TOLUCA, Estado de México (La Silla Rota).- Comuneros de San Jerónimo Acazulco -comunidad de Ocoyoacac- denunciaron el ingreso de las fuerzas armadas a la zona de la Marquesa, quienes resguardan el reinicio de las obras del Tren Interurbano México-Toluca, pese a que el sobreseimiento de amparo se encuentra en queja ante un tribunal colegiado.
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Santiago Pérez Alvarado, representante legal de los ejidatarios, señaló que el gobierno federal pretendió engañarlos al establecer el diálogo con un pequeño grupo de comuneros, mientras instrumentaba la estrategia para ingresar con la fuerza pública a la zona de conflicto.
Reiteró que el Juzgado Primero de Distrito notificó a las autoridades gubernamentales que no había lugar para la fuerza pública, porque no existía sustento legar para ello.
“Hoy vemos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quiere tomar la justicia con mano dura… (pero) ante la violencia, la razón y la no violencia, acusaron.
En el lugar, dijeron los comuneros, se encuentran hasta francotiradores. Pese a ello no caerán en provocaciones y evitarán enfrentamientos con los granaderos, debido a que su lucha es apegada a derechos y alejada de actos violentos.
Pérez Alvarado adelantó que promoverán una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violación a los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y hostigamiento institucional. También solicitarán la intervención de visitadores de la CNDH para evitar que haya mayores transgresiones.
“Hay un exceso de fuerza... el gobierno de Enrique Peña Nieto nunca privilegió el diálogo”.
Recordó que las tierras fueron expropiadas en 1943 y a la fecha los campesinos no han recibido un solo peso, con lo cual se violó el artículo 27 Constitucional que señala la previa indemnización, además que aunque existe un decreto, éste nunca se ejecutó.
“Existe una contradicción, si eran tierras de la federación ¿por qué el gobierno refiere que las pagó? Dicen que realizaron convenios en los que según se les cedió 172 mil metros cuando en realidad están ocupando más terrenos. Es una obra de impacto nacional en perjuicio de los derechos humanos, territorio, recursos naturales, daño a flora y fauna, y eso al gobierno federal no le importa”.
Comentaron que temen represalias, por lo que en caso que haber agresiones, detenciones, levantones o hasta desaparecidos, responsabilizan al gobierno federal y estatal de cualquiera de estas acciones.
Pérez Alvarado confió en que la obra del Tren Interurbano no se concretará porque no fue bien planeada ni consensuada desde las bases, “ese es el motivo de su fracaso”. Por su parte, los comuneros sostuvieron que la petición es el desarrollo de un Plan Sustentable “más que el pago de tierras”.
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