INAI ordena transparentar el llamado ''cobijagate''
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales pidió al gobierno de Nuevo León transparentar el tema del cobijas
La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León debe emitir una nueva resolución para saber si una carpeta de investigación está o no relacionada con actos de corrupción en el llamado “Cobijagate”.
Además, deberá informar los motivos por los cuales el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal, al investigar los delitos de fraude y ejercicio indebido o abandono de funciones públicas.
El posible acto de corrupción se relaciona con el caso "Cobijagate", denominado así por la prensa y algunos políticos de Nuevo León.
Ello, luego de que el 9 de febrero de 2016, el periódico El Norte publicó que el gobierno estatal había comprado 200 mil cobijas al triple de su valor en el mercado, lo que involucraba el desvío de 28 millones 900 mil pesos.
Sólo una empresa se inscribió y ganó la subasta electrónica, a pesar de no ser un fabricante textil, describió el comisionado Joel Salas Suárez al presentar el caso ante el pleno, luego de que un particular solicitó a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León diversos documentos de una carpeta de investigación.
En respuesta, el sujeto obligado reservó la información, al formar parte de una carpeta de investigación y contener datos específicos que podrían comprometer las funciones de investigación del Ministerio Público.
Inconforme, el particular interpuso un recurso de revisión ante la comisión local, pues consideró que la información requerida debía ser pública por estar relacionada con hechos de corrupción, además de no poner en riesgo las acciones de prevención o persecución de delitos, ya que la investigación había concluido.
El comisionado Salas Suárez señaló que el recurso de inconformidad es una muestra de que la reforma constitucional de 2016, que creó los marcos normativos y las instituciones para controlar la corrupción en el país, tienen la posibilidad de operar a plenitud en algunas entidades federativas.
La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León debe emitir una nueva resolución en la que se allegue de los elementos necesarios para saber si una carpeta de investigación, está o no relacionada con actos de corrupción en el llamado "Cobijagate".
Además, deberá informar los motivos por los cuales el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal, al investigar los delitos de fraude y ejercicio indebido o abandono de funciones públicas.
De igual forma, deberá considerar en su análisis las especificaciones del nuevo Sistema de Justicia Penal que instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El posible acto de corrupción se relaciona con el caso "Cobijagate", denominado así por la prensa y algunos políticos de Nuevo León.
Ello, luego de que el 9 de febrero de 2016, el periódico El Norte publicó que el gobierno estatal había comprado 200 mil cobijas al triple de su valor en el mercado, lo que involucraba el desvío de 28 millones 900 mil pesos.
Sólo una empresa se inscribió y ganó la subasta electrónica, a pesar de no ser un fabricante textil, describió el comisionado Joel Salas Suárez al presentar el caso ante el pleno, luego de que un particular solicitó a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León diversos documentos de una carpeta de investigación.
En respuesta, el sujeto obligado reservó la información, al formar parte de una carpeta de investigación y contener datos específicos que podrían comprometer las funciones de investigación del Ministerio Público.
Inconforme, el particular interpuso un recurso de revisión ante la comisión local, pues consideró que la información requerida debía ser pública por estar relacionada con hechos de corrupción, además de no poner en riesgo las acciones de prevención o persecución de delitos, ya que la investigación había concluido.
El comisionado Salas Suárez señaló que el recurso de inconformidad es una muestra de que la reforma constitucional de 2016, que creó los marcos normativos y las instituciones para controlar la corrupción en el país, tienen la posibilidad de operar a plenitud en algunas entidades federativas.
Lo anterior cobra particular relevancia, porque, de acuerdo con su primer discurso como candidato ganador de la elección presidencial de la alianza Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, citó: "Erradicar la corrupción será la misión principal del nuevo gobierno".
