Vincent Ramos es el CEO de la empresa Phantom Secure, con sede en Canadá, dedicada a vender celulares encriptados y modificados para una mayor seguridad.
El canadiense tenía clientes conocidos en México, Cuba y Venezuela, sin embargo, el Buró Federal Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) asegura que el Cártel de Sinaloa era uno de sus mayores compradores.
Phantom Secure tomaba celulares Blackberry y los modificaba, les quitaba micrófono, cámara, navegación, Internet y los servicios de mensajería, además, les instalaban un sistema de correo encriptados.
Estos celulares seguros terminaban, de acuerdo con el FBI, en “líderes de alto nivel de nefastas organizaciones criminales transnacionales”.
Otra de las características de los celulares Phantom Secure es que, si un cliente era arrestado, se destruían los datos en su teléfono.
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El FBI sostiene que, debido a la funcionalidad limitada de los teléfonos y el hecho de que solo operan dentro de una red cerrada, todos los clientes de Phantom Secure están involucrados en actividades delictivas graves.
Entre los crímenes que se les han relacionado están el “tráfico de drogas, asesinatos, agresiones y lavado de dinero”, sostuvo el agente especial Nicholas Cheviron de la División de San Diego del FBI.
Con Phantom Secure, Ramos obtuvo millones de dólares proporcionando un servicio diseñado para que los delincuentes de cualquier parte del mundo logren realizar sus crímenes sin ser detectados.
Las ganancias alcanzan, según el FBI, los 80 millones de dólares en los últimos 10 años.
Las autoridades norteamericanas prevén que los usuarios de dichos teléfonos encriptados alcancen hasta las 20 mil personas.
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Sin embargo, el imperio de Vincent Ramos no duró mucho, el pasado 7 de marzo fue detenido en Bellingham, Washington. Además, hay cuatro de sus socios fugitivos.
Con la aprehensión de Ramos, precisó el FBI, fue desmantelada la red de Phantom Secure.
Las acciones contra esta red de comunicación se dio con la colaboración con la Policía Federal Australiana, la Real Policía Montada de Canadá y las agencias de aplicación de la ley en Panamá, Hong Kong y Tailandia, así como las autoridades estadunidenses.
Las acciones de las autoridades norteamericanas representaron la primera acción contra una empresa que ayuda a una organización criminal, en ese caso, brindándoles tecnología.
