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Legisladores ‘prometen’ aclarar en un mes en qué gastaron 2.9 mmdp

Las auditorias de la Cuenta Pública 2015 revelaron que el Congreso mexicano “olvidó” justificar más de 2 mil 950 millones de pesos

Escrito en CONGRESO el

La Cámara de Diputados solventará en los próximos 30 días las observaciones de opacidad que dio a conocer la Cuenta Pública 2015, a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

 

El presidente de Cámara de Diputados, el panista Javier Bolaños Aguilar, dijo que se atenderán a cabalidad todas las observaciones y solventarán todas las dudas vertidas en las auditorias.

 

“Todas y cada una de las observaciones que la Auditoría Superior ha emitido en lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados serán atendidas a cabalidad, informadas de manera muy clara y precisa, y serán solventadas”, dijo.

 

Incluso, el legislador panista adelantó que si hubiera “errores o alguna omisión” también se comunicará a la ASF, por lo que también pidió a los grupos parlamentarios atender las dudas que se contemplan en la Cuenta Pública 2015.

 

“Lo que tiene que ver a cada grupo parlamentario, cada grupo parlamentario tendrá que atender y responder estas observaciones”, agregó el legislador morelense.

 

En lo que corresponde a mi grupo parlamentario, continúo el diputado, se hará con mucha puntualidad, independientemente de que esta Cámara este conformada por diferentes grupos, por lo “que también somos diputados que debemos atender nuestra responsabilidad y entregar cuentas también a los ciudadanos”.

 

 

 

Las irregularidades

La Cuenta Pública 2015, una vez más, informó sobre la opacidad en los recursos que destinan a las bancadas parlamentarias, a través de subvenciones –en el caso de la Cámara de Diputados— y de las asignaciones a grupos parlamentarios –en el caso del Senado--.

 

Las auditorias de la Cuenta Pública 2015 revelaron que el Congreso mexicano “olvidó” justificar más de 2 mil 950 millones de pesos.

 

Estas observaciones por parte de la ASF no son nuevas, pues el titular de ASF, Juan Manuel Portal, año con año insiste en que el Congreso debe clarificar el destino de ese recurso millonario, sin embargo, diputados y senadores hacen caso omiso.

 

 

En esta ocasión, la auditoría financiera y de cumplimento hecha a la Cámara de Diputados revela que subsiste una limitada rendición de cuentas de los recursos ejercidos en “Subvenciones” y otros conceptos relacionados con las actividades legislativas que en el año 2015 ascendieron a mil 742 millones 978 mil pesos.

 

“No se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto, o bien, comprobar que los recursos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos”, detalla la auditoría.

 

El mismo esquema de opacidad de repitió en el Senado de la República y ahora el faltante asciende a casi mil 207 millones de pesos, vinculados a la partida 39903 correspondiente a las “asignaciones a los grupos parlamentarios.

“No se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto, o bien, comprobar que los recursos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos”, detalla auditoria.

 

 

Pacto

Ante este escenario, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, sin discusión, un acuerdo de la Jucopo para convocar a los gobiernos federal, estatales y municipales a la Cámara de Senadores, a los Congresos locales, al Poder Judicial de la Federación, a los organismos autónomos, a las cámaras empresariales, a los colegios de profesionistas, a las organizaciones civiles, y a la sociedad en su conjunto a la celebración de un pacto nacional por la integridad para fortalecer los mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, relacionados con la hacienda pública de los tres órdenes de gobierno para genera, incrementar y consolidar la confianza de los ciudadanos sobre el manejo de sus recursos públicos.

 

Los diputados también exhortaron al Ejecutivo federal, así como a las autoridades competentes, a que aceleren y agilicen el procedimiento correspondiente a las observaciones con impacto económico pendientes de solventar de 2011 a 2014, a los procedimientos resarcitorios y a las denuncias penales relacionadas con la simulación de reintegros.