Al entrar en vigor la Ley de Seguridad Interior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos destacó que a pesar de que el presidente Enrique Peña Nieto haya anunciado que no realizará ninguna Declaratoria de Protección, en tanto la Suprema Corte de Justicia determina si la legislación es inconstitucional, la aplicación de la norma no depende exclusivamente o está condicionada a la emisión de tales declaratorias, por lo que podría comenzar a llevarse a la práctica.
La CNDH citó el artículo 26 de esa ley que establece que las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior son de carácter permanente y no requieren, “así se señala expresamente, la emisión de una Declaratoria”.
Ante ello, la CNDH reiteró su convicción de que la Ley de Seguridad Interior posibilita que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, y que se afecte el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre entidades, instituciones, órganos del Estado y poderes. De manera especial le preocupa que se apliquen condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana.
Y destacó un aspecto que antes no se había considerado. En su opinión, la ley debilita, desde antes de que empiecen a operar, la autonomía y efectividad de las fiscalías e instancias anticorrupción autónomas que se han creado, pues estarían obligadas a entregar la información que se les solicite sobre las investigaciones que realicen.
La CNDH dijo respetar la determinación tomada por el Ejecutivo Federal de no ejercer la atribución para formular observaciones al proyecto de Ley de Seguridad Interior, pero lamentó se haya perdido la oportunidad de llevar a cabo un diálogo honesto, plural, incluyente e informado sobre dicho ordenamiento.
Reprochó que el llamado al diálogo no fue atendido ni por la Cámara de Diputados, ni por el Senado de la República, ni por el Poder Ejecutivo Federal.
Reiteró que la ambigüedad y generalidad de su redacción hace que en términos de su artículo 2º, la Ley pueda aplicarse y promover la intervención de las Fuerzas Armadas, prácticamente respecto de cualquier tipo de actividad, cuando sea calificada de amenaza o riesgo a la Seguridad Interior.
Ello, sin que existan parámetros para determinar objetivamente cuándo se afecta el desarrollo del país, el orden constitucional, el Estado de Derecho o la gobernabilidad democrática.
“La Ley contraviene principios reconocidos Constitucional y legalmente en materia de transparencia y acceso a la información, protección a las víctimas y respeto a la defensa de los derechos humanos, pues mientras en términos de su artículo 9º toda la información vinculada a su aplicación será reservada, con independencia de su contenido o relevancia, la Ley impone en su artículo 21 a organismos como la CNDH, la obligación de proporcionar a la autoridad toda la información que se les requiera respecto de asuntos que se consideren amenazas o riesgos a la Seguridad Interior”.
Subrayó que sin parámetros objetivos que la acoten y, por ende, con interpretaciones altamente discrecionales, puede darse el supuesto de que cuando la CNDH investigue violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas u otras autoridades federales, se vea obligada a entregar los expedientes respectivos a las propias instancias que investiga, con lo que se violentarían los derechos de las víctimas y se propiciaría que en esos casos no exista verdad, justicia y reparación.
La CNDH consideró que la ley no representa un beneficio inmediato para las personas, ni tampoco favorece de manera directa a las mujeres y hombres que, como elementos de las Fuerzas Armadas o policías arriesgan su integridad y vida para la defensa y protección de la sociedad.
“Por el contrario, abre una ventana para que, al amparo de la ambigüedad, la opacidad y la falta de una debida y oportuna rendición de cuentas, se legitime una mayor intervención estatal en la esfera de garantías y libertades de las personas, así como para alterar el orden federal y democrático previsto por nuestra Constitución”.
La CNDH reiteró que promoverá las acciones conducentes para prevenir que se violente el orden constitucional vigente y se vulneren los derechos humanos de las y los mexicanos.
Manifestó confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejercerá a cabalidad y con plena responsabilidad su función como garante máximo de la constitucionalidad en México, atendiendo al contenido de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, la cual, por su relevancia y trascendencia, marcó el inicio de una nueva Época para ese Alto Tribunal y para México.
ams