En el informe legislativo 2017 del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (Imco) se da a conocer el gasto que los congresos estatales han hecho en supuestas dadivas.
Así lo informó el diario Reforma en una de sus publicaciones en el que afirma que se gastó al menos 355 millones de pesos en 17 congresos estatales por supuestas actividades no legislativas y que son etiquetadas como “ayudas sociales”.
En el mismo texto se afirma que las ayudas son parte de las obligaciones de los diputados locales, sin embargo, son catalogados como un “extra”.
El gasto de los diputados locales por esto, estima radique en el 15.9% de los egresos del año pasado.
"Solamente por concepto de ayuda social, la ALDF y los Congresos de Guerrero y Veracruz gastaron más de 878 millones de pesos durante 2016, cifra mayor al presupuesto aprobado para los entes de fiscalización de estas tres entidades", cita el estudio.
El Imco señala que para garantizar la visión de poderes, las legislaturas locales deben abocarse exclusivamente a la esfera de sus atribuciones, y no a competencias de otro poder.
Disfrazan reparto
Las supuestas dadivas de los estados son etiquetadas en los egresos de distintos estados como es el caso de Tlaxcala y el Estado de México donde se puede leer que son para “ayudas sociales” por “demandas ciudadanas”.
Según la publicación de Reforma, desde hace 10 años en el Estado de México se pudo identificar este gasto como un Programa de Apoyo a la Comunidad.
Con esto se establece que cada diputado tendría al menos 2.5 millones de pesos para este concepto.
Este año, agrega, los recursos se etiquetaron en el artículo 24 del Presupuesto estatal, y destaca que dicho programa se orienta a la atención de las demandas ciudadanas mediante la entrega de apoyo en materiales diversos.
En Tlaxcala, en el artículo 7 del Presupuesto de Egresos, se etiquetaron 32 millones en 2016, para ser asignados a igual número de diputados del Congreso local.
El Imco advierte que los fines de los congresos locales no son caritativos ni filantrópicos, tampoco electorales ni de plataformas políticas.
"Mucho menos son supletorios a los de una dependencia de los Ejecutivos estatales en materia de desarrollo o infraestructura social", apunta.
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