El gobierno de Andrés Manuel López Obrador transparentará toda la información histórica perteneciente a todas las dependencias federales que tenga que ver con seguridad, movimientos políticos y sociales, así como violaciones a los derechos humanos cometidos desde 1985 hasta noviembre de 2018.
Desde 1920 hasta 1985, los expedientes que en su momento se consideraron confidenciales y reservados, y que abarcan el periodo de la presidencia de Venustiano Carranza hasta el de Miguel de la Madrid y que se encuentran en el Archivo General de la Nación, podrán ser consultados a través de solicitudes de información. Esto por a un decreto presentado por López Obrador.
El decreto también incluye un acuerdo firmado por las dependencias federales y gobierno de AMLO que establece las acciones para la transferencia de documentos históricos al AGN que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción de la Administración Pública Federal.
“Se instruye a las dependencias, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal a transferir al Archivo General de la Nación la totalidad de los documentos históricos que posean y que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción”, indica el artículo primero del acuerdo.
El acuerdo determinó que el Órgano de Gobierno del AGN, integrado por un presidente, designado por el jefe del Ejecutivo federal, tres representantes designados cada uno por SEGOB, SHCP y SEP, tendrá 30 días naturales para establecer los lineamientos para que las secretarías de Estado transfieran la información solicitada.
“El Archivo General de la Nación deberá recibir, organizar, custodiar y conservar los documentos históricos que le son transferidos por virtud del presente Acuerdo”.
Esa información que abarcará datos de 1985 a la fecha y que será entregada en los próximos meses al AGN será abierta para su consulta pública, ordenamiento, digitalización y tratamiento archivístico. El acuerdo establece un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de ese acuerdo para poner a disposición dicha información.
“El tiempo que le implicará al Archivo la labor de organización y descripción de los documentos, dependerá del volumen y las condiciones de los expedientes que se transfieran y de la capacidad de recursos humanos para llevar a cabo todas estas tareas. Actualmente el AGN ya se sumó al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”. Sin embargo, para llevar a cabo estas tareas se requiere de un perfil específico, por el tipo de información contenida en los expedientes para su organización”, dice el acuerdo.
Para que esa información sea desclasificable se cuidará en todo momento los derechos fundamentales de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, “a través de métodos claros de ponderación, que atiendan a cada solicitud en lo particular, en la Unidad de Transparencia y el Comité de Transparencia del AGN”.
