Main logo

Cero tolerancia a la corrupción política: Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP charla sobre su salida de la FEPADE, su llegada a la UIF y los casos que le dejan mal sabor de boca tras su paso por la ex PGR

Escrito en ESPECIALES LSR el

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, ofrece ser el brazo persecutor de la corrupción política y de la delincuencia organizada, para lo cual, asegura, hay cero tolerancia en este gobierno.

En entrevista con LA SILLA ROTA, Nieto Castillo admite que no tenía opciones en el caso del congelamiento de cuentas de empresas vinculadas presuntamente al huachicoleo. Por ello, a pesar de saber que existía el riesgo de descongelamiento por parte de jueces, lo hizo. Sin embargo, el asunto está atorado, pese a su confianza de que un Tribunal Colegiado terminará dándole la razón a él.

Nieto Castillo fue destituido de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) en el último tramo del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Una llamada desde la UIF le comunicó la decisión, dice, tomada desde el gobierno federal priista.

A propósito de ello ha publicado un libro titulado “Sin filias ni fobias: Memorias de un fiscal incómodo”. Hoy está al frente de la oficina desde la que lo destituyeron y asegura contar con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador en su nueva encomienda.

¿Qué lo llevó a escribir estas memorias?

Una tarde le conté a Jenaro Villamil las anécdotas, de lo que me había pasado con el caso de César Duarte, Odebrecht. Me dijo que eso debía escribirlo en un libro. Luego, ya en la campaña, Marcelo Ebrard y Horacio Duarte planeamos publicar en esa época, pero la revisión hizo que se retrasara. Mi reflexión es que la corrupción iniciaba en las campañas, donde los empresarios daban recursos a las campañas, o simplemente que la delincuencia organizada se metía.

Se ha discutido mucho en torno a la figura de fiscales y procuradores, pero lo que describe es acoso. Pero también otros que fueron respetuosos de la Fiscalía…

Reconozco a Raúl Cervantes como un hombre honesto que me multiplicó el número de policías para llevar adelante proyectos y llegamos a discutir la posibilidad de modificar el artículo 19 constitucional, para incorporar los delitos electorales, y fueran considerados con prisión preventiva oficiosa. También Renato Sales, con quien desplegamos personal: por cada vehículo de FEPADE había una o dos patrullas federales patrullando la zona de casillas y acompañando el regreso y evitar el robo de paquetes electorales…

Es increíble que a estas alturas del partido sigamos haciendo eso en México…

En 2015 fue una constante en Oaxaca, Guerrero, Chiapas. En 2016 se presentaron casos en Puebla y Veracruz. En 2017 tuvimos problemas en el Estado de México y Coahuila, donde si bien no se robaron las casillas, sí hubo temas relacionados con peculado electoral y uso de recursos públicos…

Un modelo mucho más sofisticado…

Sí, mucho más sofisticado. Pero el tema es dónde se comete el delito electoral: se comete en la calle, en las inmediaciones de la casilla, donde los operadores los llevan a las casillas y por tanto la única forma de inhibir es a partir de despliegues de policías. En este caso la Policía Federal, que trabajaba mano a mano. Con los ministros Olga Sánchez Cordero y José Ramón Cosío, para que atrajeran un asunto relacionado con Veracruz, un caso de ladrones de elecciones de la operación política de Javier Duarte. La labor con Javier Corral y Estéfany Olmos para generar un caso de éxito de peculado electoral. En muchos casos, los funcionarios, con independencia de su filiación partidista, están queriendo desarrollar sus actividades en términos de ley.

Parte de lo descrito es el Estado de México, ¿cómo te llevas con el gobernador del Estado de México?

No tengo ninguna relación con el gobernador del Estado de México… con el actual. El anterior (el senador Eruviel Ávila) incluso fue compañero mío en la maestría, así lo relato en el libro. Pero la relación fue muy complicada porque nosotros desarrollábamos investigaciones y ellos generaron amparos para no citar a los secretarios de Estado denunciados por los partidos de oposición, Morena, PRD y PAN, por el desvío de recursos públicos, peculado. Su argumento fue que la FEPADE no tenía competencia en las elecciones locales, pero la ley general sí lo establecía. Después de mi salida de la FEPADE se determinó la incompetencia de la Fiscalía y el no ejercicio de la acción penal…

De manera muy sospechosa…

De manera muy sospechosa. Era absurdo que el gobierno del Estado de México señalara que no había competencia.

También relata otros, como el de Eva Cadena. Al final de cuentas la gubernatura mexiquense se resolvió de forma tal a como lo vemos ahora y en el caso de Eva, también hay resolución sobre ese caso, y parece que te duele ese caso, que logró ese triunfo jurídico por tener amigos poderosos, ¿este tipo de historias aún se pueden repetir?

El caso de Eva Cadena es paradigmático. La graban recibiendo recursos, reconoce los montos y existe un techo de aportaciones para campañas y que eran de 171 mil pesos para las campañas municipales de Veracruz, y ella recibía medio millón. Logramos la vinculación a proceso y luego que salí de la FEPADE, de forma inexplicable, en lugar de sostenerse el caso, se retiró la imputación. Eso fue a todas luces inconcebible y me dejó un mal sabor de boca. Por ello es importante ver las condiciones de FEPADE para ejercer mejor su función y eso tocará al maestro José Agustín Ortiz Pinchetti, un hombre honesto y probo, con gran capacidad y que no querrá que se repitan las cosas que le tocó vivir desde la oposición en materia de delitos electorales.

¿Qué otro asunto le marcó?

Me marcaron tres conflictos relevantes: el conflicto con el PVEM en 2015; el tema de César Duarte, y Odebrecht…

¿Este último se va a re-revisar?

Sí, el fiscal General de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, ha dicho que se va a tener que revisar la carpeta de investigación. En su momento el procurador Raúl Cervantes dijo que estaba concluida. Yo seré muy respetuoso de la Fiscalía, pero creo que es muy importante que México deje de ser, junto con Venezuela, los dos países donde no se ha procesado penalmente a nadie ni sancionado administrativamente a ningún servidor público….

Entonces esos son los tres…

Y el tema de la violencia de género, eso se impulsó con senadoras de todos los partidos, pero nos encontramos con el muro que fue la Consejería Jurídica de Presidencia del gobierno anterior que se negó a que pudiera generarse una reforma con tipo penal para atacar la violencia contra las mujeres. Desde comunidades indígenas, como dar latigazos a mujeres, hasta temas de acoso laboral y sexual.

El libro es una galería del horror de país que tenemos…

Y por otro lado de los enormes valores de la sociedad, como los habitantes en Tixtla, que fueron a votar pese a la situación terrible de la desaparición terrible de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Las convicciones de los ministerios públicos de querer llevar los casos a pesar de las insuficiencias institucionales. Si vemos los ingresos de un juez de distrito y un ministerio público, la diferencia es abismal y son funciones igualmente importantes para el Estado y debería tener una mejor consideración.

¿Se guardó alguna historia, que alguna vez Peña Nieto le haya llamado para gritarle?

No, no, con Peña Nieto hablé con él una vez por la red y un par de veces me tocó saludarlo en eventos públicos. Creo que interesante es cuando Alberto Elías Beltrán decide notificarme la remoción, que habían acordado en el gobierno federal, la llamada viene de la Unidad de Inteligencia Financiera, por la línea roja. Levanto la cabeza para ver quién hablaba y era de la UIF. Paradoja de la vida o justicia divina o justicia presidencial del presidente López Obrador que me manda a la Unidad de Inteligencia Financiera, que fue el lugar desde donde se orquestó mi salida de FEPADE.

¿Cómo cae aquí? La UIF es como un mundo aparte…

El Grupo de Acción Financiera presentó su informe en enero de 2018 y establecía que México tiene un sistema financiero sólido, una UIF que funcionaba, pero que no denunciaba…

Somos malos para corretear delincuentes desde la UIF…

No había decomiso de bienes e instrumentos del delito y no había sentencias. El decomiso pasa por el congelamiento desde la UIF, decomiso final del juez…

¿Por qué no se hizo, ahora sí se va a hacer?

El objetivo es hacerlo. Hemos aumentado en dos meses de administración que llevamos a 900 millones congelados en 50 cuentas directas y 258 indirectas en temas de lavado de dinero que van desde corrupción política hasta robo de hidrocarburos o temas de delincuencia organizada. Hemos presentado 22 denuncias en contra de servidores públicos, personas físicas y morales, ante la FGR, una vista a la Sedena, tres a la Procuraduría Fiscal de la Federación por defraudación fiscal, y ante el SAT y la SFP.

¿Viene con mano dura?

La idea es generar un proceso que permita que la UIF funcione para lo que fue diseñada y que por supuesto habrá cero tolerancia a la corrupción.

¿La describiría como un brazo fuerte?

Dentro de lo financiero es un ámbito que debe tener un enfoque penal para poder llevar los asuntos a la Fiscalía general y las locales. Y que a partir de ahí se alcancen los objetivos del decomiso de bienes…

Pero esto debe ser medible en el tiempo con los decomisos. Uno se imagina que a “El Chapo” o funcionarios o lo de las gasolinas, parece que la UIF debiera ser el brazo ejecutor…

El brazo que pudiera seguir la ruta del dinero. No solamente prevenir el lavado de dinero, sino perseguirlo y combatirlo. Eso implica la vinculación directa con la Fiscalía, la Función Pública y los organismos internacionales, pues la delincuencia organizada es supranacional.

¿Y tiene el respaldo político y moral para ejecutar esto?

El presidente López Obrador me ha dicho que cuento con todo su respaldo.

Que no sean una coladera…

Exactamente…

¿El caso de Hidrosina no se está como enredando?

En el caso específico del robo de hidrocarburos hemos congelado 38 cuentas directas y 177 relacionadas. De estas, se promovieron dos juicios de amparo, a los que les otorgaron la suspensión. Hay otros juicios de amparo donde los jueces han negado la suspensión.

El juez que determinó otorgar la suspensión a uno de los consorcios de Hidrosina y en otro caso está aplicando una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice que el procedimiento tiene un origen internacional es acorde a la Constitución, y si es sólo de origen nacional es contrario a la Constitución.

Yo tenía dos opciones, a sabiendas de que existía la jurisprudencia: hacerlo, congelar las cuentas y defenderlas en el juzgado, o no hacer nada. Opté por la primera.

Tengo entonces dos asuntos en suspensión, que ya están recurridos y se planteó la excusa, hemos recusado al juez de Distrito porque hizo un pronunciamiento ante un medio de comunicación sobre el fondo del asunto y a quien debo reconocer como una persona honesta, está aplicando una jurisprudencia que, desde mi punto de vista, tiene otra interpretación. Pero que lo que hace es aplicar una jurisprudencia que desde la óptica de la UIF es importante que se revise y la única forma de hacerlo es que los asuntos escalen hasta llegar al máximo tribunal de la república.

Santiago Nieto apresura el paso. Se hace un espacio en sus horas de comida para promover su libro. Es evidente que tiene muchos casos en las manos y que debe dar resultados. Y dice que así lo hará.

AJ