La Comision Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) retomó la versión de que estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, pudieron ser quemados en el basurero de Cocula.
Así lo informó el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, quien dijo que la Procuraduría General de la República desestimó el hallazgo de 38 porciones petrosas en el Río San Juan, que constituiría un elemento para concluir que por lo menos 19 personas pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula. Aunque podrían tratarse de mas, ya que los restos óseos encontrados son 93.
La tesis, derivada de la Investigación por violaciones graves de derechos humanos en el Caso Iguala, se refuerza cuando en la reconstrucción de los hechos ocurridos esa noche y el día siguiente, hecha por la CNDH, se tiene el dato de que del camión 1568 detenido en la calle Juan N. Álvarez y Periférico, los entre 25 a 28 estudiantes que iban ahí fueron llevados primero a la comandancia por policías y luego de Iguala a Lomas de Coyote, para ser entregados a elementos de Guerreros Unidos, que los trasladaron a Cocula. El destino del resto de estudiantes desaparecidos, los que iban en el camión 1531, es que en Puente del Chipote fueron detenidos, y de ahí policías municipales los pudieron llevar a Huitzuco, presumiblemente por órdenes de El Patrón, de acuerdo con la investigación de la comisión.
De esa manera, la Comisión retomó parte de la conclusión a la que llegó la PGR en noviembre de 2014, cuando el entonces titular de la procuraduría, Jesús Murillo Karam, dijo que en el basurero de Cocula habían sido quemados los 43 estudiantes por integrantes de dicho grupo criminal.
Para la CNDH sí hay evidencias que hubo fuego en el basurero, con base en piedras abalizadas las cuales estaban calcinadas; la versión se contrapone a la que presentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que aseguró que ahí no pudo haber un fuego capaz de quemar a 43 personas.
Sin embargo, el titular de la Oficina Especial para el caso Iguala de la CNDH, José Trinidad Larrieta Carrasco, aclaró que no necesariamente los restos hallados son de los normalistas. “No estamos diciendo que necesariamente sean de 19 normalistas”.
CLAVES DE LA RECOMENDACIÓN
Pero la investigación, usada para la recomendación 15VG/2018, dirigida a 16 autoridades tanto federales como estatales y municipales, también fue un cuestionamiento al proceder de la PGR y sus investigaciones sobre el caso durante los más de cuatro años que han pasado desde aquella noche que conmocionó a México.
Los cuestionamientos van desde que la PGR sabía de los hechos ocurridos en Iguala, desde el mismo 26 de septiembre de 2014, y no comenzó a investigar sino hasta nueve días después; también se cuestionó que cuando el 27 de octubre de ese año el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, presentó seis detenidos, entre ellos a Agustín García Reyes “El Chereje”, posteriormente se supo que solo dos habían sido puestos a disposición de la autoridad ministerial antes de que iniciara la conferencia de prensa, mientras que los otros cuatro fueron puestos a disposición del ministerio público hasta después de las 23 horas de ese día.
Ninguno de los seis detenidos pudo haber confesado pues rindieron su declaración al día siguiente”, dijo Larrieta.
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También la Comisión cuestionó el proceder del ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Cerón de Lucio, quien acudió al basurero acompañado de El Chereje el 28 de octubre pero sin tener atribuciones para practicar una inspección.
Tampoco tenía constancia de autorizar el traslado del inculpado al lugar, quien además acudió sin asistencia de un abogado defensor.
No hubo una orden de que peritos se trasladaran al Río San Juan; además de que Cerón de Lucio no presentó un informe de las acciones realizadas, por lo que dicha diligencia no existe en la averiguación previa.
No se registró la presencia de la autoridad ministerial, responsable de la investigación, ni constancia de hallazgo de evidencias, o de restos óseos localizados, y tampoco hay material videográfico o fotográfico.
TORTURA
La CNDH investigó 72 expedientes sobre casos de tortura de personas detenidas por su presunta participación en el caso. De esos expedientes, en 65 se acreditaron violaciones de derechos humanos y en la mayoría se registró más de una.
De esos casos, 28 están clasificados por tratos crueles, inhumanos o degradantes; 55 por detenciones arbitrarias; 49 por dilación en la puesta a disposición; 14 por cateo ilegal y 8 por torturas.
Sobre estos últimos casos, la Policía Federal es la que tiene más, con 3 casos, la Policia Federal Ministerial 2, al igual que la Semar y ambas en conjunto tienen una, y el representante social de la PGR tiene la restante.
Incluso hay elementos para pensar que a causa de la tortura una persona pudo haber muerto, pero para comprobarlo deberán hacer la exhumación, adelantó González Pérez.
SIN DERECHO A LA VERDAD
A causa de la desaparición de los 43, así como por el ataque al camión de Los Avispones, que fueron confundidos con los normalistas, 685 personas pertenecientes a 244 grupos familiares fueron impactados de manera psicosocial.
Pero a más de cuatro años de los sucesos, las autoridades no han materializado el derecho a la verdad por lo que no es posible el derecho a la reparación Integral del Daño.
La obligación del Estado es la de adoptar todas las medidas necesarias para esclarecer lo sucedido. La CNDH, igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que el esclarecimiento del paradero final de la víctima desaparecida permite a los familiares aliviar la angustia y sufrimiento causados por la incertidumbre respecto del destino de su familiar desaparecido”, se lee en la recomendación, compuesta por 2 mil 179 páginas.
CASO OMINOSO
González Pérez consideró que el caso Iguala es el “más ominoso y complejo” en la historia de la CNDH y que representa un antes y un después para México. Que se trató de un crimen que ocurrió por la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno y llamo a buscar que no vuelva a ocurrir.
En la recomendación se informa de la obstaculización que presentó la PGR a la investigación de la CNDH.
La obtención de información para la investigación de los hechos de Iguala, se volvió una constante que la Procuraduría General de la República, que desdeñara las facultades de este Organismo Nacional y negara la documentación que le fue requerida, alegando infundadamente la reserva de las actuaciones, como si fuera un particular el que demandara la necesidad de contar con la información y no un Organismo Autónomo Defensor de los Derechos Humanos, a quien la Constitución faculta expresamente para llevar a cabo este cometido”, se lee en la recomendación.
El documento incluye 128 puntos y esta dirigida a 16 autoridades, entre ellas al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, a los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina, Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón, respectivamente, así como al Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia.
También al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y a los presidentes municipales de Iguala y de Cocula, Salvador Jaimes Herrera y Erick Ulises Ramírez Crespo, respectivamente.
cmo