El gobierno electo de la Ciudad de México ya prepara la estrategia legal en contra de la construcción de la Planta de Termovalorización “El Sarape”, donde el equipo de Claudia Sheinbaum alegará violaciones en proceso de contratación, autorización de recursos, así como omisiones para obtener estudios de impacto ambiental.
La Academia Mexicana del Derecho Ambiental (AMDA), asociación que interpuso un amparo en contra de la Línea 7 del Metrobús y que devino en suspensión definitiva, dará acompañamiento legal a la administración de la morenista para llevar el caso ante los tribunales federales e internacionales.
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La AMDA y la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental apoyarán al gobierno de la ciudad que encabece Sheinbaum Pardo para los procesos legales que anulen el proyecto de la incineradora, “mal llamada termovalorizadora”, argumentó Ramón Ojeda Mestre, presidente del Centro de Estudios Integrales de Innovación y el Territorio.
El también integrante de la AMDA señaló a La Silla Rota que tanto el gobierno de Miguel Ángel Mancera como la empresa Proactiva, filial de Veolia, compañía francesa beneficiada por la publicidad de la Línea 7 de Reforma, violaron el debido proceso legal.
“Se violaron las cuestiones de manifestación, estudio y consulta de impacto ambiental. Se mintió en las características del proyecto, no han entregado el proyecto ejecutivo completo. Con lo que se tiene se puede decir que hay delito de lesa humanidad, porque viola el derecho humano ambiental adecuado para la salud y bienestar, así dice el artículo 4 constitucional”.
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El abogado ambientalista indicó que el hecho de que el gobierno federal entregara, apenas el pasado lunes, los predios a la administración local para que inicie la construcción de la Planta -que se tiene contemplado dure tres años- también es una violación al proceso, ya que el gobierno firmó el contrato y la Asamblea Legislativa aprobó los recursos para la empresa antes de tener los terrenos y los impactos ambientales.
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Consideró que la entrega de predios es un “prome abogas”, es decir, que si apenas el gobierno federal los acaba de otorgar es porque se tomó una decisión prematura y equivocada antes de tener los terrenos.
“Es la prueba de la culpabilidad tanto de la Asamblea como del gobierno de la ciudad, que no teniendo las autorizaciones de los predios se ostentó como poseedor de los permisos de impacto ambiental y de uso de suelo para darle marcha al proyecto antiambiental más agresivo en el Valle de México. No tenían lo terrenos, por lo tanto no podían tener las autorizaciones de impacto ambiental. No podían tener la autorización para seguir adelante”.
En este contexto, la jefa de Gobierno electa de la CDMX, Claudia Sheinbaum declaró este martes que de haber penalización por la cancelación del contrato sería de 3 mil millones de pesos.
"El dinero no es del Gobierno ni es de las empresas, es de los ciudadanos, es recurso público. Y no se puede estar pagando una penalización de algo que está lleno de irregularidades”, dijo Sheinbaum.
Ojeda Mestre agregó que no será castigada la próxima administración, ya que se comprobará que el otorgamiento de la licitación fue ilegal.
Si el proyecto y contratos hubieran sido legales tendría penalización, pero los tratados internacionales y la Organización Mundial de Comercio señalan que cuando hay un delito de por medio, no hay ninguna posibilidad que cause multa alguna.
“Pero suponiendo que nos dijeran que el gobierno de la ciudad, por cualquier circunstancia, tenga que pagar millones no es nada comparado con la salud que estamos auspiciando con la cancelación de la incineradora. Existieron una serie de delitos dolosos que fueron acumulándose”.
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Reiteró que no se puede tener la planta a 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar y que requiere las 24 horas del día para operar en una zona sísmica, ni se puede tener un proceso de combustión de más de 800 grados.
¿CÓMO LOGRARÁN LA CANCELACIÓN DE LA PLANTA?
La AMDA buscará un instrumento internacional denominado Amicus Curiae para actuar como coadyuvante del aparato público, jurídico del gobierno de la CDMX y del Congreso local y eventualmente del cabildo de Texcoco, Nezahualcóyotl y San Salvador Atenco, municipios afectados directamente por la planta.
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“Hay muchas instancias jurídicas nacionales, locales e internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Justicia de la Haya que podremos acudir por la vía del gobierno federal. Están arriesgando demasiado en su afán de lucro con las empresas francesas y españolas con las que se coludió el gobierno de Mancera”.
El punto fundamental que se viola jurídicamente, detalló, es lo que se llama ‘el debido proceso legal’. “No lo cumplimentaron, lo falsificaron, lo violaron. Las consultas públicas fueron de mentiras.
Son fotografías que aparecen de otras consultas. Las especificaciones técnicas del proyecto no corresponden a la realidad. No podrán ocultar la información ya que es un tema grave de salud pública. Son causas que se reconocen a nivel de la Cruz Roja internacional”.
La Planta de Termovalorización "El Sarape" será construida en las 13 hectáreas donde operó el tiradero de basura del Bordo Poniente. El gobierno de Miguel Ángel Mancera otorgó una licitación de prestación de servicio integral a la empresa Proactiva Medio Ambiente SA de CV /Veolia para el diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de una Planta de Termovalorización que funcionará a 30 años.
De avanzar y concretarse el proyecto, el gobierno capitalino pagará por la contraprestación del servicio 2 mil 316 millones pesos sin IVA de manera anual, y que a 30 años suma 69 mil 480 millones de pesos. Con la operación de la Planta se generaría energía eléctrica que sería utilizada para mover las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
LA TEMORVALORIZADORA NO VA: SHEINBAUM
Desde la precampaña para la Jefatura de Gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum anunció que esta Planta de Termovalorización no se realizaría de ganar las elecciones. Esta promesa la mantuvo durante la contienda y ya como jefa de Gobierno electa lo volvió a reiterar.
"Ya lo dije, nosotros no vamos a continuar con ese proyecto y sigue insistiendo el gobierno en hacerlo, así que ya veremos jurídicamente cómo se suspende. Se los decimos al gobierno de la ciudad y a los desarrolladores que (la termovalizadora) tiene muchos problemas jurídicos y no estamos de acuerdo en que se endeude a la ciudad de esta manera, por ello esos proyectos no van a continuar”, indicó.
A lo que el aún jefe de Gobierno, José Ramón Amieva respondió que si no hay acuerdo con Claudia Sheinbaum y la próxima administración, no iniciarán la construcción de la Planta de Termovalorización.
ams