PACHUCA.- De 2016 a noviembre de este año, periodo en las que se celebraron dos comicios concurrentes, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 55 carpetas de investigación por delitos electorales.
Según el estadístico, en 2016 –cuando se renovaron las 30 diputaciones locales, la gubernatura y los 84 ayuntamientos– hubo sólo nueve denuncias por presuntas anomalías durante el proceso comicial. Al año siguiente no se registró ninguna porque no se llevó a cabo elección.
En 2018 –cuando coincidieron la renovación del Congreso local, la Cámara de Diputados federal, el Senado de la República y la presidencia– se abrieron 39 querellas, de las cuales 22 corresponden a junio, el mes posterior a la jornada. De enero a noviembre de 2019, el organismo reportó siete.
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El único caso que fue judicializado fue el de Gabriela Mejía Valencia, coordinadora de Administración y Finanzas de la UAEH, quien el 15 de junio del año pasado fue asegurada por un hecho de tránsito, pero los elementos detectaron en su vehículo 1.4 millones de pesos.
Según la defensa, el dinero serviría para pagar a trabajadores que edificaban un inmueble de la casa de estudios. Tras recibir el amparo de la justicia federal, la funcionaria fue liberada.
Por otra parte, con las reformas publicadas este año por el Congreso de la Unión, el uso de programas sociales con fines electorales ameritará prisión preventiva oficiosa para el imputado, en caso de que se demuestre alguna probable responsabilidad, señala el artículo 19 constitucional.
emh