TOLUCA, Estado de México (La Silla Rota).- Los comuneros de San Jerónimo Acazulco, municipio de Ocoyoacac, exigieron al presidente Enrique Peña Nieto y al gobierno del Estado de México el retiro inmediato de los elementos de la Policía federal y estatal que resguardan los trabajos del Tren Interurbano México-Toluca, toda vez que están fuera del derecho de vía, indicó Santiago Pérez Alvarado, representante legal de los campesinos.
Indigna demolición de casa por Tren Interurbano
Pero esta noche, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) reanudó los trabajos de construcción ya que la ley asiste a la continuación del proyecto, con pleno apego y respeto a los Derechos Humanos, como acordaron el 14 de marzo de 2018.
En un comunicado, aseguró que siempre han estado dispuestos al diálogo, “y realizado diversos pagos en el marco de la ley”, pero que “un grupo de personas ha buscado frenar la obra, pretendiendo presionar para ceder a demandas que jurídicamente son inviables de atender”.
“El gobernador Alfredo del Mazo dice que este asunto no es suyo, pero entonces por qué envió a la Policía estatal”, cuestionó el líder de los comuneros.
Categórico, Santiago Pérez Alvarado pidió al Ejecutivo estatal el retiro de los elementos policiacos, e indicó que mediante Asamblea, llevada a cabo este día, al menos mil 100 comuneros acordaron recuperar por sí mismos el territorio del que fueron despojados para la construcción del Tren Interurbano, debido a que los procesos jurídicos son lentos y las autoridades no actúan en consecuencia.
Sostuvo que el mandatario mexiquense se ha negado a establecer una mesa de diálogo para dar solución a los afectados.
Después de haber acudido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que los ejidatarios solicitan, como medida cautelar, el retiro de la fuerza pública de la zona de la Marquesa, la cual podría presentar pérdidas económicas de más de 30 millones de pesos, ya que la presencia de los más de 4 mil elementos policiales inhibe la llegada de turistas.
Advirtió que si los efectivos federales y estatales no se retiran, solicitarán la protección de la justicia federal a través de un amparo para que se vayan porque están dentro de tierras comunales, no dentro del derecho de vía.
Refirió que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha sostenido que existe un sobreseimiento, pero el asunto no está concluido, pues el juez de amparo estableció que no ha dado lugar a acordar la intervención de la fuerza pública, ya que no existía precepto legal que lo permitiera.
“Pese a esos dos acuerdos donde les niega la entrada, lo hicieron”, apuntó Pérez Alvarado.
Los comuneros también solicitaron a los diputados del Congreso mexiquense un pronunciamiento al respecto, “no es posible que no se han pronunciado contra una injusticia de este tamaño 4 mil 500 elementos amenazando la tranquilidad, y los derechos humanos contra los recursos naturales”.
Y agregó que “pedimos que el gobierno del Estado de México deje de señalar que no es su asunto; aún el gobierno más irresponsable sabe que debe cuidar a su territorio y a sus ciudadanos. Alfredo del Mazo se lava las manos al decir que no es su asunto, pero sí están metidos ahí sus elementos, que deje el doble discurso”, advirtió.
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