Luego de que el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas ordenara la creación de una Comisión de la Verdad por el caso Iguala, las autoridades también ordenaron investigar y sancionar a los responsables de la supuesta destrucción de los videos del Palacio de Justicia de Iguala, grabados la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.
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"Deberá investigarse y sancionarse a todos y cada uno de los responsables de la destrucción de uno o más videos capturados por las cámaras del Palacio de Justicia", dice la sentencia.
Desde 2015 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estableció que se tuvo conocimiento de la existencia de al menos un video grabado por una de las cámaras del Palacio de Justicia y cuyas grabaciones fueron enviadas a la presidencia del Tribunal, pero ahí se supone fueron destruidos.
De acuerdo con la investigación de la PGR, la noche en que los estudiantes de Ayotzinapa fueron plagiados por Guerreros Unidos al menos funcionaban 4 de las 25 cámaras del mencionado Palacio de Justicia.
La noche del 2017 en el Centro de Comunicaciones Cómputo y Comando (C4) de Iguala, estaba a cargo de un funcionario municipal y un militar, quienes tenía acceso a las imágenes de esas cámaras. Particular preocupación genera la circunstancia destacada en el Informe de Investigación y Primeras Conclusiones del GIEI, sobre la existencia de un video capturado por las cámaras del Palacio de Justicia, el cual habría sido remitido al Tribunal de Justicia de Guerrero y finalmente destruido.
"Tal situación desde luego que resulta alarmante, tomando en cuenta que se trata de un caso de graves violaciones de derechos humanos, como lo es la desaparición forzada de personas, por lo que la evidencia fílmica existente, con independencia de su calidad o contenido, tenía que haberse resguardado y entregado oportunamente a la autoridad ministerial", señala el tribunal.
El Tribunal también ordenó investigar a funcionarios federales por la presunta retención ilegal de Miguel Ángel Landa Bahena, uno de los presuntos integrantes de Guerreros Unidos acusado de participar en la desaparición de los normalistas y detenido el 10 abril de 2015 en la delegación Gustavo A. Madero por elementos de la Policía Federal.
De acuerdo con el fallo judicial el detenido rindió una declaración ministerial, sin embargo, también participó en dos diligencias sobre la reconstrucción de la ruta de desaparición de los estudiantes.
Con información de Reforma
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