Este martes, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó y envió a la Mesa Directiva un proyecto de la ley que el Congreso deberá expedir antes del 30 de abril por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin embargo, es un documento que algunos partidos de oposición y la sociedad civil rechazan por los términos en los que se está planteando.
Ignoran propuestas de sociedad civil en dictamen de Ley de Publicidad Oficial
Debido a que las propuestas que expertos y activistas presentaron hace unas semanas para descentralizar el control que actualmente mantiene la Secretaría de Gobernación (Segob) en torno a la publicidad oficial, eliminar la publicidad personalizada y hacer de los medios de comunicación sujetos obligados a transparentar los pagos por pautas publicitarias, éstas no fueron incluidas en la llamada Ley de Comunicación Social que regulará la propaganda gubernamental.
Entre acusaciones por parte del PRD sobre un presunto “albazo legislativo” y el reclamo de las ONG sobre la falsa inclusión de la sociedad civil a través de audiencias públicas “simuladas”, la Comisión que dirige la diputada Mercedes del Carmen Guillén (PRI) avaló el proyecto, aunque aún no hay fecha para que se ponga a consideración y votación del Pleno, ya que también se acordó remitir el dictamen a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que haga consultas con la sociedad civil y en su caso se presente un adendum.
Segob mantiene control de pautas publicitarias
Aunque organizaciones como Artículo 19, Fundar y México Evalúa -integrantes del colectivo “Medios Libres”- pugnaron por descentralizar el poder que actualmente concentra la Segob en la asignación de pautas oficiales, en los términos del proyecto avalado no se le resta control a la dependencia.
Por el contrario, en el artículo 17 del proyecto se advierte que “la Secretaría de Gobernación administrará el uso de los Tiempos de Estado y de los Tiempos Fiscales, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como por el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, salvo en el caso de los Tiempos Oficiales que en distintos momentos corresponda administrar al Instituto Nacional Electoral, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la legislación de la materia”.
Adicionalmente se especifica en el artículo 37 que la Segob “llevará a cabo la organización del padrón, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto expida”.
En este apartado se ignoró la propuesta de las ONG para que fueran organismos autónomos, como el IFETEL, los que estén a cargo de la asignación de propaganda gubernamental.
Medios de comunicación no son sujetos obligados para transparentar recursos
Otro tema por el que se habían pronunciado representantes de “Artículo 19” durante las audiencias públicas que se celebraron en la Colegisladora, es decir en el Senado, era sobre hacer de los medios de comunicación sujetos obligados a que transparenten los recursos públicos que les son canalizados para fines propagandísticos.
No obstante, en el texto avalado en la Comisión de San Lázaro no se incluyó como sujetos obligados a las personas físicas y morales que reciben recursos públicos asociados a la publicidad oficial.
De acuerdo con el artículo 3 del dictamen, únicamente “son sujetos obligados al cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, los poderes públicos, los órganos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dota de autonomía, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente público de los tres órdenes de gobierno”.
Adicionalmente se establece en el artículo 40 que “los entes públicos deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos sitios de internet, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información sobre los montos destinados a gastos relativos a Campañas de Comunicación Social desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña, de conformidad con la legislación aplicable”. Sobre privados no se hace referencia.
Dejan abierta la publicidad “personalizada”
Integrantes del colectivo “Medios Libres” también habían pugnado por la desaparición de publicidad oficial que no es estrictamente de carácter informativo. Es decir, se pronunciaron en contra de cualquier contenido que enaltezca logros de gobierno, por considerar que tiene un efecto de “promoción personalizada”, como es el caso de los informes de gobierno de todos los niveles, incluidos los del presidente de la República.
Sin embargo, el documento aprobado por diputados de la Comisión de Gobernación mantiene vigente la difusión de esta información, considerándola como publicidad oficial.
Aunque en el artículo 9, apartado primero, se señala que “no se podrán difundir Campañas de Comunicación Social, cuyos contenidos tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público”, en el artículo 14 se especifica que “el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos no serán considerados como Comunicación Social, siempre que la difusión se limite a una vez al año con cobertura geográfica regional correspondiente al ámbito de responsabilidad del servidor público, y no exceda de los 7 días anteriores y 5 posteriores a la fecha en que se rinda el informe”.
jamp