actos y conductas de naturaleza racista y xenofóbica cometidas a través del uso de sistemas de cómputo y representa una extensión adicional del alcance del convenio.
De acuerdo con reportes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y de la Policía Cibernética del país, las pérdidas anuales por ciberdelitos ascienden a tres mil millones de dólares. Es preciso señalar que este delito, se considera el segundo más importante en México, después del narcotráfico que afecta al menos a cinco de cada seis empresas con 22 millones de personas que han sido víctimas de esas conductas delictivas.