La reciente liberación de Elba Esther Gordillo es ejemplo del escenario actual de la procuración de justicia México, la lista de “casos caídos” del Gobierno Federal es larga ante la falta de denuncias, violaciones al debido proceso, fabricación de culpables y las escasas sentencias en el sistema judicial mexicano.
Por ello, en La Silla Rota te presentamos algunos de los casos judiciales que se les cayeron a las autoridades federales.
Florence Cassez
Era diciembre del 2005, elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) ingresan al “rancho” Las Chinitas, en la México-Cuernavaca, donde detienen a la banda de secuestradores “Los Zodiacos”, liderada por Israel Vallarta y su pareja sentimental de origen francés Florence Cassez, y liberan a una familia plagiada. Todo es transmitido por televisión abierta.
Lo que parecía una historia operación policial transmitida en vivo se trasformó en toda una farsa judicial cuando, dos meses después, Florence Cassez desde la cárcel acusa al titular de la AFI, Genaro García Luna de montar la detención televisada, el funcionario federal reconoce que el operativo fue recreado y que las detenciones se habían hecho un día antes.
Así comenzó una serie de acusaciones contra el Gobierno Federal por violaciones al debido proceso y omisiones en el caso.
Los agentes de la AFI tardaron cinco horas y 45 minutos en presentarla ante las autoridades, no le otorgaron contacto consular en su primera declaración como lo indica la Convención de Viena y el montaje realizado por García Luna violó su presunción de inocencia.
Se ignoró la declaración de Vallarta, quien exculpó a Cassez de participación o conocimiento de los secuestros. Además, los dichos de las víctimas, así como de las autoridades, específicamente sobre Florence cambiaron constantemente y se contradecían. Pese a ello, en 2009 la francesa es condenada a 60 años de prisión.
El caso afectó la relación diplomática entre Francia y México, los europeos exigían la extradición de su compatriota, el gobierno de Felipe Calderón sostenía que la condena la cumpliría en tierras mexicanas.
Luego de una serie de amparos presentados por la defensa de Florance Cassez ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en enero del 2013 la mujer parisina fue liberada por violaciones al debido proceso.
Entre los magistrados que votaron a favor de la liberación de Cassez se encontraba Olga Sánchez Cordero, quien será titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el gobierno próximo de Andrés Manuel López Obrador.
Rafael Caro Quintero
El 5 de marzo de 1985 el agente de la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique Camarena, fue encontrado muerto en Michoacán. El estadunidense se había infiltrado dentro del Cártel de Guadalajara donde logró vario golpes contra la organización criminal.
Por ello, miembros del Cártel de Guadalajara lo secuestraron, torturaron y asesinaron. Aunque investigaciones de la DEA evidenciaron posibles responsabilidades de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y del Gobierno Mexicano –entre ellos el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett–, solo tres capos fueron señalados por el crimen: Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Jefe de Jefes”; Ernesto Fonseca, “Don Neto”; y Rafael Caro Quintero, “El narco de narcos”.
Los tres fueron detenidos y sentenciados, mientras que el Cártel de Guadalajara fue desmantelado, quedando Amado Carrillo, “El Señor de Los Cielos”, al mando del imperio criminal frente al Cártel de Juárez.
Sin embargo, 28 años después, en 2013, Caro Quintero fue exonerado y puesto en libertad, ya que al no ostentar Enrique Camarena ningún cargo diplomático en nuestro país, el narcotraficante tuvo que ser juzgado en el ámbito local y no federal.
La justicia en Estados Unidos lo coloca entre los más buscados tanto de la DEA como del Buró Federal de Investigación (FBI), con una recompensa por su captura de 10 millones de dólares.
Teresa, Alberta y Jacinta
Elementos de la AFI, sin identificación ni uniforme, arribaron al tianguis de Santiago Mexquititlán, Querétaro, en un supuesto operativo antipiratería. Era marzo del 2006 cuando los oficiales federales, con lujo de violencia, decomisaron la mercancía de varios de los comerciantes.
Los hechos ocasionaron una trifulca entre los policías y los vendedores. Estos últimos retuvieron a dos de los agentes que destruyeron su mercancía hasta que otros miembros de la AFI llegaron al lugar a pagar los “platos rotos” de sus compañeros y que los vendedores exigían para dejarlos ir.
La situación no pasó a mayores, todo fue solucionado. Así parecía, pero cuatro meses después, los uniformados regresaron para detener a Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio.
Las tres indígenas hñähñú que vendían muñecas de trapo, verduras y aguas frescas en la plaza de Santiago Mexquititlán fueron detenidas acusadas de secuestrar a seis miembros de la AFI. El trío de mujeres, de medio y metro de estatura, que no hablan español, era acusado de privar de su libertad a un cuerpo de élite para combatir al crimen organizado.
Teresa, Alberta y Jacinta fueron sentenciadas a 21 años de prisión por secuestro. El caso llegó a oídos de Amnistía Internacional y el Centro Prodh, quienes se encargaron de emprender una batalla legal para la liberación de las tres mujeres indígenas.
En diciembre del 2008 se presentó la apelación de la sentencia y para 2010 las tres ya habían recuperado su libertad. En su juicio se habían presentado pruebas fabricadas y testimonios falsos. Para 2011 las tres ya habían presentado una denuncia contra la Procuraduría General de la República (PGR) por los daños.
En 2013, el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa (TFJA) ordenó que la PGR pagara 20 mil días de salario mínimo a las tres mujeres como multa, así como una disculpa pública como reconocimiento de su inocencia.
Pese a que la PGR interpuso recursos legales para cumplir la sentencia del TFJA, la SCJN reiteró dicha decisión. No fue hasta febrero del 2017, casi 11 años después de los hechos, cuando el procurador Raúl Cervantes reconoció su inocencia y pidió perdón a las indígenas por las mentiras y abusos cometidos.
“El Contador”
Alfredo Cárdenas Martínez, "El Contador", líder del Cártel del Golfo, fue detenido el pasado 19 de febrero, sin embargo, en tres día salió libre.
Esto debido a que Saúl Cota Murillo, juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, de la cárcel de Altiplano, Estado de México, determinó que su aprehensión fue ilegal, así lo informó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a través de un comunicado.
Dicha ilegalidad fue expuesta por la defensa de "El Contador", la cual detalló una serie de contradicciones y mentiras por parte de las autoridades en los informes relacionados con la captura del capo criminal.
La Secretaría de Marina (Semar) y la PGR detallaron que Cárdenas Martínez fue detenido cuando huida de un operativo implementado por marinos en Matamoros, Tamaulipas.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) detalló que en el momento de la captura "El Contador" viajaba en una camioneta a exceso de velocidad, cuando las autoridades dieron alcance al vehículo notaron dos armas de fuego en el asiento del copiloto, por lo que hicieron una revisión a la camioneta hallando así más armas y paquetes de droga.
Por su parte, la Semar señaló que, tras recibir una llamada anónima, acudieron a la zona, donde, al llegar, se percataron de varias personas huyendo del lugar. Sin dar más detalles de cómo fue la captura, la Marina mencionó que pese a la huida se logró la detención de "El Contador", a quien la dependencia definió como "líder de una organización delictiva en la región".
En tanto, la defensa de “El Contado” aseguró que el criminal fue detenido mientras se encontraba en su casa y no en una persecución. La evidencia de los abogados defensores fueron una serie de videos de las cámaras de seguridad de la casa del criminal. Dichas grabaciones muestran como los Marinos llegan al inmueble, desconectan algunas cámaras, ingresan a la casa y lo detienen.
Además, los videos detallan como las autoridades se llevan la camioneta, la cual estaba estacionada y donde aseguraron habían detenido a "El Contador" tras una persecución. La falta de una orden de aprehensión habría sido el motivo por el cual, las autoridades federales habría mencionado dicha versión de su captura.
Elba Esther Gordillo
El 26 de febrero del 2013, un día después de la promulgación de la Reforma Educativa, Elba Esther Gordillo fue detenida por elementos de la PGR en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, acusada de delincuencia organizada, desvío de recursos y lavado de dinero.
Jesús Murillo Karam, entonces titular de la PGR, detalló que la captura se dio luego de una denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La dependencia federal acusó a Gordillo por realizar movimientos financieros inusuales, depósitos en dólares en cuentas extranjeras, pagos en tiendas departamentales, en tarjetas de crédito, mantenimiento de aviones, capacitación de pilotos, rentas de hangares, galerías de arte, así como cirugías plásticas y la compra de dos casas en una isla de California, Estados Unidos.
Así, la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.
Los primeros cuatro años de detención, Elba Esther pasó su encierro entre cárcel y hospitales debido a su padecimiento de hepatitis viral tipo C, insuficiencia renal, hipertensión arterial sistemática, dos aneurismas seculares en las arterias cerebrales medias y que, además, en su juventud donó un riñón a su esposo.
Posteriormente, “la maestra, como a llaman, logró prisión domiciliaria, donde estaría recluida en un penal de Polanco, en la capital del país.
A más de cinco años de su detención, la noche del pasado martes 7 de agosto, el magistrado federal Miguel Ángel Aguilar López absolvió a Elba Esther Gordillo por falta de elementos. En un lustro, la PGR no mostró las pruebas suficientes para sentenciar a la ex lideresa sindical.
