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Condenan presión sobre medios con publicidad oficial

El 15 de noviembre, la Corte discutirá el proyecto de sentencia de amparo para que el Congreso de la Unión legisle en materia de publicidad oficial

Escrito en NACIÓN el

En vísperas de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuta el proyecto de sentencia de amparo para que el Congreso de la Unión legisle en materia de publicidad oficial, Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, insistió en que los gobiernos, federal y estatales, utilizan el gasto de publicidad para castigar a los medios que los critican.

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Durante la conferencia conjunta #MiLanaNoEsMordaza, el control judicial para la regularización de publicidad oficial, organizada por Artículo 19, Fundar, el CIDE y la Red por la Rendición de Cuentas, Ruelas consideró que esta presión gubernamental tiene como finalidad ejercer una censura sobre ellos, lo que violenta el derecho de la sociedad a la libertad de expresión y a la información.

Hace tres años, Artículo 19 impulsó el amparo que la Corte discutirá el 15 de noviembre sobre el proyecto de sentencia que ordena al Congreso emitir la ley reglamentaria que regula el gasto de comunicación social a nivel federal y estatal.

De aprobarse dicho proyecto por la mayoría de los ministros y la ministra de la Primera Sala, el Congreso de la Unión tendría hasta el 30 abril de 2018 para discutir y aprobar la ley reglamentaria. Sin duda se trataría de un precedente histórico en dos sentidos.

Primero, brindaría al juicio de amparo eficacia para que la ciudadanía pueda reclamar violaciones a la Constitución por omisiones del legislativo. Segundo, obligaría a regular en la asignación de la publicidad oficial para lo cual se estaría en la oportunidad de revertir los históricos mecanismos de censura ejercidos contra la prensa por los gobiernos federal y estatales.

Según Artículo 19, hasta el día de hoy 37 mil millones de pesos han sido ejercidos sin ningún control por la actual administración federal.

Los ministros que integran la primera sala de la SCJN son su presidenta Norma Lucía Piña Hernández, así como José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

 El gasto

En los seis años de su administración, el presidente Enrique Peña Nieto habrá gastado unos 60 mil millones de pesos en publicidad oficial, informó Paulina Castaño, investigadora del Fundar.

Al detalle, expuso, de 2013 a 2016 el gobierno federal gastó más de 36 mil millones de pesos, lo que implicó un sobreejercicio de 71 por ciento respecto del monto aprobado por la Cámara de Diputados, que fue de 21 millones 97 mil pesos.

La cifra ejercida hasta ahora en publicidad oficial, subrayó la investigadora,  equivale al presupuesto asignado en 2015 y 2016 a la atención y prevención de desastres naturales.

En lo que va del sexenio, Televisa y TV Azteca han obtenido contratos por 9 mil 769 millones de pesos, cifra que representa el 26 por ciento del total erogado por el gobierno federal.

De seguir con la tendencia en cuanto al incremento del gasto en publicidad oficial, el Gobierno de Enrique Peña Nieto podría ejercer un monto cercano a los 60 mil millones de pesos al cierre de su administración"

Castaño criticó que en el paquete presupuestal 2018, aprobado la madrugada del viernes por la Cámara de Diputados, los legisladores eludieron nuevamente establecer candados para que las dependencias gubernamentales no sobrepasen los porcentajes de publicidad oficial.

Resulta que la Cámara de Diputados no escuchó nuestras exigencias de meter un límite y candados presupuestarios en este ejercicio; no hay nada que indique que se va a tratar de limitar esta publicidad”

El proyecto de sentencia

Al reconocer la Suprema Corte el papel fundamental en la construcción democrática que tienen los medios de comunicación y la pluralidad informativa, el proyecto de sentencia para regular la publicidad oficial en medios de comunicación considera que se actualiza una violación al derecho de libertad de expresión, ante la falta de reglas claras sobre la asignación de recursos en comunicación social.

De hecho, según Artículo 19, el proyecto retoma como contexto el uso brindado a este gasto: “premiar o castigar líneas editoriales”.

Entre los aspectos destacados del proyecto de sentencia encontramos:

1) considera que Artículo 19 tiene interés legítimo para reclamar la violación del derecho de  libertad de expresión en razón de su objeto social.

2) el asunto no se constriñe a la materia electoral sino a cualquier uso que se brinde a la comunicación social.

3) procede el juicio de amparo contra omisiones legislativas absolutas, es decir, cuando existe mandato expreso de legislar en la Constitución.

4) la importancia de los medios de comunicación en una sociedad democrática y la necesidad de construir pluralismo y diversidad informativa. 

5) la falta de regulación en la materia abre un campo de discrecionalidad gubernamental en la asignación del gasto público de la publicidad oficial, lo cual redunda en un medio indirecto de restricción de la libertad de expresión.