CIUDAD JUÁREZ.- Norma Andrade llegó casi en automático a la sala contigua del teatro conducida por los gritos desesperados de los organizadores “Pásele para allá. Avance”. Se sentó junto a siete madres de víctimas de feminicidio. Sentada ya, vio, en la pantalla que tenía enfrente, a los funcionarios iniciando el Foro Escucha Ciudad Juárez, y se preguntó a quién iban a escuchar si ellas, las víctimas, estaban ahí, prácticamente aisladas.
Norma preguntó: “¿Qué el foro es en otro lado?”.
“No, es aquí pero en el teatro, en la puerta que está al lado”, le contestaron.
¿Y qué no es un foro para víctimas? Entonces… ¿quién está adentro si nosotras estamos aquí?”
“Ya no dejan entrar porque no hay lugar”, le dijeron.
“Vamos a ver quién se atreve a decirnos que no podemos entrar”, y Norma se levantó con su maleta, en la que traía los periódicos por los que acababa de pasar, con la nota de la detención de un presunto responsable del homicidio, secuestro y violación de su hija, Lilia Alejandra.
Y sí, llegando a la puerta de entrada a la sala del teatro uno de los organizadores le dijo que no podía pasar, que estaba lleno. Norma, con su cabello mojado de sudor y su cara roja como del color que toman las caras con el calor o el enojo, le fijó la mirada directo a los ojos y le dijo “tú eres mi compañero de secundaria, te conozco, sabes lo que me pasó, en serio no me vas a dejar pasar”.
Norma Andrade pide justicia para su hija Lilia Alejandra. (Fotografías: Abraham Rubio)
Yo soy Norma
El hombre calló unos segundos antes de responder que no podría hacerle eso y abrirles el paso para que entraran. Norma le dijo, ya muy despacio, cuando lo tuvo al lado, “sigues siendo el mismo compañero que me tocó en la secundaria, gracias” y se enfiló al pasillo en el que sería detenida, otra vez.
Pero Norma no pararía hasta llegar al frente, a un lugar desde el que pudiera ver a los ojos al presidente electo Andrés Manuel López Obrador y al gobernador del estado, Javier Corral Jurado. Eso estaba como escrito porque en realidad la vida de Norma Andrade se convirtió en una lucha perpetua desde el 21 de febrero de 2001, cuando encontraron el cuerpo de Lilia Alejandra envuelto en una cobija, tirado en medio de un terreno baldío, como aquello que no tiene retorno ni reversa, irremediablemente muerto. Desde entonces no hay algo que pueda detener a Norma.
"Señor, ya no busque a su Esmeralda. Su Esmeralda está muerta" , fue lo último que le dijeron a José Luis. Él no tiene una tumba dónde llorar, exige explicaciones al Estado @Javier_Corral #ForosEscucha Ciudad Juárez ???? pic.twitter.com/pzhrYk39KB— Elvia Cruz (@cruz_elvia) 7 de agosto de 2018
Ni siquiera dos intentos de homicidio. La primera vez, el 2 de diciembre de 2011 en Ciudad Juárez, cuando salían de su casa, un hombre se acercó y le disparó en cinco ocasiones. Una de las balas se detuvo en su pecho antes de atravesar su corazón. Al hospital en el que la operaban llegó una llamada en la que dijeron que si atendían a Norma asesinarían a los médicos de la institución. Y sacaron a Norma que fue trasladada a la Ciudad de México, donde se tuvo que quedar en condición de desplazada. Dos meses después del atentado un hombre tocó a su puerta en la delegación Coyoacán y la apuñaló en el cuello.
A Norma Andrade la intentaron asesinar por buscar al responsable de asesinar, violar y torturar a su hija Lilia Alejandra García, de 17 años y que tenía dos hijos, Jade de un año 8 meses y Caleb, de cinco meses. Ahora Jade y Caleb son más grandes que su madre y aún no tienen respuesta y no saben por qué ni quién la asesinó.
Desde 1994 hay un grupo de hombres que ha secuestrado, violado, torturado y asesinado a mujeres y niñas en Ciudad Juárez y Norma Andrade junto a su defensa aporta la evidencia científica contundente para dar con al menos uno de los responsables a través de la identificación del semen de uno de los agresores hallado en el cuerpo de Lilia Alejandra.
Sin embargo, han pasado 17 años sin justicia ni respuesta desde que privaron de la libertad a Lilia Alejandra García, un 14 de febrero de 2001. La mantuvieron en cautiverio una semana, antes de dejar su cuerpo enredado en una cobija, tirado en un terreno baldío el 21 de febrero. El cuerpo de Lilia Alejandra tenía marcas de sujeción en las muñecas, escoriaciones en la cabeza, una fractura craneoencefálica, golpes en la nariz, en ambos pómulos, en los ojos, lesiones en el cuello consistentes en una asfixia por estrangulamiento, huellas de sujeción de laceración en ambos muslos, así como múltiples lesiones en la región vaginal y anal y presentaba en su cuerpo también rastros de semen de varios agresores.
Uno de los registros que se logró identificar del semen encontrado en el cuerpo de Lilia, coincide también con el que se halló en los cuerpos de otras cuatro menores de edad: Rocío Cordero, de 10 años, asesinada en 1994; Rosa Isela Tena, de 14 años, asesinada en 1995; Sonia Ivette Sánchez, de 13 años, asesinada en 1996 y Coral Arrieta, de 17 años, asesinada en 2005, de acuerdo con David Peña, abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.
Con el perfil genético del agresor se solicitó un cruce con la base de datos de empleados de Gobierno del Estado de Chihuahua. El 5 de junio de 2010 el Ministerio Público informó que: “Existe una coincidencia en el haplotipo del cromosoma y el cual corresponde a una muestra de sangre en la tarjeta del c. Enrique Castañeda Ogaz, agente ministerial de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, que murió asesinado el 19 de febrero de 2010 cuando salía de su casa”.
A partir de esa información se realizaron más pruebas que llevaron a determinar que el semen encontrado no era de Enrique Castañeda Ogaz, pero sí de alguien de su familia paterna. Y hasta el momento no han realizado las diligencias necesarias para investigar a todos los miembros de la familia que vivieron en la ciudad en ese tiempo y que pudieron participar en los asesinatos. Falta al menos uno que se fue a vivir a Estados Unidos, cuenta Norma Andrade.
La Fiscalía determinó el 3 de abril de 2012 que: “De acuerdo al análisis victimológico de los casos, se establece uno de tipología específica, siendo personas del sexo femenino, de edad entre 11 y 17 años y de complexión delgada, lo que genera un patrón victimológico repetitivo. Se establece como un caso serial con evidencia conductual que tiene simbolismos sexuales”.
Entonces lo que Norma, junto con su defensa, ha logrado determinar es que hay un grupo de hombres que viola y asesina serialmente a mujeres y niñas en Ciudad Juárez. Que uno de los registros del semen encontrado en al menos cinco víctimas de feminicidio pertenece a un miembro de la línea paterna de la familia del agente ministerial Enrique Castañeda Ogaz. Y que hay otros registros de semen que no han podido ser cotejados. Y, sin embargo, pasaron 17 años sin justicia, 10 desde que se tuvo el resultado del semen y se relaciona con el caso de las cinco niñas y ocho desde que se determinó que pertenece a un familiar paterno del agente Castañeda Ogaz. La ineficiencia del Estado para resolver el caso, así como la indiferencia por la investigación llevó a Norma Andrade y al Estado Mexicano a enfrentarse en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En la audiencia del 7 de mayo de este año el Estado Mexicano aceptó su responsabilidad internacional y pidió una resolución amistosa. Ahí, en Puerto Rico, Norma Andrade así como el abogado David Peña y la abogada Michel Salas conocieron al ministerio público, Sergio Castro, que está encargado de la carpeta de investigación del caso de Lilia Alejandra, quien apenas tiene con la carpeta desde febrero de este año y no se había presentado con los familiares de las víctimas.
A pesar de que las investigaciones han tardado más de 17 años. Dos semanas después de la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el recién encargado de la carpeta, ministerio público Sergio Castro, dio con el presunto responsable, de acuerdo con un boletín que publicó la Fiscalía General del Estado el domingo 20 de mayo y en el que nombra a las niñas que están relacionadas con el caso de Lilia Alejandra pero sin señalar directamente a ésta. Unos días después, luego que el ministerio público hablara con Norma y su defensa y estos le dijeran que van a investigar a fondo la relación real del detenido con los casos, el boletín fue eliminado de la página de la Fiscalía.
El sábado 19 de mayo Manuel Navarro era ingresado al Cereso Estatal 3, luego de confesar, sin que se le cuestionara por eso, que asesinó al menos a diez niñas entre 1994 y 2005 en Ciudad Juárez, entre las que se encuentran, presuntamente, Sonia Ivette Sánchez, Rosa Isela Tena, Coral Arrieta, quienes coinciden con uno de los agresores de Lilia Alejandra. “También mencionaron que hay otra víctima más en la que el ADN del agresor tiene coincidencia”, dice una nota publicada en El Diario de Ciudad Juárez.
Cuando le comentan a Norma sobre la eliminación del boletín de la Fiscalía, dice tranquila, como se ve un objeto caer sin esperar que se detenga o cambie de dirección, “no me sorprende para nada”.
Así que, de pronto, surgió una persona en la carpeta de investigación que no había sido mencionada ni aparecía en alguna línea de investigación y está detenida, mientras que la persona que aparece como principal sospechosa en la línea que se ha seguido los últimos diez años, sigue sin ser llamada a comparecer para hacer las pruebas genéticas.
El responsable que le presentó la Fiscalía a Norma y que no estaba relacionado con el caso está preso en el Cereso de Ciudad Juárez a la espera de ser juzgado. Norma traerá a la coordinadora de peritos de las Abuelas de Plaza de Mayo, en Argentina, para que haga los cotejos de ADN necesarios para probar científicamente si ese hombre es el responsable.
Llegar a la ciudad de las víctimas
Norma llegó este lunes a Ciudad Juárez fue al Cereso a buscar una entrevista con el presunto culpable del homicidio de Lilia Alejandra que le es y será negada. Se entrevistó con el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche, quien le dijo que había que cerrar el caso pues ya se tenía detenido a un culpable. El martes en la mañana fue al Diario de Juárez por los periódicos en los que vienen las notas relacionadas con la detención del presunto feminicida y después llegó al teatro Gracia Pasquel para el primer foro de pacificación del país. Desde la primera entrada le intentaron prohibir el paso. Pero después de 17 años de lucha, de volverse experta en investigar, de exigir justicia, de entrevistarse con presidentes de la República, gobernadores y presidentes municipales, ¿quién iba a poder detenerla?
Y sin embargo, a pesar de que el próximo encargado de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, al ver a las decenas de personas familiares de víctimas de desaparición, tortura y feminicidios, se abrieron paso a la fuerza y entonces pidió a los funcionarios, políticos, empresarios y académicos que cedieran sus asientos para que ellos, las víctimas, se sentaran, a pesar de eso ni el gobernador Javier Corral ni el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, la escucharon.
Entre gritos de “sin justicia no hay perdón”, Andrés Manuel López Obrador dio un discurso encaminado a la amnistía y al perdón sin escuchar, detenidamente, a las víctimas.
José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo, desaparecida el 19 de mayo de 2009, saltó a la tarima para exigir de frente a Javier Corral que les diera una entrevista. Le dijo frente al presidente electo, que su palabra no valía porque no había cumplido, que por favor le firmara algo donde se comprometiera a escucharlos.
“Le he pedido 10 veces de manera formal una entrevista, y las 10 veces se ha negado”, dijo José Luis Castillo en entrevista.
“Yo le he solicitado una reunión cuatro veces y todas me ha respondido que no tiene tiempo”, dice Norma Andrade, que se quedó esperando una oportunidad de hablar con López Obrador.
Las víctimas, por lo pronto, se siguen acumulando de manera alarmante en esta ciudad fronteriza. Sólo en el mes de junio, el más violento en lo que va del año, se registraron 177 homicidios. Apenas la semana pasada once cuerpos estrangulados se hallaron en un domicilio hacia el poniente de la ciudad.
El lugar donde el presidente electo de la República decidió iniciar la pacificación del país aún no encuentra la calma. Y la impunidad va sumando dolor a las familias afectadas que siguen exigiendo justicia.