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Proceso contra ciudadano que denunció corrupción, "apegado a derecho": Constructora

La firma legal de la Constructora Sylma aseguró que el proceso es apegado a “las formalidades legales” y “al respeto al respeto a los derechos fundamentales”

Escrito en ESTADOS el

Hidalgo (La Silla Rota).- La Firma Jurídica Díaz, representante legal de Constructora Sylma –propiedad de Sylvia Rico Moreno, hermana del exsubsecretario de Obras Públicas Marco Antonio Rico– justificó que el proceso que sigue en contra de Leonardo García Vázquez, quien denunció públicamente un posible conflicto de interés mediante el cual esta empresa era favorecida, está apegada a “las formalidades legales” y “al respeto al respeto a los derechos fundamentales”, pese a que Artículo 19 alertó sobre “la detención arbitraria y uso desviado del derecho penal” en contra de este ciudadano.

En denuncia de García, quien fue detenido ayer en el Estado de México, acusado de difamación por la Constructora Sylma, se basó una investigación de Animal Político, la cual revela que esa empresa obtuvo 91 licencias de construcción mientras Marco Antonio desempeñó el cargo de subsecretario en el gobierno de Francisco Olvera Ruiz. Asimismo, Constructora Crimsa, de la que Rico Moreno es accionista mayoritario, obtuvo 181 más.

A través de un comunicado, la firma jurídica acusó al ciudadano de “falsas imputaciones de conductas supuestamente fraudulentas”, que, dijo, ha realizado desde 2016 contra Sylma, “mediante la colocación de mantas, lonas, fotografías en distintos puntos de la ciudad” de Pachuca; no obstante, no anexó evidencia del supuesto agravio.

“El proceso que se sigue en contra de Leonardo García Vázquez no tiene relación alguna con actores políticos y/o servidores públicos, sino que se limita a una investigación ministerial apegada a las formalidades legales y, sobre todo, al respeto al respeto a los derechos fundamentales que asisten a las partes involucradas”, indicó.

Debido a que la defensa de Leonardo García solicitó la duplicidad del plazo para la resolución de si es vinculado a proceso, o no, la audiencia se retomará el próximo 15 de enero, a las 13:00 horas. Aunque el juez Tercero de Control del Poder Judicial ordenó la libertad inmediata, dictó dos medidas cautelares al imputado: prohibición de salir de Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México, así como firma periódica.

Por el caso, Artículo 19 exigió al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJH) abstenerse del uso indebido de la figura de calumnia para castigar el derecho de acceso a la información sobre asuntos de interés público. Asimismo, al Estado derogar este delito, ya que, afirmó, implica restricciones indebidas a la libertad de expresión.

El 21 de agosto, La Silla Rota publicó que la contralora Citlali Jaramillo Ramírez confirmó que no iniciaron procedimiento contra el funcionario, por no recibir una denuncia.

“No podemos actuar con base a rumores, porque sería una ‘cacería de brujas’ que no tendría sustento”, dijo, en entrevista, la secretaria, quien añadió que no hubo “ninguna llamada, alguna queja formal” por el presunto conflicto de interés.