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Conflictos, pleitos y malos entendidos: Los primeros 100 días de AMLO

Expresidentes, empresarios, gobernadores y órganos autónomos han sido los protagonistas de los principales “encontronazos” con el gobierno de AMLO

Escrito en NACIÓN el

Se cumplieron 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lapso en cual el presidente ha protagonizado conflictos, pleitos y malos entendidos con diversos actores de la vida pública del país.

Desde empresarios, gobernadores, órganos autónomos y hasta expresidentes han sido varios los principales “contendientes” del prematuro gobierno “lopezobradorista”.

Por ello, en LA SILLA ROTA te presentamos los principales “encontronazos” en los primeros 100 días de AMLO en el poder.

Expresidentes contra AMLO

Desde que asumió la presidencia, Andrés Manuel realiza cada mañana una conferencia de prensa, mismas que han sido apodadas como “la mañanera”. En aquel templete en Palacio Nacional, López Obrador se ha lanzado contra políticos y exfuncionarios.

Los panistas Felipe Calderón y Vicente Fox han sido los más señalados, así como quienes más responden a las acusaciones del presidente.  

López Obrador acusó a los tres sexenios anteriores de ser omisos ante el robo de combustible: “Las autoridades sabían (del “huachicoleo”). Tolerancia, vamos a decir, de todos, omisión. Lo sabían todos, desde Fox, quién le siguió, Calderón, todos”.

De forma inmediata respondió Felipe Calderón, a través de su cuenta de Twitter, asegurando que cuando gobernó el país combatió “con firmeza todas las formas de crimen organizado, incluyendo la del robo de gasolinas, sin afectar a los consumidores”.  

Por su parte, Vicente Fox, también en redes sociales, negó que en su gobierno hubiera “huachicoleo” argumentando que ni siquiera existía esa palabra para referirse al robo de combustible y remató: “¿Me sabes algo o me hablas al tanteo? (sic)”.

Posteriormente, el director de Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, por órdenes del presidente, dio el nombre de los funcionarios que participaron en el sector energético en empresas particulares, acusándolos de tráfico de influencias.

Entre ellos apareció Calderón Hinojosa, quien fungió como consejero de Avangrid, empresa que le vende energía a la CFE, al terminar su gobierno.

Como es su costumbre, el expresidente panista respondió en Twitter: “Categóricamente rechazo que en mi relación con empresas globales, haya incurrido en tráfico de influencias, conflicto de interés, y mucho menos en actos corrupción. Quien afirma está obligado a probar y no hay derecho a calumniar personas o empresas sin fundamento”.

Y agregó: “La ley prohíbe aceptar cargos durante 1 año posterior al término del ejercicio del servidor público. Independientemente de que Avangrid no tiene actividades en México, mi pertenencia a su consejo tuvo lugar entre 2016 y 2018, 4 años después de haber concluido el cargo”.

Por su parte, López Obrador refirió que se trataba más de un señalamiento de índole ético que legal y disculpas al expresidente por las acusaciones que hizo en contra suya. Calderón agradeció la disculpa.

AMLO vs el “Jefe Diego”

En una de sus conferencias mañaneras, el presidente señaló a los “abogados del conservadurismo” como quienes han impedido historia mente en el Congreso que se presenten reformas para castigar la corrupción y el influyentismo.

“No quiero generalizar, pero los abogados del conservadurismo eran los que impedían en el Legislativo reformas para castigar la corrupción y el influyentismo. Es buen tema este, porque todos estos abogados que practicaban el influyentismo y que se hicieron inmensamente ricos, fueron legisladores y ya no quiero hablar más porque luego se enojan mucho"

Diego Fernández de Cevallos, ex candidato a la presidencia y uno de los abogados litigantes más populares de México, respondió a los señalamientos sobre los “abogados del conservadurismo” de López Obrador en entrevista para LA SILLA ROTA.

“El presidente de México debe merecer respeto, y lo primero que debe de hacer es dejar de injuriar a todo mundo por todo a donde va […] El día que tenga algo que decirme que me lo diga de frente”.

Gobernadores contra “superdelegados”

Los conflictos con López Obrador comenzaron incluso desde antes de que tomara posesión como presidente, en la transición, cuando anunció la creación de “superdelegados”, quienes fungirían como enlace del gobierno federal con los mandatarios estatales, se encargarían de la seguridad y de supervisar los programas sociales.

Varios gobernadores, principalmente de oposición, criticaron esta decisión. Uno de los primeros en reprochar a los “superdelegados” fue Enrique Alfaro, de Jalisco y abanderado por Movimiento Ciudadano.

“Estamos viendo que la propuesta pone a los (súper) delegados como responsables en materia de seguridad; en Jalisco eso no va a pasar […] no habrá autoridades intermedias simplemente porque eso vulnera principios constitucionales básicos y lastima el espíritu del pacto federal”, fueron algunas de las palabras de Alfaro al respecto.

Alfaro no fue el único, el gobernador de Michoacán y abanderado del PRD, Silvano Aureoles se sumó a las críticas: “La figura de los superdelegados invade las facultades y atribuciones establecidas en el marco federal”. Por su parte, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, de Nuevo León, calificó como una “idiotez” y falta de respeto la implementación de los “superdelegados”.

Los gobernadores del PAN no se quedaron atrás, los 12 mandatarios firmaron un desplegado contra los “superdelegados”.

“No voy a aceptar que nadie sustituya la interlocución con el Presidente, y el riesgo de esta figura es que tengan más un rol de carácter político-electoral que como facilitadores entre los niveles de Gobierno”, dijo Javier Corral, gobernador de Chihuahua y uno de los principales detractores panistas del gobierno de Andrés Manuel.

López Obrador respondió que el Ejecutivo federal puede designar delegados en los estados y sentenció: “yo no sé por qué les preocupa si ya no se van a entender con tantos”. Posteriormente, tras una reunión entre el presidente y gobernadores, se acordó quitar ciertas tareas a los “superdelegados”, como la voz de mando en las tareas seguridad pública de los estados. El gobierno federal cedió.

Desabasto de gasolina

El 27 de diciembre, López Obrador inició una estrategia al combate de robo de combustible, delito que significó, tan sólo en 2018, pérdidas por 66 mil millones de pesos. Esta provocó desabasto de gasolina en varios estados, debido al cierre de ductos, los cuales eran perforados constantemente por los “huachicoleros”, y al cambio a pipas como la principal forma de traslado del combustible.

Tras el desabasto, gobernadores como Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México, o Alfredo del Mazo, del Estado de México, respaldaron la estrategia y se mostraron pacientes ante la situación, mientras que mandatarios como Diego Sinhué, de Guanajuato, prefirieron ir a Estados Unidos a buscar la mejor forma para bastecer a sus estados.

Sin embargo, otros mandatarios culparon al Gobierno Federal del problema, pidieron al presidente acciones inmediatas e incluso sugirieron que se trataba de un golpeteo político.

El jalisciense Enrique Alfaro fue de los primeros en criticar la estrategia contra el “huachicol”. Presentó en su cuenta de Twitter un video de las largas filas de automóviles esperando en las gasolineras la llegada del combustible en pipas, a su vez que acusaba al gobierno federal de no hacerse responsable de la responsabilidad.

Andrés Manuel, en respuesta, minimizó el reclamo del gobernador y aseguró que se está trabajando en el desabasto en Jalisco.

Inmediatamente, Alfaro respondió al presidente con una serie de tuits donde aseguró que la problemática en tierras tapatías era más aguda y sugiriendo que bien se podría tratar de un tema político, pues en estados donde gobierna Morena o en casos como Puebla, donde aún falta realizarse una elección para gobernador, no se ha registrado el mismo nivel de emergencia. 

En tanto, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, exigió a Pemex y a las autoridades federales a dar respuesta ante las graves afectaciones por el desabasto de gasolina en la entidad.

“Es una falta de respeto y una grosería que el director de Pemex ni si quiera responsa una llamada o un oficio. Exigimos saber con puntualidad y certeza los tiempos y esquemas que permitan normalizar el suministro de combustible; nosotros ya estamos ayudando”

Incluso, cuando periodistas increparon a Aureoles sobre algún plan de emergencia ante el desabasto, el gobernador comenzó a silbar y luego dijo: “¿Plan de emergencia, mío?, ¿y yo por qué? Lo debería de tener Pemex, es un problema del gobierno federal, no del gobernador, ni del gobierno del estado”.

No solo los gobernadores, los empresarios también urgieron al presidente resolver el problema del desabasto. Por ejemplo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien detalló pérdidas por mil 250 millones de pesos en tan sólo los estados de Michoacán, Querétaro y Guanajuato.

Dos meses después de haber implementado el plan, López Obrador anunció que el robo de combustible disminuyó 89% y sostuvo que la estrategia seguirá, presumiendo que los detractores no lograron desestabilizar.

“No lograron su propósito los que pensaron que nos iban a desestabilizar [...] No lo vamos a dejar (la estrategia contra el huachicol), porque no se ha erradicado por completo el robo de combustible”

Órganos autónomos: cacería de brujas y acaparamiento

Andrés Manuel López Obrador también se ha enfrascado en confrontaciones con órganos autónomos, reduciéndoles el presupuesto, varios de estos sufrieron recortes importantes como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE), entre otros.

Sin embargo, como avanzaron los días de gobierno, el presidente comenzó un arduo combate contra los órganos autónomos: “¿Que hicieron todo este tiempo?, agrandaron el gobierno, instituciones para todos, comisiones, supuestamente órganos autónomos con muy buenos sueldos para los funcionarios públicos y mucho derroche”

El primero de ellos fue la propia SCJN, quienes se opusieron a la Ley Federal de Remuneraciones, que señala que nadie debe ganar más que el presidente. López Obrador criticó los altos salarios de los ministros, de quienes aseguró ganaban hasta 600 mil pesos al mes, lo cual fue rechazado por la SCJN, sin embargo, estos sí reciben salarios cercanos al medio millón de pesos mensuales.

“Están dando un mal ejemplo quiénes deberían de impartir justicia, no es posible que haya funcionarios públicos en el país habiendo tanta pobreza que ganen 600 mil pesos mensuales. Es una ofensa al pueblo de México y es un acto de honestidad, ésos que obtienen esos sueldos no es gente honesta ni es sensible ni son partidarios de verdad de la justicia”

La disputa terminó cuando Arturo Zaldívar fue elegido como presidente de la SCJN y dijo alinearse a la austeridad republicana, siempre manteniendo la autonomía institucional. Sin embargo, la controversia no terminó con ello, se reavivó cuando López Obrador mandó su terna para ocupar la vacante que de Margarita Luna Ramos, ministra a punto de retirarse.

Las tres mujeres que envió como propuesta son cercanas a Morena: Celia maya García, excandidata de Morena a gobernadora de Querétaro en 2015; Loretta Ortiz, exdiputada federal por Morena; y Yasmín Esquivel Mossa, esposa del empresario José María Rioboó y cercana al canciller Marcelo Ebrard.

El INAI fue otro de los órganos autónomos que protagonizó confrontaciones con el presidente, de quienes también criticó los altos sueltos de 300 mil pesos mensuales, así como un presupuesto anual de mil millones de pesos para mantener el organismo.

Los embates se intensificaron cuando Andrés Manuel acusó al INAI de negar, hasta en seis ocasiones, información sobre la investigación del Caso Odebrecht. Por su parte, el órgano autónomo sostuvo que se ha posicionado para que en efecto los datos sean públicos.

Ambos tienen razón. Durante el 2017 en al menos seis ocasiones el INAI negó que la entonces PGR diera a conocer información sobre el caso Odebrecht. Mientras que en 2018, el INAI ordenó a la PGR, a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y hasta a Pemex, que hiciera públicos los datos de las investigaciones referente la paraestatal mexicana y la petrolera brasileña.

Sin embargo, el INAI ha acusado a dichas dependencias que, pese a sus órdenes de dar a conocer la información, no lo han hecho. Actualmente, la Fiscalía General de la República en su autonomía podría dar a conocer la información solicitada por el caso Odebrecht y acatar las órdenes del INAI, pese a ello la FGR recibió la aprobación de un juez para no dar a conocer el expediente.

Uno de los enfrentamientos más mediáticos entre el presidente y los órganos autónomos, los protagonizó Guillermo Ignacio García Alcocer, titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Todo comenzó cuando este criticó ligeramente la terna que López Obrador mandó al Senado para ocupar cargos en la misma CRE.

En una de sus “mañaneras”, Andrés Manuel se lanzó contra García Alcocer, asegurando que él tenía conflicto de interés dentro de la CRE. Éste, por su parte, señaló que en efecto, había familiares de su esposa trabajando en el sector eléctrico, sin embargo, eso no significaba que había caído en dichos conflictos de interés.

Por si fuera poco, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que García Alcocer, empresas cercanas y familiares de su esposa serán investigados por conflictos de interés y lavado de dinero.

El titular de la CRE acusó una persecución en su contra y le pidió audiencia al presidente. Andrés Manuel y Guillermo Ignacio se reunieron en Palacio Nacional, tras la cual limaron asperezas. “[El presidente] me aseguró que no hay una persecución política en mi contra y acordamos trabajar coordinadamente por el bien del sector energético de México”, escribió García Alcocer en su cuenta de Twitter.        

En el combate que el presidente ha tenido contra los órganos autónomos, se postuló la Iniciativa Privada. A través de su cuenta de Twitter, Gustavo de Hoyos, líder de la Coparmex, señaló que se prefiere a un presidencialismo acotado, respetuoso de la división de poderes y con vocación federalista, rechazando así un presidencialismo imperial.

"En la Coparmex respaldamos la existencia de órganos autónomos, independientes y profesionales. Creemos en un presidencialismo acotado, respetuoso de la división de poderes y con vocación federalista. A México no le conviene regresar a un presidencialismo imperial. #YaEstuvo"