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Congreso va contra niños por bullying

El Congreso delimitó castigos como multas, indemnización, servicios a la comunidad e inhabilitaciones por cometer u omitir acciones de acoso escolar

Escrito en CONGRESO el

Senadores y diputados del PRI, PAN y PRD presentaron ante el pleno de la Comisión Permanente dos iniciativas para combatir el bullying en México.

 

La primera expide la Ley General para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar, que sanciona con la inhabilitación hasta por cinco años del personal académico que en las escuelas  primarias y secundarias del país, permita, incite, niegue o sea omisa ante casos de bullying.

 

La segunda, modifica la Ley General de Educación y la Ley Federal de Justicia para los Adolescentes en Materia de Acoso y Violencia Escolar, para que en los casos derivados de acoso y violencia escolar, los padres o tutores del menor infractor estarán obligados a la reparación del daño, consistente en la cobertura total de los gastos médicos y psicológicos, que se generen para la atención de la víctima.

 

En el caso de fallecimiento de la víctima por causas de acoso y violencia escolar, los padres o tutores del menor infractor, estarán obligados al pago de los gastos funerarios e indemnización que corresponda.

 

El menor infractor que cometa actos de acoso y violencia escolar deberá cumplir un periodo de seis meses de prestación de servicios a favor de la comunidad inconmutables, y el  menor infractor que cometa un homicidio en perjuicio de otro, por causa de acoso y violencia escolar, será confinado al Centro Federal de Internamiento correspondiente, por un periodo de un año a cinco años y cuando ocurra la revisión del caso se deberá de tomar en cuenta la opinión de los padres o tutores del menor que hubiere perdido la vida.

 

También, la Permanente aprobó un punto de acuerdo para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas  (CEAV) y las comisiones en la materia de los estados y del Distrito Federal garanticen la reparación integral del daño de las y los alumnos que sean afectados por acoso escolar.

 

En la proposición, se establece que la reparación de las víctimas de violencia escolar, se hará sobre la implementación de protocolos y tomando en cuenta las necesidades y características particulares de niñas, niños y adolescentes.

 

Junto con la iniciativa que expide la Ley General para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar, también se proponen reformas a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Penal Federal, para imponer una multa de cinco mil días de salario mínimo general vigente, equivalente a 336 mil 450 pesos, para los directores y profesores que no informen de casos de bullying y no asistan a los cursos de capacitación para prevenir, atender y dar seguimiento a los incidentes de violencia en el entorno escolar.

 

En esta norma se contempla amonestación pública para la escuela y personal académico que inflija bullying; además de la suspensión definitiva del puesto académico.

 

La madre, padre de familia o tutor que incumpla deliberadamente con esta ley, se hará acreedor a amonestación  pública y/o multa dependiendo de la gravedad o reiteración del caso.

 

En tribuna, una de las promotoras de la iniciativa, la panista Mariana Gómez del Campo Gurza, afirmó que se tiene que actuar para revertir la situación del bullying en México, que según estudios de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, revelan que el 70 por ciento de los alumnos de nivel básico ha sufrido algún tipo de violencia.

 

“Quiero decir que de los 25 millones de estudiantes que tenemos en educación básica, 18.7 millones han sido víctimas o testigos de acoso escolar.

 

(…) Si hoy México es primer lugar internacional en bullying, en diabetes y en obesidad infantil, tenemos que actuar para revertir estas situaciones”.

 

Omar Fayad Meneses, del PRI, otro de los promotores de esta ley, aseguró que el acoso escolar no es un tema menor.

 

“No es un tema simple y llanamente de criminalización de conductas infantiles, o criminalización de conductas de autoridades que tienen que ver en la materia; este es un tema educativo y cultural, de fomento de valores, de atención preventiva, de articulación de acciones y de políticas públicas”.

 

Esta legislación, se sustenta en tres ejes:  Llenar el vacío legal que fomenta el bullying y la impunidad; un programa y red nacionales para la promoción de la convivencia libre de violencia, donde se diseñen las políticas que deben implementarse, se evalúen y midan los avances y se informe a la sociedad; y prevención de hechos de violencia.

 

La ley pretende la implementación de un nuevo modelo educativo, de corte humanista,   donde los alumnos tengan derechos, pero también obligaciones, que modificará los planes de estudio para que haya una materia específica, donde  se les impartan valores, cultura de respeto a los derechos, del cuidado del entorno y su salud.