Tan solo un puñado de empresarios se ha valido de sus conexiones políticas para incrementar su dominio y ha obtenido subsidios gubernamentales para mejorar la producción, mientras que mantienen a sus jornaleros en condiciones indignas, inseguras y de explotación laboral.
El diario El País recorrió cinco estados donde encontró que los trabajadores que tienen contacto con plaguicidas no tienen ni la ropa adecuada para protegerse del daño de los químicos. Los empresarios contratan a los jornaleros a través de “enganchadores” a fin de evadir cualquier responsabilidad en caso de accidentes o inconformidades laborales.
Los empleados de la tercera edad no cuentan con una pensión porque nunca estuvieron inscritos al seguro social y eso los condena a una vejez en la miseria, el sueldo es tan que no les alcanza ni para adquirir una canasta básica y las mujeres sufren acoso sexual.
(Imagen tomada de Crónica de Sociales)
En Sonora, Baja California, Sinaloa, Jalisco y Chihuahua los grandes empresarios han acaparado los subsidios del principal programa de apoyo al campo, Proagro, antes conocido como Procampo. El subsidio gubernamental que surgió como un apoyo compensatorio para los pequeños productores ante la apertura mercantil del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1993, ha repartido a nivel nacional 58.702 millones de pesos en los últimos cinco años, pero no ha cumplido con el propósito de incrementar la productividad agrícola porque beneficia a quienes más tienen y deja fuera a los que realmente lo necesitan.
Estas condiciones laborales persisten en gran parte de los campos del país y las autoridades son tan laxas en la aplicación de la ley que las multas a las empresas son irrisorias. Entre 2006 y mediados de 2017, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) realizó 2.557 visitas de inspección a campos agrícolas en los 32 estados del país, donde encontró 55.807 irregularidades. La Secretaría impuso 58,3 millones de pesos en multas, pero las empresas sólo han pagado el 2,5% debido a que han recurrido a procedimientos legales para no liquidar las sanciones.
Una de las fallas más recurrentes en materia de seguridad e higiene es el manejo de plaguicidas y agroquímicos. Entre el 2013 y agosto de 2017 la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo realizó 333 operativos. Las autoridades encontraron 12.532 irregularidades entre las que destacan que a los jornaleros que manejan plaguicidas no se les practican exámenes médicos para monitorear su salud, no se les brinda equipo de protección personal y en algunos campos no hay ni siquiera agua y jabón para que se laven las manos.
(Imagen tomada de Canal Judicial)
Una investigación académica del centro de análisis Fundar reveló que tan sólo durante el sexenio anterior (2006-2012) las grandes empresas (un 20% del padrón) recibieron el 60% de los subsidios, mientras que el restante 40% se repartió entre los pequeños y medianos productores que conformaron el 80% del padrón de los beneficiados por Sagarpa durante ese periodo.
Un ejemplo emblemático de las anomalías y la disparidad con la que se reparten los recursos ocurrió en Sonora (norte de México), donde el exsecretario de Agricultura, Héctor Ortiz Ciscomani, benefició a sus empresas con unos 30 millones de pesos provenientes de diversos subsidios gubernamentales. El exservidor público fue consignado por el delito de ejercicio abusivo de funciones, informó en su momento la Fiscalía general (PGR).
Desde el 2016, tras los cambios en las reglas de operación, el programa es menos regresivo porque se logró acotar los apoyos a los grandes productores mediante topes, ha señalado Fundar. Sin embargo, aún falta incorporar en los padrones a los pequeños productores del centro y sur del país, los más desfavorecidos desde que se crearon estos subsidios.
(imagen tomada de El País)
Otros ejemplos de la desigualdad en el campo se hayan en la concentración del agua en pocas manos, como en Sonora; el 97,5% de las multas que ha impuesto la Secretaría del Trabajo y que aún están sin saldar es porque fueron revocadas.
México ocupa el tercer lugar en producción agropecuaria en América Latina y vende productos agroalimentarios a más de 150 países. Las ventas de estos alimentos en el extranjero alcanzaron en 2016 una cifra récord de casi 30 mil millones de dólares.
Activistas y diversos informes de organizaciones defensoras de los derechos humanos advierten que el gobierno mexicano ha fallado en garantizar condiciones dignas de empleo a los jornaleros agrícolas y los ha condenado a trabajar como “esclavos” con salarios tan bajos que apenas pueden subsistir.
Con información de El País.
mlmt