En Ciudad Juárez quedan pocos campos algodoneros; la industria maquiladora dejó atrás, en días que se volvieron memoria, las extensas siembras con sus verdes y blancos y, por lo tanto, tomó el lugar de la agricultura como la ocupación de quienes viven en el poniente y a lo largo de la carretera hacia El Valle, las manos en la tierra se fueron hacia máquinas de ensamble y el blanco del algodón se cambió por metales y plásticos.
Asesinan a regidor en Chihuahua y otras 9 personas
Sin embargo, en Riberas del Bravo etapa III, una colonia dispuesta como para ser inhabitable por el rezago de todo lo necesario para el desarrollo social y urbano, hay un campo desde el que se puede ver el muro que divide México y Estados Unidos, a un costado de una primera fila de casas abandonadas, saqueadas y quemadas se ven los palos saliendo a lo largo de la tierra, que es lo que deja una jornada de cosecha.
En ese campo, entre el canto de los grillos y el de los gallos, sobre la tierra suelta que queda después del arado, un campesino encontró en su recorrido diario el cuerpo de un niño. James Martin Camacho Padilla nació en Estados Unidos, tenía 7 años apenas, padecía autismo y llevaba dos días en México el 21 de enero de este año, suficientes para desaparecer y morir. Lo que queda ahora es un montón de indignación y de dudas.
El cadáver del niño fue encontrado después de estar un mes desaparecido y de que cientos de personas entre oficiales municipales, estatales, estadounidenses y la comunidad en general lo buscó por el área. Unos días antes lo buscaron en ese campo, dijo una mujer que se dijo vecino del padre del menor en el lugar del hallazgo, que además es un campo que un día antes fue cosechado y el cuerpo no estaba ahí.
Entonces la comunidad de Riberas del Bravo externó su preocupación y miedo, como una onda expansiva, ante la inseguridad de las calles de su colonia.
A James lo despidieron en un puente internacional un sacerdote, el personal de la funeraria y reporteros, nada más. El caso no se ha resuelto y el hallazgo del cuerpo sólo dejó más dudas.
Uno puede ejercer su derecho y facultad al recuerdo, y pensar que un día, igual a éste, pero hace diez años, la ciudad entró en el capítulo más violento de su historia reciente, con la puesta en marcha del Operativo Conjunto Chihuahua. Pero entonces, convirtiendo los asesinatos en memoria, uno corre el riesgo de voltear hacia atrás y no ver lo que tiene enfrente.
Y es que la violencia, atravesada en los espacios culturales, económicos, sociales e íntimos, sigue ahí, brotando de vez en cuando para recordarnos que una guerra no pasa como pasa una caravana política, entre gritos y aplausos que se pierden conforme avanza.
Por ejemplo, la expresión más evidente de la violencia es el homicidio. Y 2017 fue el año con más asesinatos desde 2012, con un registro de 642 sólo en Ciudad Juárez, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo.
Los cambios en las estructuras políticas siempre traen cambios en las estructuras criminales porque, asegura el investigador de la Universidad Iberoamericana, especializado en narcotráfico, Erubiel Tirado, el crimen y el Estado se vuelven una misma cosa en cuanto que uno permite que el otro opere. “Es un Estado criminal”, dice.
Un cambio de administración incide en los índices de violencia. Un cambio de partido político en el poder, la desata, de acuerdo con el especialista y con las cifras de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo de Gobierno.
El 4 de octubre tomó protesta como gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado. El 5 de junio, Corral, abanderado del PAN, terminó con una serie consecutiva de administraciones priístas desde 1998. El gobernador saliente, César Duarte, terminó su gobierno entre escándalos por la deuda y el financiamiento de un banco, entre otros.
En Ciudad Juárez la presidencia municipal dejó de ser del PRI y pasó a ser de un candidato independiente, Armando Cabada.
Los cambios en las estructuras políticas incidieron de manera inmediata y directa en los índices de violencia en el estado. El mes de la transición fue el más violento del año. En octubre, con la recién administración se cometieron 234 homicidios. Apenas un mes antes fueron 165 los asesinatos registrados. Es decir, de un mes a otro los homicidios se incrementaron en un 29.5 por ciento en el estado, según datos del Secretariado de Gobierno.
Esto a pesar de que el alcalde de Ciudad Juárez impuso en su gabinete como director de Seguridad Pública en un inicio a Jorge González Nicolás, ex fiscal general durante el mandato de César Duarte y señalado por más de 50 organizaciones civiles, que firmaron un documento para manifestar su inconformidad ante el nombramiento, por supuestos nexos con el narcotráfico. González Nicolás fue acusado, después, por el gobernador del estado, Javier Corral, de ignorar las carpetas de investigación que se seguían contra Duarte.
También se puede voltear hacia atrás, a la memoria lejana de los homicidios de hace 10 años y pensar en la baja de las estadísticas de homicidios, en comparación con el año más violento, como un mérito y no como una obligación y un derecho.
El alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez, dijo orgulloso, el 30 de noviembre de 2017 a un reportero -en Cali, Colombia-, que Ciudad Juárez es la ciudad más resiliente de México.
Además, a Juárez se le agregó al nombre casi como prefijo incuestionable la palabra “Heroica”. Así se llama: Heroica Ciudad Juárez. Y la heroicidad consiste, básicamente, en resistir.
En una entrevista que dio el alcalde Cabada para El País de Colombia, dijo: “Ciudad Juárez tiene problemas, pero es un lugar bueno para vivir y para producir. El problema de la violencia está focalizado actualmente en los que se dedican al crimen organizado, no con la sociedad en general. Por eso hemos realizado muchos esfuerzos para quitarnos el estigma de la violencia”.
Así replicó el discurso repetido hasta el cansancio desde el desarrollo del Operativo Conjunto Chihuahua o lo que se conoció como “La guerra contra el narco”, emprendida por el ex presidente Felipe Calderón, que sostenía el discurso oficial de que: a los que matan “andaban en algo”.
Ese año, Ciudad Juárez fue el municipio de todo el país con más homicidios de niños y niñas menores de 11 años con siete casos, de acuerdo con datos del Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones, dados a conocer por El Diario de Ciudad Juárez el 4 de febrero de este año En el estado fueron asesinados 16 niños y Chihuahua estuvo sólo por debajo del Estado de México, entidad casi cuatro veces más poblada.
En 2007 fueron asesinadas 19 mujeres en Ciudad Juárez; para 2008 fueron 111; el siguiente año cerró con la cifra de 125 homicidios de mujeres y para 2010, en relación con 2007, el delito creció 2 mil 110 por ciento, con 401 asesinatos de mujeres, de acuerdo con datos del INEGI.
Y, aunque, a partir de 2010 los homicidios de mujeres en la ciudad empezaron a disminuir: 220 en 2011; 108 en 2012; 59 en 2013; 62 en 2014; 33 en 2015 y 21 en 2016; para 2017, luego del cambio de partido en la administración estatal con el triunfo de Javier Corral como gobernador del Partido Acción Nacional, los índices de criminalidad repuntaron y ese año cerró con 86 homicidios de mujeres, de acuerdo con registros periodísticos.
En la lista de feminicidios por municipio, Ciudad Juárez ocupa el segundo lugar, debajo de Ecatepec y encima de Acapulco. Las tres ciudades más letales con las mujeres.
Sin embargo, Juárez encabezó la lista de denuncias por violación en 2017, por lo menos en los datos que arrojaron los primeros seis meses del año.
Ciudad Juárez fue en ese periodo el municipio del país que tuvo más denuncias por violación: 220. Un poco más de una mujer al día denunció ser violada. Una cada 20 horas sería más exacto.
Sin embargo, el estado que más denuncias registró fue el Estado de México, con 989 carpetas iniciadas en los primeros 6 meses del 2017. Le siguió Chihuahua con 486 casos. Y después Chiapas con 355, según los datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública.
En cuanto a municipios, después de Ciudad Juárez, en Tijuana se denunciaron 132 ataques sexuales como violación. Y en Chihuahua capital fueron 131.
El inicio
Un hombre dijo, la mañana del 6 de noviembre de 2008, que vengaría el homicidio de su hijo. Apenas salía el sol para iluminar el cuerpo de Sergio Arturo Rentería, de 23 años, que colgaba de un puente vial. En una de las avenidas más transitadas de la ciudad un padre veía a su hijo, suspendido, sin cabeza. Pero con la misma ropa que salió un día antes. En el puente también colgaron una manta en la que se adjudicaba el crimen Arturo Beltrán Leyva, que entró en disputa con Joaquín Guzmán luego de la captura de Alfredo Beltrán.
En la Plaza del Periodista, hacia el Centro de la ciudad, sobre los pies de la figura de un niño vendiendo periódicos, envuelta en una bolsa negra, estaba la cabeza de Sergio Arturo.
Cinco días después, el cuerpo de Héctor Calzada Saucedo, fue tirado frente a una estación de Policía, un Colegio de Bachilleres y varias empresas maquiladoras. Al cadáver, calcinado, le cortaron los brazos y los dejaron junto al cuerpo. A cada brazo le pusieron un encendedor en la mano. “Mensaje para los de La Línea y Aztecas, aquí Héctor Calzada, quemador de negocios y extorsionador. Lacra, chalán de Pablo Ríos Rodríguez el JL y de Vicente Carrillo. Puercos, así van a acabar todas estas lacras que acabaron con la paz de Juárez. Atte El Cártel de Sinaloa. Y aquí está en la plaza el Chapo Guzmán”, decía una manta que dispusieron sobre la reja de la estación de Policía Cuauhtémoc y junto al cuerpo semidesnudo tirado sobre la banqueta.
Cuando los policías retiraron la manta, la frecuencia de radio de las fuerzas de seguridad fue intervenida. Un hombre amenazó con asesinar a los oficiales si no regresaban la manta a su lugar y reducían el espacio de acordonamiento para que los periodistas pudieran fotografiar aquel espectáculo en el que se convirtió el cuerpo como instrumento de mensaje de una guerra que se preocupó de la parte mediática. Entonces los cuerpos fueron encobijados, quemados, torturados, descuartizados, entambados, colgados, decapitados. El lenguaje, incluso, tuvo que adaptarse para usar como sufijo irremplazable del crimen la palabra narco: narcotúnel, narcomensaje, narcocultura, narcoejecución. La guerra, desde un inicio, se filtró en todos los ámbitos de la vida cotidiana.
La de Héctor Calzada, señalado como uno de los líderes del Cártel de Juárez, fue de las últimas notas que escribió Armando Rodríguez “El Choco”, reportero policiaco de El Diario de Ciudad Juárez, porque dos días después, alrededor de las 7:30 de la mañana, mientras calentaba el motor de su auto para salir de su casa, un hombre le disparó en 10 ocasiones con un arma 9 milímetros, su hija, una niña que estaba sentada en el lado del copiloto, a quien llevaría a la escuela, lo vio morir a su lado.
Esto fue en noviembre, poco más de siete meses antes, el 28 de marzo de 2008 entró en vigor el Operativo Conjunto Chihuahua, en el marco de una declarada guerra contra el narcotráfico del entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Ciudad Juárez se convirtió en el principal escenario de ejecuciones entre el Cártel de Juárez, el de Sinaloa, los Beltrán Leyva, el Ejército, la Policía Federal, la Estatal y la Municipal. Y a pesar de esto, los enfrentamientos fueron mínimos, las víctimas, en su mayoría, iban desarmadas.
Cada homicidio dejaba rencor e impotencia ante un índice de impunidad de más de 97 por ciento, de acuerdo con una investigación de la periodista Sandra Rodríguez, de El Diario de Juárez, sobre la violencia en esos años. Y las principales víctimas fueron hombres, jóvenes y pobres, de acuerdo con la investigadora del Colegio de la Frontera, Luciana Ramos Lira.
Entre 2007 y 2010 los homicidios incrementaron mil 961.4 por ciento sólo en Ciudad Juárez; mil 239.5 por ciento en todo el estado de Chihuahua y 290.4 por ciento en todo el país, de acuerdo con cifras del Instituto de Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Juárez, que registró 192 homicidios en 2007, pasó a ser la ciudad más violenta del mundo con 3 mil 766 asesinatos sólo en 2010 y una tasa de 190 homicidios por cada 100 mil habitantes, cuando ningún municipio del país ha superado la tasa de los 100 homicidios por cada 10 mil habitantes, de acuerdo con los datos del INEGI; Chihuahua pasó de 518 homicidios en 2007 a 6 mil 421 en 2010; y el país fue de 8 mil 867 defunciones por homicidio en 2007 a 25 mil 757 en 2010.
Evidentemente algo cambió la estrategia de guerra contra el narcotráfico y Ciudad Juárez cargó la peor parte, pues desde la entrada del Operativo Conjunto Chihuahua en esta ciudad, de entonces un millón 300 mil habitantes, que representa el 1 por ciento de la población del país, esta sociedad sufrió alrededor del 15 por ciento de todos los homicidios que se registraron en México.
Los principalmente asesinados son hombres jóvenes de 30 a 35 años, seguidos de los de 18 a 24; se señala que en su mayoría son pobres, sin empleo, sin estudio, ni oportunidades”, de acuerdo con la investigadora Ramos Lira.
Y, sin embargo, a pesar de que la gran mayoría de los homicidios fueron contra hombres jóvenes. Otros grupos de la sociedad se vieron altamente vulnerables frente a una guerra que tomó a todos por sorpresa. Así, vivir en Ciudad Juárez y ser mujer, joven, niño o niña, aumentaba las posibilidades de ser asesinado, marginado y violentado.
Además del homicidio, como la manifestación más evidente de la violencia, se conjugó a la problemática de la ciudad una fuerte crisis económica, consecuencia de la recesión en Estados Unidos por la crisis inmobiliaria y que impactó a la industria maquiladora en esta frontera. Se perdieron 90 mil empleos y abandonaron la ciudad más de 200 mil personas para 2010, de acuerdo con datos del INEGI y del Seguro Social.
Ser mujer
Un hombre camina, se mueve despacio entre la multitud del Centro, como se mueve quien ha perdido algo.
A José Luis Castillo le entregaron un hueso de los 206 que tiene el cuerpo humano. Una tibia para decir: “Su hija está muerta, ya no busque”.
Él aprendió, a lo largo de los últimos nueve años, que con el gobierno no sólo no se cuenta, si no que se lucha.
Aprendió, por ejemplo, que cada vez que venía un funcionario público de primer nivel a la ciudad, la Fiscalía citaba a los familiares de desaparecidos diciendo que tenía información.
Mientras el funcionario terminaba su evento, ellos esperaban avances que no existían. Pero un día no fue así.
El miércoles 14 de enero de 2015 el presidente Enrique Peña Nieto visitó Ciudad Juárez y José Luis estaría ahí para recordarle que hace seis años buscaba a Esmeralda Castillo Rincón. Le mostraría su foto para que no se le olvidara. Mientras su esposa, Martha Rincón, asistiría a Fiscalía a la reunión que siempre hacían para estas ocasiones.
Y así lo hicieron, uno fue a esperar informes de las indagatorias y el otro a exigir que lo ayudaran a buscar a su hija.
Pero las cosas no fueron como esperaban: a José Luis lo golpeó el cuerpo de seguridad del Estado Mayor y a Martha no le dieron ningún avance.
Un video de la agresión se hizo viral a través de redes sociales. Dos días después lo notificaron en su casa; encontraron a Esmeralda, muerta.
Toda la familia fue al Servicio Médico Forense (Semefo). Les mostraron un hueso de seis centímetros. Esto es Esmeralda. No busque más. Fue feminicidio. Carpeta por desaparición cerrada. Sin culpables. Sin causa de muerte.
Además, les dijeron que la tibia estaba en el Servicio Médico Forense desde el 3 de marzo de 2013.
Pidieron un segundo examen pero les dijeron que ya habían hecho dos, uno de Fiscalía y otro en un laboratorio de Estados Unidos. Preguntaron por qué y por qué no les notificaron. “Es que ya sabemos cómo son”, les respondió el entonces director del Semefo, Ever Castañón Torres, cuenta José Luis.
José Luis trabajaba para la Dirección de Limpia del Municipio. Barría las calles de la ciudad.
El viernes 15 de mayo de 2009 trabajó toda la mañana bajo el sol potente de mayo en este desierto. Tomó un vaso de agua muy helada y la temperatura de su cuerpo resintió el cambio. Enfermó.
El lunes Esmeralda no fue a la escuela para cuidarlo. Lo inyectó, recuerda José Luis.
El martes 19 la niña de 14 años tampoco quería ir a la escuela para quedarse con su papá.
Pero José Luis insistió.
Entonces cometí el error más grande… decirle, ‘váyase sola mija, son las doce y media del día, qué le puede pasar… y hasta el día de hoy no he vuelto a saber de mi hija”, sentencia con la culpa de alguien que piensa pudo evitar un evento atroz.
Ahora José Luis está parado frente a un memorial en la zona centro. El memorial es en realidad una estructura de metal vandalizada que un día tuvo una pancarta con la imagen de Esmeralda que decía que justo ahí se perdió la pista de su recorrido truncado. Es el último punto de un rastro o el principio de una estela que se difumina sin dar con algo tangible, igual que recuerdos por los que este hombre aún llora.
José Luis despidió a su hija ese martes 19. La vio subir a un camión que la dejó en el Centro y donde nunca abordó el siguiente, que la dejaría en la secundaria Técnica 79.
La perdió en lo que fue el epicentro de la desaparición de mujeres.
El hueso lo encontraron, según Fiscalía, en un punto del desierto fuera de la ciudad conocido como Arroyo El Navajo, donde se han encontrado más de 100 restos.
“Entonces nos tuvimos que volver activistas”, cuenta José Luis.
Se organizaron con otros familiares de desaparecidos y organizaciones no gubernamentales para capacitarse. Se volvieron expertos en buscar restos a mitad del desierto gracias a la ayuda de colectivos de Veracruz y Coahuila. Convocaron a todos a rascar la arena en los rastreos ciudadanos.
Pidieron las coordenadas del lugar en que se encontró la tibia. “Nos dimos cuenta que los rastreos los hacen sin nada, van caminando viendo nada más”, comenta para explicar que fueron ellos los que, con sus picos y sus palas y sus varillas, empezaron a buscar debajo de la tierra.
En 20 horas encontraron 65 restos, de los que 60 resultaron de ser humano. La Fiscalía en siete años halló 40, cuenta José Luis. Del total de restos hallados por los ciudadanos no se ha notificado a los familiares sobre la identidad para saber si alguna pertenece a quien buscan. No hay dinero para hacer los análisis, les dicen. Tampoco para gasolina para acompañarlos a seguir buscando.
Después vinieron las amenazas que se endurecieron en el último año durante la administración del gobernador Javier Corral.
José Luis contestó muchas veces su teléfono para escuchar, entre otras cosas: “Ya bájale de huevos… Cada vez que se cogen a tu hija nosotros ganamos dinero… Tienes otra hija, vamos a ir por ella a levantarla… ¿Quieres que te pase lo que le pasó a Marisela… Te va a llevar la chingada… Tu hija está bien pero ya deja de estar chingando”.
La última llamada fue hace unos meses, asegura. Cuenta que hicieron una denuncia en la Procuraduría General de la República que determinó que todas las llamadas se realizaron desde las oficinas de Gobierno del Estado. No se investigó a nadie.
Ha sido encarcelado cuatro veces. Acusado una vez de 25 asaltos a mano armada y de portar una mini uzi. Por eso pasó seis meses en la cárcel hasta que salió con un “usted disculpe” por parte de las autoridades. Le han negado pegar pesquisas; se las han quitado. Lo han golpeado, amenazado e ignorado. Pero sigue.
Con la llegada de Corral ahora ni nos recibe, nos cambia a los ministerios públicos cada semana, nos reprime… (la administración) cambió desafortunadamente para mal. Pero nos toca, por el amor que le tengo a mi niña, seguir en exigencia, aun poniendo en riesgo nuestra integridad física”, dice.
A José Luis le pidieron que aceptara un hueso y que su hija estaba muerta. Le dijeron que le convenía porque le pagarían 150 mil pesos por la reparación del daño, que tendría además otros beneficios.
No quiso la tibia y pidió que le dejaran analizarla a parte. A un año de esa petición no lo logra. José Luis no aceptó un hueso para cerrar un caso. Buscó. Busca. Seguirá buscando.
Ser joven y pobre, criminal para las autoridades
El 29 de marzo de 2011 el entonces gobernador del estado, César Duarte Jáquez, presentó una iniciativa de ley para modificar la Ley General de Servicio Militar, con la finalidad de que los jóvenes que no estudiaran ni trabajaran y tuvieran la edad para prestar el servicio militar lo hicieran durante tres años o de lo contrario fueran a la cárcel.
Cerca de la media noche del 30 de enero 2010, un comando compuesto por al menos cuatro vehículos y veinte hombres se detuvo frente a una casa, en la que alrededor de 50 adolescentes y jóvenes festejaban un cumpleaños, de los autos bajaron hombres armados que abrieron fuego contra los asistentes, de los que quince no se levantarían.
En una gira por Japón, al entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, se le facilitó el don de la interpretación y en una declaración pública dijo que los jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar, al otro lado del mundo para él en ese momento, eran pandilleros, así, el crimen quedaba justificado bajo la lógica de que “si los mataron es porque en algo andaban”.
El 11 de febrero de ese año, recién enterradas las víctimas, Felipe Calderón visitó esta ciudad fronteriza. De todo lo que haya podido pasar en esa visita hay un momento que conmovió al mundo, Luz María Dávila, le reclamó de frente al presidente lo que dijo. Ella que perdió a sus dos únicos hijos en aquella casa, dos estudiantes, uno del CBTIS 128 y el otro de la UACH, ambos que, para Calderón, eran pandilleros.
Luz María se levantó de su lugar para decirle a Calderón, entre políticos y periodistas y un guardia que intentó apartarla, “yo no le puedo decir bienvenido, porque para mí no lo es.
Nadie lo es. Porque aquí ya son más de dos años que se están cometiendo asesinatos, se están cometiendo muchas cosas y nadie hace nada. Y yo quiero que se haga justicia, no nada más para mis dos niños, sino para todos los demás niños. Yo no puedo darle la mano y decirle bienvenido porque para mí no es bienvenido. Aquí Juárez está en luto. Quiero que usted se retracte de lo que dijo, que eran pandilleros.
Le apuesto que si a usted le hubieran matado a un hijo, usted debajo de las piedras buscaba al asesino, siendo que como yo no tengo los recursos, no los puedo buscar… en mi casa están tendidos ahorita, ahorita estamos en el novenario”.
Póngase en mi lugar a ver que siento yo. Quiero que se ponga en mi lugar ahorita que estoy sintiendo”, esa tarde Luz María se retiró, entre aplausos del auditorio, al novenario de sus hijos.
Héctor Aguilar Camín, quien, al opinar sobre las reacciones que generó la posición de Felipe Calderón sobre el asesinato de los jóvenes, exculpó al Ejército y a Calderón por la muerte de los jóvenes y sentencio: los asesinos son los asesinos. Este argumento tautológico cobra sentido cuando afirma que a los muchachos los mataron `esos hijos de puta… los hijos de puta son los hijos de puta`. Dicho señalamiento que construido desde una perspectiva que culpa a las madres porque paren delincuentes, recurre a la máxima machista de agresión a la progenitora para humillar, insultar y descalificar a la madre prostituida, desvalorizada, la puta, la chingada del laberinto paceano”, señala José Manuel Valenzuela, investigador del Colef, en su libro Sed de Mal, para explicar la construcción de un discurso que criminaliza la juventud por parte de las autoridades e incluso intelectuales.
El 26 de marzo de 2012, el entonces secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, Julián Leyzaola, dijo: “Es necesario procesar a los criminales, tratarlos como lo que son, hablar su lenguaje”, y siguió diciendo “esta escoria utiliza diferentes métodos”.
Para la especialista en jóvenes y directora de la asociación civil Casa Promoción Juvenil, Teresa Almada: “En parte es el desarrollo urbano, pero también el abandono y la pobreza y la violencia y todas las condiciones en las que han crecido muchos de los adolescentes y jóvenes en los barrios y también como los gobiernos pues han criminalizado históricamente a muchos de estos grupos”.
Culpar a las víctimas es un recurso fácil de la autoridad, culpo a las víctimas y así ya no tengo nada que investigar, ya doy por hecho que las víctimas pues se lo buscaron no, y es una justificación frente a una responsabilidad del Estado de garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos, independientemente de que sean delincuentes o no”, continuó.
Uno de los ejes principales de la campaña hacia la gubernatura en Chihuahua de César Duarte, fue la promesa de dar cadena perpetua a secuestradores y extorsionadores, crímenes que iban al alza en ese 2010 y que afectaban, principalmente, a empresarios y en general personas de una clase alta económica. Ganó las elecciones y a dos semanas de tomar posesión y un día después de la masacre de Horizontes del Sur, en una rueda de prensa sobre la reciente matanza, el sábado 23 de octubre dijo sobre la entrada en vigor al siguiente día de la prisión vitalicia: “No tengo duda que al momento que tengamos la agilidad de imponerle cadena perpetua a un secuestrador en Chihuahua, se limitarán mucho aquellos que han estado explorando como una actividad ilícita la incorporación de muchos que no tienen alguna alternativa de empleo o de oportunidad”, y dejó claro el castigo, no la solución al problema de la falta de empleo y oportunidad.
Si ser joven y pobre es ser marginado, ser joven, pobre y haber pasado por una sentencia, es ser doblemente marginado, de acuerdo con el investigador de la UACJ y especialista en jóvenes y sistema carcelario, Salvador Salazar Gutiérrez.
Tienes a estos chavos que están saliendo de los tutelares enfrentándose a una situación muy creciente de una fuerte criminalización donde ser joven es ya de entrada ser sospechoso de que estés vinculado a algo y sobre todo jóvenes pobres de zonas marginadas, vulnerables y segundo, con un fuerte estigma de alguien que pasó por el cumplimiento de una sentencia. Y el problema del sistema es que donde carga la culpa es en el individuo, el chavo es el que dice no pues yo la cagué, y no la hago´, no pues ya valió madre simplemente no se puede y eso es lo perverso del sistema como tal, porque realmente no hay las condiciones ni de estructura, ni institucionales, ni de las políticas pues para que cuando salgan enfrenten efectivamente o ubiquen o permitan colocarse frente a un proyecto de vida que a mediano y a largo plazo les dé estabilidad”, asegura.
Si en 2007 fueron asesinados en la ciudad 31 menores de 19 años, en 2010 se cometieron 450 homicidios a personas en este rango de edad.
Los niños que fueron expuestos a estos niveles de violencia tienen una tendencia a reproducir lo que vivieron, opina la especialista en infancia Catalina Castillo. Es necesario atenderlos y crear políticas públicas no sólo de reacción si no de prevención. Pero las autoridades se han preocupado más por ocultar la problemática que por atenderla, asegura.
jamp