Justo cuando Brasil comenzaba a normalizarse tras la extensa huelga de camioneros que en días pasados paralizó al país -y a pesar de que aún hay focos de conflicto en algunas carreteras- los trabajadores petroleros comenzaron el miércoles un paro de actividades por 72 horas.
Las dos principales asociaciones sindicales, la Federacao Unica dos Petroleiros (FUP) y la Federacao Nacional dos Petroleiros (FNP), reclaman la reducción en los precios de los combustibles y la renuncia del actual Presidente de Petrobras, Pedro Parente.
La protesta se produce en abierto desafío a la justicia, que la noche del martes declaró ilegal la protesta y fijó una multa de 500 mil reales (unos 135 mil dólares) por día a los sindicatos, luego de una presentación de Petrobras y el Gobierno federal. Por la mañana, los referentes sindicales dijeron no haber recibido la respectiva notificación judicial.
De acuerdo a la FUP, organización ligada políticamente al Partido de los Trabajadores (PT) del expresidente Lula da Silva, el paro afecta a las refinerías de Sao Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas y Pernambuco.
Por medio de un comunicado, Petrobras, la mayor petrolera del país, aseguró que en algunas unidades operacionales no hubo cambio de trabajadores de turno, pero que estaban actuando equipos de contingencia por lo que no hay impacto en la producción.
La huelga petrolera, que inicia cuando Brasil comienza a salir de la parálisis que provocó el conflicto con los camioneros, deja abierta la interrogante sobre si es el comienzo de un escenario de protestas e inestabilidad en el mayor país de Sudamérica.
"El gobierno enfrenta un momento de mucha fragilidad. Demostró que está débil ante cualquier grupo de presión que se organice y presente sus reivindicaciones. El conflicto de camioneros es un estímulo para que otros grupos de descontentos -como los petroleros- aprovechen el momento. Creo que las protestas se van a multiplicar", dijo Mauricio Santoro, politólogo y profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ).
El respaldo de la población a los camioneros es paradójico. Según una encuesta de Datafolha, el 87 por ciento de los brasileños apoyan la protesta.
Sin embargo, en igual cantidad no están dispuestos a pagar con impuestos o recortes presupuestarios el costo de las rebajas en el precio del combustible que el gobierno debió ceder para alcanzar un acuerdo.
Para Santoro, sobrevuela el fantasma de las protestas que sacudieron Brasil en junio de 2013, cuando Dilma Rousseff era presidenta, y éstas comenzaron como un rechazo a los aumentos en el transporte público y los gastos por la Copa del Mundo de 2014.
"Vivimos un clima de inestabilidad como consecuencia de esas mismas demandas que no fueron atendidas y que el Gobierno no tuvo cómo responder. Puede imaginarse que comience una ola de protestas, hay muchas personas que quieren castigar al gobierno", consideró Santoro.
El panorama para el sucesor del presidente Michel Temer, que surgirá de las elecciones de octubre, podría presentarse más complejo de lo que se cree.
"Sea quien sea, enfrentará una situación muy compleja. Los beneficios fiscales que el Gobierno está entregando ahora agrandan los problemas de las cuentas públicas y la necesidad de hacer recortes", concluyó el experto.
AJ