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Legisladores federales se aferran a la opacidad en 'moches': ASF

En 2014 y 2015 existen subejercicios, inobservancias, opacidad en el manejo de dinero y falta de aplicación de los recursos públicos

Escrito en CONGRESO el

Una vez más, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró un abultado número de anomalías en los recursos destinados en el Ramo 23, lugar en el Presupuesto de Egresos de la Federación donde los diputados federales etiquetan dinero para “moches”.

 

En una revisión a las dos últimas Cuentas Públicas presentadas por la ASF, las de 2014 y 2015 se constata la existencia de subejercicios, inobservancias, opacidad en el manejo de los recursos y principalmente “la falta de aplicación de los recursos públicos”.

 

En los últimos años se han incrementado las críticas de las organizaciones de la sociedad civil, quienes han buscado por la vía legal obligar la transparencia del destino de los recursos del Ramo 23, donde los legisladores etiquetan el dinero para “moches”.

 

En 2015, por ejemplo, el “Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal” generó un posible quebranto de casi 25 millones de pesos, correspondiente principalmente a recursos no transferidos a los municipios beneficiados.

 

“Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, debido a que no se proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos”, detalla la Cuenta Pública 2015.

 

En el caso del Fondo de Infraestructura Deportiva, en 2015 se generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 145 millones 730 mil pesos.

 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 30 entidades federativas reportaron a la UPCP de la SHCP la información trimestral de los proyectos, incluyendo los avances físicos y financieros; sin embargo, los estados de Baja California Sur y Yucatán no reportaron el avance financiero.

 

“En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las entidades federativas no realizaron una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio”, detalla la auditoria.

 

 

Municipios bajo la lupa

Otro ejemplo del mal manejo y de la poca transparencia en el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015, es el municipio de Acapulco, Guerrero.

 

De acuerdo con la Cuenta Pública 2015, hay un posible quebranto a las arcas públicas por el orden de 8 millones 161 mil pesos, por pagos de obras sin que se acredite que los terrenos donde se realizaron dichas obras fueron públicos y pagos de volúmenes de obras que no fueron ejecutadas, entre otros.

 

De igual forma, se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no se publicó la información de los proyectos en un medio accesible al ciudadano, ni los avances físicos y financieros, costos unitarios, proveedores, metas y unidades de medida y no fue posible identificar los recursos del FOPADEM 2015 en el reporte de la Cuenta Pública 2015, ya que la información es reportada de manera consolidada conjuntamente con otras fuentes de financiamiento.

 

“En conclusión, el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio”, detalla la auditoria.

 

En materia de del Fondo de Infraestructura Deportiva, Acapulco tuvo un faltante de 9 millones 329 mil pesos, por pagos a una obra que no corresponde con la autorizada en el convenio para el otorgamiento de subsidios.

 

Otro ejemplo es el de Paracho, Michoacán, pues el municipio registró inobservancias y un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3 millones 478 mil pesos, pues se transfirieron los recursos del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015 para el pago de gasto corriente, pago de operaciones de otro fondo y pagos cuyo destino no se comprobó, y el pago de conceptos extraordinarios de obra, sin presentar la autorización de los precios unitarios ni los convenios modificatorios correspondientes.

 

Respecto a la revisión del Fondo de Infraestructura Deportiva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tiene un pendiente de 1 millón 560 mil pesos. Morelia, Michoacán, también tiene un faltante de 21 millones 247 mil pesos y Monterrey, Nuevo León, generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 118 millones 371 mil pesos.

 

 

 

Lo que pasó en 2014

El mismo patrón de opacidad se repitió en 2014, donde nuevamente la ASF reportó gestiones que no fueron eficientes y transparentes en el manejo de los recursos públicos.

 

En 2014, al revisar los Recursos del “Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”, el municipio de Matamoros, en Tamaulipas, tuvo un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un millón 353 mil pesos, por lo que esta alcaldía “no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo ajustada a la normativa que regula su ejercicio”.

 

Este mismo problema se dio en delegaciones de la Ciudad de México. Por ejemplo, Cuauhtémoc generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de casi 11 millones de pesos.

 

Adicionalmente, existió un pendiente de 13 millones 286 mil pesos por aclarar, que corresponden principalmente a que no se acreditó que los terrenos donde se ejecutaron las obras con recursos del FOPEDEP 2014 fueran propiedad de la Delegación, el Gobierno del Distrito Federal o del Gobierno Federal, volúmenes de conceptos de obra pagados no ejecutados, materiales suministrados que no corresponden con las características contratadas y trabajos de mala calidad.

 

Modus operandi de lo moches

En varias ocasiones, se ha denunciado que diputados gestionan recursos para gobernadores o presidentes municipales, recurso que originalmente se etiqueta para una obra, pero al ser dinero que no pasa por un proceso de fiscalización, lo pueden manipular a cambio de un moche o un diezmo.

 

El moche pude ser directamente con los presidentes municipales o con las empresas que ejecutan la obra pública.